El procesamiento de casos enfrentaría atrasos significativos ante un éxodo de fiscales y de personal del Ministerio Público si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no da paso a un aumento salarial aprobado hace meses por el gobierno de Puerto Rico.

Así lo alertaron representantes de la Asociación de Fiscales y un grupo que también integra a procuradores de familias y menores, así como a registradores de la propiedad del Departamento de Justicia.

“Las consecuencias en la ciudadanía es que cada vez hay más vacantes en el Departamento de Justicia con relación a los puestos de fiscales. Cada vez fiscales con mayor experiencia se están marchando del Departamento a la práctica privada”, indicó Javier Rivera, presidente de la Asociación de Fiscales, a El Nuevo Día.

Asimismo, aseguró que el aumento “evitaría que renuncien más, porque la calle tiene un salario más atractivo para ellos y, cuando estás con 12 o 15 años con el mismo salario, nadie te puede criticar que te muevas a otro trabajo, como lo que sería a (abogado de) la defensa”.

“Aunque el Departamento se beneficia de los nuevos talentos de los nuevos fiscales, siempre es importante mantener los fiscales con más experiencia para ver los casos complejos, como los asesinatos y de delitos sexuales”, agregó. “Es importante que permanezcan en la agencia”.

Al momento, Rivera desconocía el número actual de vacantes, pero señaló que hace dos meses fue informado de que había por lo menos 50 vacantes de fiscales.

El aumento al salario del personal del Ministerio Público fue convertido en la Ley 134 con la firma del gobernador Pedro Pierluisi en diciembre de 2023, pero permanece a la espera de que reciba la autorización de la JSF para que entre en vigor. La jefa de fiscales de Justicia, Jessika Correa, advirtió que los fondos expirarán el próximo mes si no se les da paso para usarse.

“El Departamento identificó los fondos y se solicitó una redistribución de fondos para que finalmente la ley y el mandato de ley del gobernador se pueda ejecutar”, dijo Correa durante una conferencia de prensa el viernes pasado. Cuando este medio le preguntó si el aumento estaba detenido por la JSF, Correa contestó: “Exactamente, sí”.

Correa también comentó que han enviado solicitudes a la JSF para explicar la función de los fiscales y por qué se debe dar paso al aumento, utilizando $5 millones identificados dentro de la misma agencia.

Sin embargo, advirtió que “si al 30 de junio la Junta Fiscal no toma la determinación de aprobar esa ley, se van a perder (los fondos) y van a volver al Fondo General”, por lo que pidió que los miembros del ente fiscal “tomen acción y aprueben la ley”.

Correa, Rivera y un grupo de profesionales del Ministerio Público que se comunicó con El Nuevo Día han asegurado que han hecho intentos para sostener reuniones con la JSF, pero que no han recibido respuesta alguna.

Empero, a solicitud de El Nuevo Día, la JSF aseguró que pronto emitirá declaraciones sobre el particular.

“La Junta de Supervisión está revisando la ley y próximamente se estará expresando al respecto”, respondió la secretaria de prensa del ente, Sylvette Santiago, en una breve declaración escrita.

El grupo, que representa a 250 profesionales y fue autorizado por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para “trabajar con el plan de justicia salarial”, advirtió sobre un posible “colapso” en el sistema de justicia criminal ante la posibilidad de un éxodo en la agencia si no se aprueba el aumento salarial.

“La dilación en la aprobación para dar paso a la implantación de la Ley 134, supra, por parte de la JSAF (Junta de Supervisión y Administración Financiera), es a nuestro juicio irrazonable e injustificable, máxime cuando desde enero de 2024 se le certificó a la JSAF la disponibilidad de los fondos, se identificaron las partidas y se le certificó que el impacto fiscal de la implantación de la ley era consistente con el plan fiscal certificado. Ciertamente, teniendo la JSAF toda la documentación requerida por la Ley PROMESA no entendemos la razón de la dilación en el proceso”, planteó el grupo del Ministerio Público.

“Desde hace más de 10 años el éxodo de fiscales y procuradores ha ido en aumento drásticamente. Este éxodo se ha agravado en los pasados años y se agravará aún más en los próximos meses si no se toma acción inmediata. El Ministerio Público sigue perdiendo fiscales y procuradores con experiencia, lo que puede acarrear un colapso en el sistema de justicia criminal”, añadió.

También recordó que el Departamento de Justicia invierte “miles de dólares” en adiestrar a su personal, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, “para que puedan tener el más alto grado de preparación para atender casos criminales, civiles, de maltrato de menores, entre otros”.

“Esa inversión del Estado se pierde al no ofrecer competencia salarial que retenga a los mejores talentos. Ante el alza de la ola criminal, el Ministerio Público ha seguido trabajando con el mayor compromiso, a pesar de tener el mismo salario por más de 20 años”, apuntó.

Además, lamentó que “la JSF no ha mostrado interés en reunirse con nosotros”, a diferencia de “otras agencias o ramas de gobierno”.

De acuerdo con Rivera, “se comenta que está paralizado porque no se le ha dado el aumento a los jueces. Es importante tener en cuenta que son dos ramas de gobierno totalmente diferentes. Estamos conscientes de que los jueces se merecen el aumento, pero nuestro reclamo es que la ley ya se aprobó y lo único que resta es que se desembolse”.

El presidente de la Asociación de Fiscales destacó que aunque el volumen de casos en años anteriores, como en la década de los 1990, era mayor porque había más población en la isla, en la actualidad los procesamientos requieren de más tiempo de cada fiscal, por lo que la dificultad de retención podría ser perjudicial para las víctimas de delitos y sus familiares.

“La realidad es que ahora los casos son más complejos”, destacó. “La evidencia digital que tienen los casos, la evidencia fílmica... Entrar ese tipo de evidencia ahora versus en los años 90, cuando ese tipo de prueba escaseaba, pues un caso que te tomaba tres días ahora te puede tomar hasta dos semanas”.