Desde que la soberanía sobre Puerto Rico pasó a manos estadounidenses en 1898, más de 300 leyes federales y estatales han incidido sobre el manejo del agua, aire, ríos, flora, fauna y demás recursos naturales del archipiélago, con efectos eminentemente positivos sobre la conservación del medioambiente.

Aunque los hallazgos de la disertación de tesis doctoral del catedrático de Derecho Luis Aníbal Avilés Pagán podrían lucir como una conclusión evidente en torno a la legislación histórica en materia ambiental, el también expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica subrayó que se trata de un ángulo que no se había estudiado sistemáticamente.

La disertación, presentada en marzo ante el Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, igualmente expuso un análisis de los periodos que históricamente fueron más propicios para la aprobación de legislación ambiental, en función de los partidos que controlaban los gobiernos estatal y federal.

“Encontré una actitud bastante prevalente en Puerto Rico, de parte de los llamados ambientalistas, de que el gobierno no protege el ambiente. Y yo decía, pero de dónde sacan esto. El aire y agua son más limpios hoy que hace 50 años. La Ley de Agua Limpia y la Ley de Aire Limpio (ambos estatutos federales) han funcionado. El aire y agua en Puerto Rico es más limpio que en Europa. Quise tratar de probar estadísticamente, si se puede, que las leyes ambientales protegen el ambiente. La contestación es que sí, pero nunca se había hecho el análisis estadístico”, afirmó Avilés Pagán.

En la disertación, de más de 300 páginas, organizadas en cinco capítulos, Avilés Pagán plasma los resultados del análisis sensorial remoto para identificar las características de cubierta terrestre presentes desde el 2000. A base de una ecuación matemática que incorporó la cantidad de leyes ambientales aprobadas, indicadores de crecimiento económico y datos de temperatura y precipitación, el estudio modeló la correlación con el volumen de cubierta vegetal del país, reflejando el efecto positivo de la legislación.

Entre 2000 y 2016 –periodo que abarca el análisis para excluir los efectos del huracán María a partir de 2017–, el índice utilizado para calcular el volumen de cubierta vegetal terrestre aumentó un 7.8%.

En términos generales, la investigación arrojó que el grueso de las leyes federales ambientales aplicables a Puerto Rico se pasó entre 1950 y 1990, estatutos que se enfocaron en la protección de ecosistemas costeros y evitar la contaminación. La legislación estatal, en tanto, se aprobó principalmente después de 1990 y se concentra en ecosistemas terrestres y el manejo de los recursos naturales.

“La investigación destaca el rol crítico del marco legal en la conservación ambiental, enfatizando la importancia de leyes robustas y políticas dinámicas en la legislación medioambiental y la necesidad de monitoreo continuo y adaptable en el manejo del ecosistema”, puntualiza el escrito.

Específicamente, Avilés Pagán contabilizó 314 leyes –incluyendo enmiendas– aprobadas entre 1897 y 2021, de las cuales 276 permanecen vigentes. Del grupo de estatutos ambientales vigentes, 150 son estatales y las restantes 126, federales.

Como parte del estudio, el catedrático de Derecho también creó un sistema de clasificación de las leyes a base de los temas que abordan: de los estatutos, 60 crean “incentivos socioeconómicos” para el uso de terrenos y ecosistemas, y 59 se enfocan en el “manejo de recursos”, lo que, a juicio de Avilés Pagán, refleja un “balance” entre promover actividad económica y la conservación ambiental.

La disertación, titulada “El renacer verde de Puerto Rico: un examen de la relación entre las leyes ambientales y el vigor de su vegetación desde el 2000″, también buscó utilizar la cubierta de mangle en el suroeste como estudio de caso. Sin embargo, el análisis enfrentó la limitación de las repercusiones del huracán María, al que el estudio describe como el “factor primario” en la pérdida neta de casi 250 hectáreas de mangle, en esa región, desde 2016, en lugar de elementos antropogénicos.

Aunque en los pasados años múltiples escándalos ambientales han copado titulares, particularmente en municipios costeros como Salinas, Rincón y Aguadilla, Avilés Pagán insistió que se trata de incidentes “aislados” que no reflejan las tendencias generales.

“En la época de mis abuelos, la gente quemaba la basura en los patios de las casas y talaba los montes para sembrar yerba para que las vacas comieran. Esas prácticas ya no pasan en Puerto Rico, y se debe a que las leyes ambientales cambiaron el paradigma”, sostuvo Avilés Pagán, quien opina que urge implementar una moratoria a la construcción en las costas, así como recurrir a la tecnología para identificar y evidenciar prácticas ilegales de deforestación al interior de propiedades privadas.

Al cruzar la legislación ambiental con los años en que fueron aprobadas, Avilés Pagán encontró que la afiliación partidista del presidente de Estados Unidos no fue un factor estadísticamente significativo, contrario a lo que ocurrió con las colectividades que controlaban el Senado o la Cámara federal. Cuando los demócratas controlaron ambos cuerpos, se aprobó un promedio de 2.1 leyes ambientales al año, en contraste con 0.9 estatutos bajo congresos republicanos.

En Puerto Rico, en tanto, Avilés Pagán identificó que, si bien las legislaturas controladas por el Partido Popular Democrático y las dominadas por el Partido Nuevo Progresista aprobaron prácticamente la misma cantidad de leyes ambientales en términos absolutos, un Senado con mayoría de la Pava “estuvo asociado a una merma en las leyes ambientales estatales”.

La disertación, a su vez, postula que “la medida legal más efectiva” para la preservación ambiental es la creación de áreas protegidas, mecanismo que, en Puerto Rico, apenas se ha utilizado desde 2017, cuando se estimó que el 16% del territorio contaba con protecciones estatutarias.

Para Avilés Pagán, el sistema de clasificación de leyes que propone, en función de los ecosistemas que cada una busca conservar, es una de las aportaciones principales de la investigación académica.

“La idea es que esas leyes se puedan juntar y crear un código ambiental futuro que sea propulsado por un ‘ecosystem-based approach’ (acercamiento basado en los ecosistemas). Es parte de los trabajos que queremos seguir haciendo”, sostuvo Avilés Pagán, quien estima que cerca de una tercera parte de los estatutos vigentes enumerados tienen un “impacto directo” sobre el ambiente.

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REFERENCIAS

Puerto Rico’s green surge: Examining the relationship between environmental laws and vegetation vigor since 2000