La jueza Laura Taylor Swain ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentar una Declaración de Hechos Materiales sin Controversia (SUMF, en inglés) en la que demuestre por qué cancelar el convenio colectivo de los empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) es indispensable para la viabilidad del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En o antes del próximo 13 mayo, el organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico debe presentar el escrito requerido por la jueza y en paralelo, reunirse con la representación legal del sindicato antes de que ella decida la materia en controversia.

“Este tribunal continúa urgiendo a las partes a trabajar seriamente y de buena fe para negociar una solución consensuada a sus disputas en conjunto con el Equipo de Mediación”, indicó Swain en un fallo emitido este lunes.

En cierto modo, el fallo de Swain supone un revés para la JSF, pues la jueza determinó que, en lugar de aplicar el estándar judicial que permitió cancelar o modificar los acuerdos de compra de energía por parte de la AEE, el tribunal de Título III aplicará un criterio “ligeramente más estricto” en el caso de la Utier.

“Este tribunal está confiado en que (el precedente en) Bildisco, de manera sólida, centró la política nacional de relaciones laborales como una preocupación que merece un estándar más elevado para el rechazo de convenios colectivos”, escribió Swain al plantear que se propone aplicar dicha vara en el caso de la Utier aunque la Ley de Relaciones Laborales federal no aplica a ese sindicato.

El caso Bildisco versa de un distribuidor de materiales de construcción que, para la década de 1980, antes y después de acogerse a la bancarrota, rechazó cumplir con las obligaciones contraídas con sus trabajadores mediante un convenio colectivo. En la controversia, que se ventiló en el Tercer Circuito de Apelaciones, se resolvió que un deudor en un proceso de bancarrota podrá rechazar un convenio colectivo solo cuando demuestre que ese acuerdo laboral pesa irrazonablemente sobre su patrimonio. Sobre todo, para rechazar un convenio colectivo lel deudor tendrá que demostrar que, a la hora de analizar el acuerdo, el balance de intereses se incline hacia la cancelación del convenio colectivo como lo más adecuado en el proceso de quiebra.

Según el fallo de Swain, el precedente creado en Bildisco se ha aplicado también en otras bancarrotas municipales como aquellas de San Bernardino y Stockton, ambos condados en California.

El PDA-AEE contempla cancelar el convenio colectivo que la Utier y otros sindicatos mantienen con la AEE. Según el expediente del proceso de quiebra de la corporación pública, la JSF ha alegado, grosso modo, que echar los términos del pacto laboral a un lado, incluyendo disposiciones aplicables al plan de retiro, ahorraría sobre $400 millones.

El acuerdo laboral es solo una de miles de reclamaciones, valoradas en conjunto en cerca de $12,000 millones, que serían modificadas si la jueza Swain aprueba el plan que ha propuesto la JSF. El PDA-AEE busca recortar aproximadamente el 75% de las acreencias de la AEE y pagar la diferencia a través de diversos mecanismos, pero principalmente, a través de un cargo legado en la factura eléctrica para pagar a los bonistas.

Sin embargo, de los múltiples documentos judiciales radicados por la JSF no surge con claridad cómo rechazar el convenio colectivo ayudaría a colocar a la AEE sobre sus pies financieramente hablando.

En su decisión, Swain solicitó a la JSF que demuestre que hizo esfuerzos razonables para llegar a una modificación voluntaria del convenio colectivo con la Utier y que las negociaciones entre las partes no terminaron de manera satisfactoria; que el convenio colectivo es tan oneroso que impediría la reorganización financiera de la AEE a través del plan de ajuste propuesto y que el balance de intereses se inclina hacia la cancelación del pacto laboral.

La Utier tendría hasta el próximo 30 de mayo para responder el escrito de la JSF y luego, Swain decidiría la controversia.