El paso sin precedente de recurrir al sistema judicial federal para reestructurar la deuda pública puertorriqueña, bajo el amparo de la Ley PROMESA, provee al Gobierno de Puerto Rico la herramienta para responder de forma organizada a sus acreedores, mientras adquiere la protección contra litigios que brindará espacio a la ejecución del Plan Fiscal diseñado para encaminar la recuperación del País.