Un grupo de pescadores de Río Grande acudió este martes al Senado para denunciar lo que entienden es un intento de deshaucio de la villa pesquera desde donde, hace más de 50 años, salen a pescar. La villa es aledaña al Río Espíritu Santo y está al centro de lujosos desarrollos como el St. Regis Bahía Beach Resort.

Específicamente, los pescadores denunciaron que el alcalde, Ángel “Bori” González, cambió las reglas del juego para exigirles -mediante una ordenanza– que paguen alquiler por utilizar el terreno. Al cierre de esta edición, el alcalde no respondió una solicitud de entrevista de El Nuevo Día.

Los pescadores acudieron a una vista de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, que preside el senador José Vargas Vidot, para censurar los planes municipales que se alega sería un desplazamiento de su lugar de trabajo.

“A nosotros nos bordean las propiedades más caras que existen en Río Grande, que son Bahía Beach. Al otro lado, tenemos complejos residenciales carísimos y nosotros estamos en el medio”, dijo Félix Falero, portavoz de la Asociación de Pescadores Comerciales de Río Grande.

Según explicaron durante la vista pública senatorial, bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló, la Autoridad de Tierras cedió casi tres cuerdas de terreno en el Barrio Herrera, aledañas al Río Espíritu Santo, para las operaciones de la Villa Pesquera. El municipio aprobó entonces una ordenanza municipal para concretar el traspaso.

Santiago Hernández Pizarro, presidente de la asociación, relató durante la vista pública que dicho acuerdo se fue al piso en junio del año pasado cuando un funcionario del municipio les anunció que se había aprobado otra ordenanza y un reglamento indicando que ahora, deberían pagar arrendamiento por las tierras que en el pasado les fueron cedidas.

“Se apareció con una ordenanza y un reglamento diciendo que debíamos solicitar, en competencia con cualquier otra persona que también desee hacerlo, el alquiler de la villa pesquera que nosotros mismos construimos en la tierra que nos cedió para ello, el pueblo de Puerto Rico”, dijo Hernández Pizarro en su ponencia.

En entrevista con El Nuevo Día, Hernández Pizarro insistió en que “el terreno es nuestro. Está transferido al municipio para que lo transfiriera a nosotros y lo que faltaba era la escritura. El alcalde no se ha reunido con nosotros desde que se entregó la ordenanza municipal”.

El senador independiente Vargas Vidot aseguró, por su parte, que conoce del lugar porque es vecino del área. Agregó que invitó a todas las partes concernidas, pero no acudieron.

Sí acudió César Méndez, exalcalde de Río Grande, quien aseguró que el municipio sí tomó medidas para garantizar que las tierras pasaran a manos de los pescadores de manera más concreta. Agregó que los pescadores deben acudir al tribunal para hacer valer las determinaciones anteriores del municipio.

Agregó que, al aprobar la nueva ordenanza municipal, los dirigentes del ayuntamiento “ocultaron información de la política pública, la historia y la legislación previa aprobada en ese cuerpo, cuya última pieza aprobada fue en 1996, que fue redactada por mi padre que era el presidente de la Legislatura Municipal, y sigue vivo y puede certificar que en todo momento … Puerto Mosquito, como se reconoce originalmente ese lugar, ha sido reconocido como de los pescadores”.

La comisión investiga además las condiciones en que se encuentra el Río Espíritu Santo.

En una ponencia escrita, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó datos del monitoreo realizado. Entre octubre de 2019 y septiembre de 2021, el informe refleja que “se desprende que el Río Espíritu Santo excedió el estándar de calidad de agua para los parámetros de Cromio IV y Enterococos. Por otro lado, para el ciclo 2024 (1 de octubre 2021 a 30 de septiembre 2023) la evaluación de la data presenta que se excedió el estándar de calidad de agua para Amoníaco y Enterococos”.

Compareció además el Proyecto RESURGE, adscrito al Laboratorio de Climatología del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Advirtieron que la falta de información sobre las condiciones del río pueden desembocar en una “emergencia ambiental”. “Tanto la comunidad como el municipio no podrán responder de manera ágil y rápida sin la información adecuada del comportamiento del ecosistema”, lee la ponencia de RESURGE.