Frente a una amenaza climática que cada día se torna más seria ante las acciones y omisiones de gobiernos y actores privados en todo el mundo, pero con efectos palpables en las comunidades de Puerto Rico, la organización El Puente ha delineado una ambiciosa agenda de trabajo educativo y abogacía que va a la médula de los principales desafíos del país.

La educación de los niños en el contexto de condiciones extremas, la lucha por la aprobación del documento que guíe la política gubernamental para adaptarse al cambio climático y hacerle frente a la “expansión” de los combustibles fósiles encabezan la lista de prioridades de El Puente. Pero ahora, además de abordar esos temas de pertinencia nacional, la organización ampliará su huella comunitaria en Río Piedras, tras convertirse en propietarios del local que ha sido su hogar por los pasados tres años.

“La visión que tenemos es transformar el edificio en un refugio climático donde, en caso de cualquier emergencia, podemos utilizarlo para que la gente se quede, organizar reuniones comunitarias y que sea sustentable; en otras palabras, que tenga energía renovable, captura de agua y preparar alimentos, pero también almacenar suministros”, subrayó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, desde la sede de tres pisos –incluyendo un sótano– en la calle Robles del casco urbano riopedrense.

La adquisición de la titularidad del inmueble fue posible por una subvención de la fundación de la filántropa Mackenzie Scott, pero Cintrón Moscoso puntualizó que El Puente aún requerirá cientos de miles de dólares adicionales para las adaptaciones estructurales y logísticas del local necesarias para el concepto de “oasis” comunitario.

“Hemos estado conectados por años con Río Piedras, con relaciones que tenemos no solo con la Universidad (de Puerto Rico), sino con organizaciones de justicia social. Río Piedras es posiblemente en lugar de Puerto Rico con más organizaciones de justicia social por kilómetro cuadrado”, dijo el activista, destacando el trabajo que actualmente realizan junto al Centro de la Mujer Dominicana y otras entidades en favor de la comunidad inmigrante, en el marco de la ofensiva federal contra esta población.

Esa intersección entre poblaciones vulnerabilizadas y el tema climático, precisamente, está al centro de uno de los objetivos primarios de El Puente, organización que tuvo sus orígenes en 1982, en la comunidad de Williamsburg, en Brooklyn. En 2024, El Puente intentó, sin éxito, que los tribunales forzaran al Departamento de Educación a entregar datos sobre los días lectivos perdidos por estudiantes a causa de eventos asociados al cambio climático, como el calor extremo o fenómenos atmosféricos.

“Entendemos que ellos tienen que tener esa información. No hay manera que no (la tengan), porque si un director cierra una escuela, tiene que informarlo al Departamento, no puede cerrarla y no rendir un informe. Tiene que haber un documento, pero el Departamento se ha negado a hacerlo público”, dijo Cintrón Moscoso, adelantando que, entre las alternativas, figura impulsar enmiendas a la ley orgánica de la agencia para hacer obligatorio el reporte, a partir del requisito de que los alumnos cumplan con un mínimo de 180 días lectivos al año.

Según Cintrón Moscoso, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que son “decenas de millones” los niños que pierden clases por razones vinculadas al calentamiento global. La falta de acceso a los centros educativos, asimismo, tiene un efecto sobre otros servicios –como terapias– que pueden recibir alumnos de educación especial. En el caso de Puerto Rico, además, las escuelas representan el 86% de los refugios ante fenómenos naturales, precisó Cintrón Moscoso.

“Son capas de problemas que se crean, sobre todo cuando muchas de esas escuelas se han dejado en el abandono, y ahora traen problemas nuevos”, expresó el investigador.

En gran medida, la perspectiva climática de El Puente coincide con los lineamientos esbozados en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Pmarcc), que la pasada ni la presente Asamblea Legislativa han comenzado a evaluar, a pesar de que, por ley, el gobierno debe pasar juicio antes del 30 de junio.

Cintrón Moscoso señaló que, si bien la senadora Marissa Jiménez, presidenta de la comisión conjunta con jurisdicción sobre el Pmarcc, se ha expresado favorablemente en torno a la prioridad del documento, ninguno de los cuerpos legislativos ha designado al resto de los miembros del organismo.

“Si el compromiso es con encaminar a Puerto Rico a la adaptación climática, tiene que haber un plan. Y ese plan sí tiene que estar en conversación con el resto del andamiaje legal, y en conversación con todas las agencias que tienen que ejecutar. Pero es que el trabajo del gobierno es hacer eso posible y ordenadamente. No puede ser una excusa que sea mucho trabajo, porque eso fue lo que dijeron el año pasado”, acentuó.

Paralelamente, Cintrón Moscoso apuntó al estancamiento de la transición energética y la política esbozada por la gobernadora Jenniffer González de apostar a los combustibles fósiles –y específicamente al gas natural metano– para lograr una estabilidad a corto plazo, en lugar de adelantar la política pública establecida, que ordena el cambio a las fuentes limpias.

“No hay manera de adaptarse al cambio climático si no eliminamos los combustibles fósiles. Esa es la fórmula, eso es lo que hay y eso lo sabe todo el mundo. No es información nueva. Hay que poner los esfuerzos y recursos en la transición a energía renovable, y eso es una decisión gubernamental”, enfatizó Cintrón Moscoso, recordando que El Puente mantiene un litigio contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en busca de que se redirijan las asignaciones de reconstrucción para la red al desarrollo de un modelo basado en la descentralización de la generación eléctrica.