El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc) experimentó dos renuncias antes que se cumpliera el período establecido por ley para la primera renovación parcial del organismo, lo que ha levantado preocupación entre integrantes activos y pasados sobre la continuidad de las labores del grupo.

La primera renuncia fue la de Roy Torbert, quien se especializa en energía global renovable, el 12 de abril de 2023. Mientras, la salida más reciente fue la del investigador ambiental Pablo Méndez Lázaro, efectiva al pasado 30 de septiembre, confirmó él mismo, en entrevista con El Nuevo Día.

“Es importante (conocer) qué pasaría con la continuidad del Comité”, dijo Méndez Lázaro, nominado como miembro voluntario –sin paga–, en 2019, por la entonces gobernadora, Wanda Vázquez. Los otros nominados, en ese momento, fueron Torbert, el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, la meteoróloga Ada Monzón, la oceanógrafa Maritza Barreto y el ecólogo Carl Soderberg.

El Ceacc, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), fue creado al amparo de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (Ley 33-2019). Su deber principal –pero no el único– era preparar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, engavetado en la Legislatura desde la pasada y última sesión ordinaria del cuatrienio.

La Ley 33 dispone que los primeros miembros “ocuparán sus cargos hasta el 2025, año en que tiene lugar la primera renovación parcial” del organismo, con la sustitución de dos miembros, “quienes serán elegidos por el gobernador de Puerto Rico”. Luego, en 2027, deben renovarse otros dos miembros “entre los restantes del primer Comité”. En 2029, toca renovar los dos miembros restantes del grupo original, “y así sucesivamente cada dos años”, añade el estatuto.

En declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día, el gobernador saliente Pedro Pierluisi sostuvo que el panel –que debe estar compuesto por nueve miembros– “continúa operando con siete de sus integrantes”. Tres son “ex officio”: el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el secretario –ahora interino– del DRNA y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio.

“Nuestra administración continuará evaluando nuevos candidatos para ocupar las vacantes existentes”, afirmó Pierluisi.

Los seis profesionales privados que deben componer el Ceacc necesitan el consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes, por lo que Soderberg, también ingeniero, opinó que se debe esperar al resultado de las elecciones de noviembre para que sea el próximo gobernador o gobernadora quien someta los nombramientos ante la Legislatura, “a la mayor brevedad”, una vez asuma las riendas del país en enero.

“Los (miembros) que quedamos no nos tenemos que ir, de acuerdo a la ley. (…) Yo entiendo que debo cumplir con el propósito de la ley, de estar en esta continuidad, y entiendo que puedo servir a Puerto Rico efectivamente como miembro de ese Comité”, destacó Soderberg, en entrevista telefónica.

Por su parte, Méndez Lázaro recomendó a los futuros nuevos integrantes del panel de expertos que le den continuidad al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, cuya versión final el Ceacc sometió en abril ante la Asamblea Legislativa, que optó por no evaluarlo alegando que no había tiempo para discutirlo.

“(Deben dar) continuidad, dónde estamos, cómo lo implementan, dónde lo han llevado, cuáles son los próximos pasos. Porque, una vez se apruebe el Plan, faltan múltiples otras fases, (como) la implementación; después, hay que revisar qué funcionó y qué no funcionó, cómo lo modificamos. Faltan muchas fases, nosotros estamos en la etapa número uno. Por eso, hago la salvedad de que nos queda mucho camino por recorrer”, acotó.

Reiteró que la Legislatura, como mínimo, debe discutir la propuesta en vistas públicas.

El Ceacc no solo tenía la encomienda de redactar el Plan –de más de 700 páginas–. La ley que dio paso a su creación le asigna al panel casi una veintena de responsabilidades, entre ellas, evaluar el seguimiento e implantación de las políticas climáticas, proponer y apoyar proyectos de investigación vinculados al cambio climático, ofrecer talleres sobre esta amenaza y publicar mapas actualizados de riesgos, planes de protección pública, planes de relocalización y desalojo de áreas vulnerables.

El organismo ha hecho una serie de publicaciones sobre múltiples temas, incluida una con recomendaciones sobre el recurso agua en Puerto Rico y otra para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en la zona costanera. Recientemente, publicó un estudio que alerta que el cambio climático le costaría a Puerto Rico más de $379,000 millones para el 2050 si no se actúa a tiempo.

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REFERENCIAS:

Ley 33 de 2019

Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático