La promesa de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) de revertir, revisar o dar por terminadas sobre una treintena de políticas y reglamentaciones que procuran garantizar la salud pública y la calidad del aire y agua en Estados Unidos pudiera tener un efecto abarcador sobre distintos sectores en Puerto Rico, incluyendo –a corto plazo– las políticas energéticas que la administración de Jenniffer González ha prometido implantar agresivamente.