Los dos informes evidencian, de una parte, que Educación continúa incumpliendo  con ese sector de educandos, y por otra, la imperdonable falta de transparencia en su rendición de cuentas tanto a los funcionarios del gobierno federal como a los del gobierno central que fiscalizan los servicios que ofrece a unos 160,000 estudiantes con necesidades especiales. Esa cifra es alrededor del 33% de la población estudiantil de 380,000, matriculada en la escuela pública este año lectivo.