Caguas - En la continuación de la vista de causa para arresto en alzada contra seis agentes del Negociado de la Policía por la muerte del adolescente Javier Cordero Nevárez, de 16 años, la Fiscalía de San Juan sentó las bases para establecer que los oficiales dispararon sus armas de reglamento durante la intervención.

El asesinato se reportó la noche del 1 de agosto de 2022, en la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo, tras iniciar una persecución por una guagua marca Hyundai Tucson del 2016 reportada como hurtada en la urbanización Villa Fontana en Carolina.

Para probar que las armas de los agentes fueron disparadas, la Fiscalía llamó a declarar a su tercera testigo, identificada como Angélica M. Resto Rivera, examinadora de armas de fuegos en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), función que realiza desde hace 12 años.

Durante la vista celebrada en la sala 201 del Tribunal de Caguas, ante el juez superior Rafael Taboas Dávila, la testigo detalló, a preguntas de la fiscal Melitza Osorio Santiago, a qué arma pertenecía cada casquillo, bala y sus derivados ocupados en la escena.

Resto Rivera indicó que se analizaron 62 casquillos de bala expulsados por ocho pistolas P320 (calibre nueve milímetros) del fabricante alemán SIG Sauer; abastecedores con capacidad para 15 y/o 17 municiones; y balas y proyectiles y sus derivados. Todas las pistolas, según la testigo, “son capaces de disparar”.

El menor recibió 15 heridas de bala, según la evidencia.

“Los proyectiles marcados fueron disparados por la pieza (de evidencia)”, dijo Resto Rivera, al inferir que los distintos proyectiles analizados fueron disparados por las armas de fuego que analizó el ICF como parte de la investigación.

En medio del contrainterrogatorio, el licenciado Jorge Gordon Menéndez, representante de Roseanne Ruiz Cisneros, llevó a la testigo a indicar que las armas no estaban alteradas y estaban acorde al funcionamiento del fabricante, al igual que los abastecedores y las balas examinadas.

Posterior a este testimonio, le tocó el turno al cuarto testigo, Jesús Ayala Rosario, quien asistió a la escena como supervisor de los investigadores forenses. Este explicó que, el día de los hechos, recibió una llamada a las 8:09 p.m., solicitando el servicio y llegaron a la escena a las 8:43 p.m.

Indicó que, en total, cuatro investigadores forenses, incluyéndolo, se movilizaron para trabajar la escena. Explicó que, una vez en el lugar, procedieron a examinar la escena y la acordonaron. “Cuando nosotros llegamos, acordonamos el lugar (con el cual se iba a trabajar)“, dijo.

“Era una escena exterior, en zona urbana residencial, había tres vehículos de la Policía y un vehículo Hyundai sobre una acera, terminaba justo en la entrada de la residencia”, explicó Ayala Rosario, quien explicó el proceso que se siguió para ocupar la evidencia.

A preguntas de la fiscal Sonia Martínez Ortiz, el testigo -que firmó el informe de hallazgos de la escena- dijo que, posterior a los hechos, se le hizo un análisis a la patrulla estatal, un vehículo Charger de Dodge, que presentaba, entre otras cosas, una perforación en un retrovisor.

Ayala Rosario estuvo a cargo de la reconstrucción de la escena, la cual se realizó el 9 de diciembre de 2023. En ese ámbito, explicó, basándose en los informes forenses preparados, cómo se llevó a cabo la reconstrucción y quiénes fueron los peritos que formaron parte del procedimiento.

En base al testimonio de Ayala Rosario, la Fiscalía presentó imágenes y vídeos de la reconstrucción de la escena, la cual se realizó con el sistema FARO, una herramienta que utiliza el ICF para analizar escenas bajo un formato de tres dimensiones (3D) y de 360 grados.

Tras una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la Fiscalía formuló, el 17 de abril, cargos contra los agentes Ruiz Cisneros, Giovanny Santiago Avilés, Félix Ahmed de Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

Sin embargo, se determinó no causa en cada uno de los cargos imputados, por lo que las fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) solicitaron la vista en alzada para intentar probar que sí se incurrió en un delito.

En la vista de determinación de causa para arresto pasada, contra Ruiz Cisneros radicaron tres cargos: asesinato en primer grado, disparar en una vía pública y apuntar y disparar un arma de fuego.

Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaron tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras, Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

En esta ocasión, la vista se lleva a cabo ante Taboas Dávila, en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, debido a que todavía el Centro Judicial de San Juan continúa cerrado tras un incendio reportado el 17 de abril del año en curso, en un área del sótano.

Taboas Dávila indicó que la vista culminará el 22 de mayo con una última sesión pautada para las 10:00 a.m.

El segundo día de la vista de determinación de causa para arresto en alzada arrancó con un argumento por parte del Ministerio Público sobre la demanda civil que presentó, en el foro federal, la madre de la víctima, Sheila Nevárez Chiclana, contra los agentes involucrados en el crimen.

En ese contexto, la fiscal Yolanda Morales Ramos indicó que el Ministerio Público someterá ante el tribunal estatal copia de la demanda para que el juez tenga la oportunidad de examinar las alegaciones contenidas en el recurso legal, que incluyen indiferencia deliberada y negligencia.

La copia de la demanda se presentó en repuesta a planteamientos realizados en sala por Gordon Menéndez durante el primer día de vista, cuando cuestionó a Nevárez Chiclana, primera testigo del Ministerio Público, sobre la demanda incoada en el foro federal.

Los planteamientos del abogado parecían ir dirigidos a establecer ante el tribunal que es irracional que el gobierno haya representado a los seis agentes en la demanda civil y luego haya presentado cargos en su contra.

“El gobierno de Puerto Rico le proveyó representación legal a cada una de las personas que están siendo imputadas de delito”, dijo Gordon Menéndez, quien pidió al juez que tome conocimiento sobre la demanda radicada 29 de julio de 2023 contra los imputados y el gobierno.

Cuestionada sobre este tema, la licenciada Maritza Torres Román, quien junto a Gordon Menéndez representan a Ruiz Cisneros, dijo que “es correcto. De hecho, Justicia radicó una moción de desestimación donde explicó porqué no hubo uso de fuerza indebido”.

El Departamento de Justicia ofreció representación a los agentes, según un beneficio que provee la Ley 9-1977 a los funcionarios del gobierno. Pero, el 19 de abril, la jueza federal Camile Vélez Rivé paralizó la demanda ante una petición que hizo Justicia mientras decidía si le retiraba los abogados a los agentes después de iniciar el proceso de radicación de cargos.

“No es pertinente que se le haya dado representación legal porque eso es un derecho conforme a la ley”, dijo Morales Ramos. “Nosotros queremos que el juez examine realmente lo que dice la demanda y no las alegaciones de la defensa”, puntualizó la fiscal a El Nuevo Día.