El Departamento de Justicia presentó cargos el martes, en una vista en alzada, contra seis oficiales de la Policía por la muerte de Javier Antonio Cordero Nevárez, un joven de 16 años que fue baleado en agosto de 2022 durante una intervención tras, presuntamente, hurtar un vehículo.

Fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) solicitaron la vista en alzada luego de que el 17 de abril la jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontrara causa para el arresto por los cargos presentados.

En esta ocasión, la vista se lleva a cabo ante el juez superior Rafael Taboas Dávila, en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, debido a que todavía el Centro Judicial de San Juan continúa cerrado tras un incendio reportado en horas de la noche del 17 de abril, en un área del sótano.

“Tenemos 12 declaraciones juradas que vamos a presentar. La prueba del Ministerio Público es mixta. Tenemos prueba documental, prueba testifical y también tenemos prueba ilustrativa”, dijo la fiscal Yolanda Morales Ramos en la primera parte de la vista en la sala 201.

Asimismo, Morales Ramos informó que el Ministerio Público tiene 17 documentos adicionales que estarán presentando. Todos los documentos, con excepción de las declaraciones juradas, fueron mostrados a los abogados de los agentes, mencionó Morales Ramos.

Entre los documentos y evidencia a presentarse como parte del caso sobresalen 23 fotografías de armas de fuego de los agentes; el informe de hallazgos de la escena del crimen, incluyendo sus anejos y croquis; 11 fotografías de escena; 16 fotografías sobre el proceso de desarme de los agentes; y hasta el informe con el análisis y reconstrucción de escena.

Además, se incluyeron cuatro fotografías de los proyectiles recuperados en la guagua Hyundai Tucson, donde viajaba la víctima; 20 fotografías relacionadas con el proceso de determinación de trayectoria de la guagua; el informe médico forense, que incluye fotografías y siluetas relacionadas con las heridas de la víctima; y certificaciones de armas de los agentes, entre otros.

“Nosotros no vamos a entrar en este momento en el contenido de la prueba. Ustedes van a tener la oportunidad de examinar. Si les puedo decir que vamos a presentar prueba testimonial relacionada con los informes periciales que en aquel momento lo presentamos como prueba documental”, dijo Morales Ramos, al ser abordada por la prensa.

Mientras, Sheila Nevárez Chiclana, madre de Cordero Nevárez, se mostró confiada en que se hará justicia para su hijo. “Esperando justicia”, dijo.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, había indicado, tras la determinación de no causa, que “la Fiscalía cumplió con su labor y, por no estar de acuerdo con la determinación del tribunal, solicitó una vista en alzada para presentar los cargos nuevamente el 30 de abril. Nuestra solidaridad con la madre del joven Javier Cordero Nevárez y sus familiares. Esperamos hacerle justicia”.

Agregó que “este es un caso lamentable y complejo, donde murió un adolescente que no estaba armado en una escena en la que se ocuparon sobre 60 casquillos de bala, y fue investigado con gran rigor y responsabilidad por agentes del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales) y fiscales de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia”.

“Tras examinar minuciosamente la totalidad de la prueba de lo que ocurrió la noche de los hechos, el equipo investigador concluyó que no se justificaba el uso de armas en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa”, abundó.

Tras una extensa pesquisa del NIE, la fiscal Yolanda Morales Ramos formuló cargos contra los agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

En la vista pasada, contra Ruiz Cisneros radicaron tres cargos, por asesinato en primer grado, por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaron tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras, Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Justicia no presentó cargos contra un sargento que sí estuvo presente en la escena, según había informado el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, al día siguiente de los hechos.

Con relación a otra oficial en particular que tampoco enfrentó cargos, la fiscal dijo que el hecho de que no haya sido imputada no significa necesariamente que sea porque esté cooperando, sino porque “la prueba no establece que pueda ser imputada de delito”. Sin embargo, la fiscal reconoció que figura en una lista de testigos de cargo que, según este medio supo, es extensa.

Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2022. Según el comisionado de la Policía, la secuencia de eventos comenzó en horas de la madrugada de ese día, cuando un ciudadano reportó que su auto Hyundai Tucson había sido robado en la urbanización Villa Fontana, lo que fue captado en vídeo y divulgado por la Uniformada.

El querellante proveyó información de la localización del vehículo a través de un GPS, por lo que no se registró la notificación del hurto en el sistema de la Policía. La División de Vehículos Hurtados comenzó a darle seguimiento y solicitó asistencia de oficiales de otros cuarteles.

“Por el GPS, se sabe que el vehículo está en Vista Hermosa, luego pasa al residencial Luis Lloréns Torres y regresa a Vista Hermosa, y es intervenido en la calle 40 de la urbanización La Rivera”, explicó López Figueroa a El Nuevo Día en agosto de 2022. “Tan pronto se le da el alto, los policías se bajan (de las patrullas) y este (el conductor) alegadamente dirige el vehículo y alegadamente intenta atropellar a los agentes, y ahí es que comienzan los disparos”, agregó el funcionario, basándose en las versiones que recibió de la escena.

Los oficiales realizaron más de 60 disparos y el menor, quien no estaba armado, recibió al menos 15 impactos de bala, según una demanda federal radicada por la madre de Cordero Nevárez.

De inmediato, el NIE asumió jurisdicción de la pesquisa y ocupó las armas de siete de los agentes que dispararon en el incidente.