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¿Qué representa el Plan de Ajuste de la Deuda para Puerto Rico?
El documento incluye aumentos salariales para varios grupos de servidores públicos
23 de noviembre de 2024
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Nota del editor
Este contenido fue creado y pagado por el Gobierno de Puerto Rico para distribución en las plataformas de GFR Media BrandStudio. La unidad de Noticias de GFR Media no tuvo ningún rol en la creación de esta publicación.
Tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) el pasado 18 de enero, muchos se preguntan las implicaciones de este documento y el Plan Fiscal sobre las finanzas de Puerto Rico.
“Ambos eventos representan un avance histórico que dará paso al proceso de saneamiento de las finanzas gubernamentales, la salida de la quiebra, el retorno al crecimiento económico y el restablecimiento del ordenamiento democrático del gobierno. Tanto el PAD como el Plan Fiscal beneficiará directamente a todos los ciudadanos de la isla”, aseguró Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
En síntesis, el PAD supone el fin de la quiebra para el gobierno central y dictará las finanzas gubernamentales por los próximos años.
“El PAD pone punto final a la quiebra del gobierno de Puerto Rico y lo coloca en una posición privilegiada para la mejor utilización de sus recursos. El PAD representa un oasis para la recuperación y crecimiento de la economía de la isla. Además, allana el camino para que Puerto Rico regrese a los mercados de capital, elimine la incertidumbre y restaure la confianza de inversionistas en Puerto Rico, lo que fomentará la inversión, el desarrollo económico, la creación de empleos y mejores oportunidades para todos”, sostuvo.
“Otro logro para Puerto Rico es la aprobación del PAD también da paso a la certificación de un nuevo Plan Fiscal que entrará en vigor a partir de julio de este año”, continuó.
Este documento incorpora iniciativas de política pública del gobernador Pedro Pierluisi, tales como aportaciones al retiro de los policías y aumentos salariales para maestros, bomberos y oficiales correccionales, entre otros servidores públicos. A su vez, incluye el pago del Bono de Navidad para empleados públicos.
“Este Plan Fiscal es sumamente importante porque permitirá manejar adecuadamente las finanzas públicas en conformidad con las mejores prácticas para evitar una situación de insolvencia financiera o quiebra en el futuro”, expresó Marrero.
El funcionario planteó que el nuevo Plan Fiscal incluye $3,000 millones en fondos Medicaid y una asignación de $3,800 millones para la Reforma del Servicio Público, sin recortes en los beneficios de pensión de los empleados públicos.
Otros $10,300 millones fueron incluidos para las aportaciones al Fideicomiso de Pensiones para los próximos 10 años, para asegurar el pago de las pensiones de los empleados públicos. El Plan Fiscal incluye $850 millones adicionales para garantizar los beneficios completos de pensión para los policías cobijados bajo la Ley 1 y la Ley 447.
El documento financiero plantea que los policías activos y retirados tendrán una cubierta médica bajo el Plan Vital hasta que sean elegibles para Medicare. Para esto, se incluyó una asignación de $700 millones por los próximos 30 años.
Asimismo, el Plan Fiscal incluye reformas gubernamentales que promueven la participación en la fuerza laboral mediante incentivos como, por ejemplo, el crédito por trabajo. Además, con la aprobación de este plan, el gobierno busca transformar el sistema de educación de kínder a duodécimo grado y mejorar la competitividad de la economía puertorriqueña al reducir los obstáculos para la creación y sostenimiento de pequeños negocios.
A su vez, procura otras reformas gubernamentales como los cambios en el sistema energético para buscar asegurar su confiabilidad y proveer energía más limpia y económica. Otra propuesta que se impulsará es la renovación de los sistemas de transporte.
Por su parte, Luis Collazo, director ejecutivo de la Junta de Retiro, señaló que el PAD contiene un sinnúmero de implicaciones para los retirados y pensionados del gobierno.
“La política pública del gobierno de Puerto Rico ha sido garantizar el pago de las pensiones, reestructurar las operaciones de los Sistemas de Retiro y viabilizar un sistema funcional permanente que no se base en poner parchos temporeros para no terminar nuevamente en la insolvencia. Desde el 2017, los sistemas se encuentran insolventes y sin activos. Aun así, se tomaron todas las medidas para cumplir con todos los pensionados”, expuso Collazo.
Indicó que el PAD incide sobre el sistema de retiro en cuatro aspectos. Aseguró que, primero, este no contempla recortes a las pensiones actuales de los sobre 165,000 pensionados, de los cuales alrededor de 47,000 son maestros.
Comentó que, en segundo lugar, el plan restituye las aportaciones e intereses de los participantes de Reforma 2000 y de los participantes del programa híbrido, quienes entraron al servicio público del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017.
“Dichas contribuciones nunca fueron segregadas e invertidas en cuentas individuales como se supone que se hiciera en cualquier Programa de Aportaciones Definidas. Hoy, estas aportaciones serán transferidas en efectivo a las cuentas del Plan 106 de los participantes activos y reembolsadas a los participantes inactivos. Por lo tanto, estos participantes ya no tendrán que esperar a los 65 años de edad para recibir una anualidad”, dijo Collazo.
Collazo explicó que, en tercer lugar, el PAD creó un fideicomiso de reserva como una garantía adicional al pago de las pensiones por medio del programa Pay as You Go, creado al amparo de la Ley 106 de 2017.
Este fideicomiso se instauró para que, en caso de que el gobierno experimente algún déficit presupuestario, se pueda continuar pagando la totalidad de las pensiones de los jubilados.
Collazo mencionó que el cuarto aspecto del plan también contempla una congelación del Programa de Beneficios Definidos para jueces y maestros a partir del 15 de marzo de 2022. No obstante, se preservan los beneficios obtenidos producto de los años cotizados a esa fecha. De acuerdo con este plan, a partir del 15 de marzo de 2022, tanto jueces como maestros, comenzarán a cotizar a un Programa de Contribución Definida, mejor conocido como el Plan 106, donde actualmente cotizan el resto de los servidores públicos. De igual forma, dispone la inclusión automática al Seguro Social de todos los jueces y maestros menores de 45 años y brinda la opción de ingresar a los de 45 años o más.
“Sin duda, hoy Puerto Rico se encuentra en una mejor posición que en el pasado, tras este importante paso de avance. Ya está lista la ruta para la implementación que viabilizará el crecimiento de la economía de la isla y garantizará una mejorar calidad de vida para toda su gente”, afirmó Collazo.
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Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media Brandstudio para Gobierno de Puerto Rico
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