Luego de que el gobernador Pedro Pierluisi saliera a defender su asistencia a una pelea de gallos en Isla Verde el pasado fin de semana, la organización defensora de los derechos de los animales Personas por el Trato Ético de los Animales, más conocida como PETA, por sus siglas en inglés, repudió la conducta del primer ejecutivo, tildándola de “inexcusable”.

“El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, defiende su asistencia a una pelea de gallos el fin de semana pasado. Las peleas de gallos son ilegales y crueles, con gallos luchando por sus vidas para el entretenimiento de humanos”, lee el mensaje de PETA que fue publicado en sus redes sociales que, en pocos minutos, obtuvo cientos de reacciones y desató debates.

Ante la denuncia de PETA, muchas personas se sumaron a la expresión de repudio en Instagram dejando comentarios contra el mandatario y cuestionando que continúe la celebración de ese tipo de actividades.

“Soy puertorriqueña, vivo en Puerto Rico y repudio esa horrible tradición”, escribió una de las internautas. “De nada nos sirve la ley federal si el gobernador local es quien permite que existan galleras”, comentó otro usuario.

PETA, fundada en 1980 en Estados Unidos y actualmente considerada la mayor organización internacional por los derechos de los animales en el mundo, mantiene una postura de total repudio al maltrato animal, bajo su lema de que ”los animales no son nuestros para experimentar, comer, vestir, usar para el entretenimiento ni abusar de ellos en ninguna forma”.

Sobre las peleas de gallos, particularmente, la organización ha señalado en su portal oficial que se trata de “un deporte sangriento en el que los gallos son obligados a pelear a muerte para la “diversión” de los espectadores” y denunciado las condiciones críticas bajo las que funcionan las galleras.

La Ley de Mejora de la Agricultura de 2018, sancionada por el Congreso y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohíbe las peleas de gallos en los estados y territorios del país, incluyendo a Puerto Rico.

No obstante, al ser cuestionado sobre su actuación en aparente violación a la ley federal, el gobernador se aferró a la Ley de Gallos de Puerto Rico del Nuevo Milenio (Ley 179 de 2019) para argumentar que, a su entender, las peleas de gallos pueden seguir celebrándose localmente mientras no haya una impugnación en los tribunales.

“La realidad es que la Ley 179 del 2019 y el reglamento aprobado bajo la misma permiten que la industria gallística opere en Puerto Rico, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos establecidos en esa ley y en ese reglamento”, afirmó el lunes el mandatario ante la controversia.