La meta de estas disposiciones es combatir las conductas violentas en espacios públicos y privados
La violencia de género se refiere a los actos dañinos contra una persona o grupo de personas por razón de su género, según la Organización de las Naciones Unidas. Su origen está en la desigualdad de género –desigualdad creada culturalmente– y el abuso de poder.
Uno de los mecanismos para erradicar la violencia machista son las protecciones legales. Al momento, en Puerto Rico existen más de 80 leyes y una política pública de apoyo a las víctimas.
“Las agresiones no se limitan al espacio doméstico. También pueden darse en lugares públicos o privados como trabajos, escuelas y supermercados”, indicó la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria.
Ley contra el hostigamiento sexual en el trabajo
Una de las manifestaciones de la violencia de género ocurre en los empleos. Allí el hostigamiento sexual laboral está prohibido por la Ley 17 del 22 de abril de 1988.
El vejamen incluye “cualquier acercamiento físico o verbal de naturaleza sexual no deseado. El acto debe surgir de la relación de empleo y provocar un ambiente laboral hostil”, detalló Boria. También puede provocar un cambio en las condiciones de trabajo de la persona perjudicada o afectar sus oportunidades de empleo.
Los insultos, bromas e insinuaciones de carácter sexual son conductas clasificadas como hostigamiento. “Las medidas correctivas por parte del patrono son vitales, pues son responsables de desalentar el hostigamiento sexual mediante educación y orientación a los empleados”, sostuvo la procuradora.
Ley para las madres lactantes
La Ley 3 de 1942 y la Ley 184 del 3 de agosto de 2004 salvaguardan los derechos de las embarazadas y madres lactantes al establecer políticas antidiscriminatorias y licencias por maternidad.
Los estatutos permiten que las mujeres lacten o se saquen leche en un espacio íntimo, seguro e higiénico sin miedo a represalias.
Ley contra la pornovenganza
Recientemente el gobernador Pedro Pierluisi firmó una ley que creó, como delito, el divulgar y publicar material de carácter íntimo o sexual sin consentimiento.
Esto responde al reclamo de víctimas humilladas o extorsionadas por exparejas o terceros que publicaban en redes sociales o grupos de mensajería fotos o videos tomados en la intimidad de una relación.
“Vivimos en una cultura machista. Tanto el Estado como la ciudadanía debemos fomentar la educación para erradicar el discrimen social, cultural, económico y en ocasiones jurídico que viven las víctimas”, subrayó Boria.
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