Un nuevo proyecto de ley busca reactivar la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, que ha estado prácticamente inoperante desde su creación hace más de 25 años, pese a esfuerzos por poner en marcha sus objetivos, que, en gran medida, persiguen aumentar la seguridad de los bañistas y velar por el buen manejo y mantenimiento de estos espacios públicos.

“Esta medida la radiqué el cuatrienio pasado; hubo unos incidentes de ahogamiento en la playa y ocurrieron varias muertes corridas”, dijo la senadora Nitza Morán, autora del Proyecto del Senado 236, que propone enmendar la Ley 293-1999, al reconocer que su propuesta original no tuvo éxito e intenta que sea considerada en la actual sesión ordinaria.

“Es una herramienta que vimos que estaba ahí, pero que no estaba atemperada a los tiempos”, indicó sobre la Junta.

La medida, además, propone la creación de un Cuerpo de Salvavidas. “En el 2024, perdimos 28 personas ahogadas y Puerto Rico es un destino turístico y acuático”, manifestó Morán, en declaraciones a El Nuevo Día.

A grandes rasgos, el proyecto –referido a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales– contempla una reestructuración de la Junta que refleje la reorganización de agencias, así como la creación de un nuevo “Plan de Trabajo Integral” y el desarrollo de una aplicación móvil para informar a la ciudadanía sobre las condiciones de las playas.

Desde su creación hace 25 años, la Junta debió estar integrada por los jefes de diversas agencias con injerencia en la administración de las playas, así como otros miembros. Sin embargo, algunas de estas entidades han sido eliminadas o consolidadas, como la Junta de Calidad Ambiental, que ahora está bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Bajo la nueva ley propuesta, la composición de la Junta se reduce de 11 a 9 miembros, incluyendo al secretario del DRNA como director y dos miembros del ámbito privado que pertenezcan al sector turístico o académico afines con el manejo de las playas como recurso.

Además, el proyecto subraya la importancia de coordinar esfuerzos con agencias estatales y federales para garantizar el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad. De acuerdo con la medida, la Junta debería presentar un nuevo “Plan de Trabajo Integral” antes del 30 de junio de 2025. Este plan incluirá estrategias para la conservación y uso adecuado de las playas, así como la mitigación de la erosión costera.

Como parte de las modernizaciones, la medida ordena la creación de la aplicación móvil Playa Segura PR/Safe Beach PR, que brindaría información en tiempo real sobre la seguridad y condiciones de las playas. La aplicación identificaría playas con salvavidas, zonas peligrosas y aquellas certificadas con la distinción Bandera Azul, que garantiza altos estándares de calidad ambiental y seguridad. Morán propone que la creación de dicha aplicación esté a cargo del Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Sin embargo, uno de los principales asuntos que, durante años, ha impedido el funcionamiento apropiado de la Junta ha sido la falta de un presupuesto que permita la ejecución de iniciativas, señaló el director del Programa Sea Grant Puerto Rico y quien fue representante del sector académico en el organismo, Ruperto Chaparro.

“Nunca funcionó la Junta, porque no tenía presupuesto”, sostuvo Chaparro. “Lo primero que tiene que tener es un presupuesto con el que puedan trabajar, le dieron a la Junta todo lo que el papel aguanta, pero sin presupuesto”.

En 2017, de hecho, otro proyecto de ley propuso eliminar la Junta, por haber incumplido con las funciones y deberes que se le encomendaron en pro del principal recurso natural, recreativo y turístico de la isla. En su lugar, la medida proponía crear el Consejo Estatal para el Manejo de las Playas, cuyo objetivo principal sería establecer los lineamientos de política pública respecto al manejo de las costas, planes de mitigación y cambio climático.

Chaparro recordó que, en Puerto Rico, por las pasadas tres décadas, han muerto alrededor de 30 personas por año ahogadas en las playas, por lo que “urge” atender el aspecto de la seguridad con salvavidas. Asimismo, mencionó que la Junta, si funcionara como debe, también velaría por el desarrollo de estructuras básicas –como baños, estacionamientos y acceso seguro–, así como evitar las construcciones en la zona marítimo terrestre.

“Hay una desorganización que la única manera de resolverlo es con una Junta de Playas de verdad, que tenga un presupuesto”, reiteró.

Las enmiendas que el nuevo proyecto propone no establecen un presupuesto. En su lugar, se sugiere la creación de un “Fondo Especial de la Junta Interagencial de Playas”, que se nutriría de aportaciones gubernamentales –incluyendo los presupuestos de las agencias que son parte de la Junta– y privadas. Los fondos serían administrados por el DRNA, y la Junta debería rendir un informe anual al gobernador de turno y la Asamblea Legislativa sobre las acciones tomadas.