Al cumplirse esta semana un mes de la votación general en Puerto Rico, resulta vergonzoso el ambiente de pugnas y la dinámica errática que prima en el escrutinio de los sufragios. La situación de incertidumbre genera, entre otras preocupaciones, que no se puedan emitir, antes del 2 de enero, todas las certificaciones finales de los candidatos electos por el pueblo en los comicios efectuados el pasado 5 de noviembre.
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La Comisión Estatal de Elecciones, cuyo desempeño eficiente en décadas pasadas fue modelo a emular en Lationoamérica y otros países, palidece sumida en una cadena imparable de desaciertos cuya génesis es un código electoral deficiente, según recalcan peritos en procesos de votaciones, así como funcionarios de la mayoría de los partidos políticos. Subsanar ese escollo clave dependerá de la voluntad política de la Asamblea Legislativa que debe constituirse en enero.
A las imperfecciones de la ley electoral vigente, documentadas antes y después de su aprobación sin consenso, el 20 de junio de 2020, se suman respuestas lentas de la presidencia, insuficiencia de personal y equipos defectuosos que retrasan trámites que en otras jurisdicciones se logran de forma ágil, con apoyo de herramientas tecnológicas dotadas de programación precisa y controles rigurosos, producto de los avances de la era digital.
En el año por culminar se han celebrado elecciones en decenas de países sin que se registren problemas mayores para conocer con precisión y a corto plazo la voluntad de los votantes. El caso reciente más elocuente fueron los comicios de Uruguay. Con una participación electoral de 90%, en ese país de tres millones de habitantes, una hora después del cierre de los centros de votación, se conocía una proyección certera de los ganadores.
En Puerto Rico, mientras tanto, la regresión operacional del organismo electoral evidenció fallas a solo meses de la aprobación del nuevo código, justo en agosto de 2020, cuando se produjo el nefasto precedente de paralizar una votación primarista debido a retrasos en el suministro de materiales electorales en los centros de votación. Al presente, en una ristra de escollos, la dirección de la CEE parece ignorar la jurisprudencia sobre la adjudicación del voto por nominación directa, persisten descuadres en numerosas actas de votación y se denuncian situaciones insólitas como “desapariciones de papeletas”. Los reportes periodísticos sobre el escrutinio reflejan ausencia de rigurosidad en el manejo de maletines con los documentos que consignan la voluntad de los electores, las impugnaciones procesales no amainan y afloran conductas que lucen como deliberadas obstrucciones.
Ante ese insostenible panorama, a corto plazo urge que los comisionados y la presidenta alterna, en un esfuerzo de máxima responsabilidad, logren iniciativas que permitan dilucidar, de una vez por todas, los desacuerdos que frenan el escrutinio e impulsar de forma ordenada el proceso que permitirá certificar a los candidatos ganadores de todos los escaños legislativos y alcaldías.
Existen distritos donde el margen de votos es cerrado, por lo que el trabajo en las mesas de escrutinio exige desempeño minucioso. Ese es el primer paso para restablecer la confianza en las operaciones electorales. Se trata de adherirse a ejecuciones transparentes, regidas por normas precisas y trabajo entusiasta en equipo.
En el pasado, trámites afinados generaron el consenso que hoy es preciso para restablecer pulcritud y transparencia en la Comisión Estatal de Elecciones, institución fundamental para robustecer la democracia en Puerto Rico.
Confiamos en un giro positivo en las labores de escrutinio y que se emitan a tiempo las certificaciones, esenciales para completar una transición gubernamental sin afectar operaciones de servicios esenciales para el pueblo. Completar esa etapa propiciará continuar pronto proyectos fundamentales para el bienestar del país y tomar nuevas iniciativas, según las proyecciones de la gobernadora electa y la nueva composición legislativa, así como de numerosas administraciones municipales.
En el nuevo cuatrienio, será determinante la designación en la presidencia de la CEE una figura en propiedad con liderazgo pleno, que propicie determinaciones bien ponderadas para manejar con diligencia las operaciones electorales venideras. Además, será fundamental que se materialice la voluntad política para enmendar un código electoral que a todas luces no le ha servido bien a Puerto Rico, un país que merece recuperar el sitial de excelencia que por años ocupó su organismo electoral.
