Pese a que es contrario a la conclusión del estudio PR-100 de que Puerto Rico puede producir toda su energía de fuentes renovables, el gobernador Pedro Pierluisi favoreció este jueves que una cantidad mayor de plantas de generación operen con gas natural, como la empresa Genera PR propuso, alegando que se traduciría en una baja tarifaria.

“Nosotros estamos a cargo de nuestros sistemas de energía. El Departamento de Energía de Estados Unidos nos ofrece apoyo técnico, asistencia técnica. Nos ofreció el estudio PR-100 y yo, personalmente, dije que vamos a cogerlo. Vamos a utilizar la información que proviene de ese estudio, en aras de cumplir con nuestras metas en el campo energético”, dijo Pierluisi.

“Pero, otra vez, aquí hay que tener flexibilidad en este análisis. Es el Negociado (de Energía de Puerto Rico, NEPR) el que tiene la última palabra en cuanto a cambios de fuente de energía, cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos (PIR). Nosotros no vamos a parar de propiciar, fomentar, la energía solar, pero sí recabo que no es solo atender la transformación que está en curso; también tenemos que velar que el sistema sea estable y que el costo de la electricidad, en Puerto Rico, sea el más bajo posible”, agregó.

Según el primer ejecutivo, si se les pregunta a las personas, quieren un sistema eléctrico estable, a bajo costo y, “después, viene la transformación”.

Hace poco más de una semana, New Fortress Energy (NFE) habló –frente a sus inversionistas– de su intención de triplicar el uso del gas natural en Puerto Rico, al comunicarles los resultados de la empresa durante el primer trimestre de 2024. El principal oficial ejecutivo de NFE, Wesley Edens, y su homólogo en Genera PR, Brannen McElmurray, hablaron de lo que consideran son los avances de la multinacional en la isla, lo que incluye la venta al gobierno de 14 generadores de emergencia instalados el año pasado y la obtención de un nuevo contrato de suplido del gas natural que utilizan esos equipos.

Confrontado con esas expresiones y sus repercusiones en las metas estatutarias de energía renovable, Pierluisi recalcó que le corresponde al NEPR velar por el cumplimiento del PIR, que traza el desarrollo ordenado del sistema eléctrico. “Ese plan, por cierto, está en vías de ser revisado. En algún momento, debe ser revisado”, destacó.

Agregó que, como parte de su deber, también le corresponde al NEPR atender “cualquier compra, inversión, nuevas facilidades de generación de energía en Puerto Rico, particularmente, en el área pública”.

“Obviamente, lo que queremos, en Puerto Rico, no solo es cumplir con la Ley de Política Pública Energética, es tener un sistema estable, que el costo de la energía sea el menor posible y transformar el sistema. También, en la medida posible, estamos tomando pasos asertivos para utilizar, cada vez más, la energía solar y eso es totalmente consistente con la Ley de Política Pública Energética y el Plan Integrado de Recursos, pero, a la misma vez, debemos tomar medidas para bajar el costo, siempre que podamos tomarlas y, también, para propiciar un mejor ambiente”, expresó el mandatario.

“Todos sabemos que el gas natural es menos contaminante que el petróleo, así que, cuando se hacen esas conversiones de unidades a gas natural, yo lo veo con buenos ojos, porque mejora el ambiente. Por un lado, es más fácil el cumplimiento con los requerimientos de la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental) y, por otro lado, baja el costo, o sea, que por todos lados que uno lo mira, es positivo”, recalcó.

Las expresiones de Pierluisi se produjeron, en un aparte con la prensa, luego de que anunciara que $400 millones –de los cerca de $8,300 millones que el gobierno federal concedió en fondos de mitigación (CDBG-MIT)– se utilizarán para promover el fortalecimiento de centros de salud privados y del gobierno.

Acompañado de los secretarios de Salud y de la Vivienda, Carlos Mellado y William Rodríguez, respectivamente, el gobernador informó que se escogieron 38 proyectos, de 248 propuestas, para recibir los fondos. Están enfocados en mejoras o trabajos en instalaciones médicas que provean continuidad a los servicios antes, durante o después de una emergencia o un desastre.

La adjudicación máxima por instalación de salud es de $10 millones, se informó. Entre las entidades seleccionadas, están Salud, el centro de diagnóstico y tratamiento de Juncos, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y el Centro Comprensivo de Cáncer.

El gobierno federal concedió hasta mayo de 2033 para el uso del dinero.