Washington D. C. - Jaime Areizaga Soto tiene un perfil que abarca características importantes de la emigración boricua a la zona de la capital estadounidense: llegó a Washington D. C. como estudiante universitario, es militar y trabaja como civil en el gobierno federal.

Desde 1987, ha sido parte del crecimiento de la diáspora puertorriqueña de Washington D. C., que se extiende principalmente hacia el norte de Virginia y el suroeste de Maryland, ambos estados en la zona este de Estados Unidos.

“Llegué a estudiar y todavía no he vuelto (a Puerto Rico)”, dijo Areizaga Soto, quien es presidente de la Junta de Apelaciones de Veteranos en el Departamento de Asuntos del Veterano, un puesto al que le nombró el presidente Joe Biden y al que fue confirmado por el Senado de Estados Unidos.

Areizaga Soto arribó a la capital estadounidense en 1987 como estudiante de la Universidad de Georgetown, donde completó un bachillerato en Diplomacia. Luego, se fue a California para estudiar Derecho y una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford. Una vez terminó sus estudios, volvió a la zona de Washington D. C., específicamente al norte de Virginia, donde ha residido desde entonces, excepto por unos años que fue enviado a Brasil por un bufete de abogados.

“Regreso a Washington por mi interés en el servicio público. Lo encontraba más cerca culturalmente y geográficamente de Puerto Rico”, dijo.

Aunque Areizaga Soto reside en el norte de Virginia, se integró a la Guardia Nacional de Washington D. C. Fue el primer general de brigada puertorriqueño en funciones de abogado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y asistente especial del jefe de asuntos legales del Negociado de la Guardia Nacional. En 2007, fue parte del “White House Fellows”, el primer boricua de la isla desde que Mari Carmen Aponte, actual embajadora de Estados Unidos en Panamá, formó parte de ese programa, en 1979.

Su primer trabajo en el gobierno federal, en la administración de Barack Obama, fue en la Directoría Jurídica de la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID, en inglés). Pero también ha sido subsecretario de Veteranos y Asuntos de Defensa en el gobierno del estado de Virginia y subdirector de Asuntos Hispanos del Partido Demócrata de Estados Unidos (DNC, en inglés).

Según el Censo federal, en Washington D. C., con una población de cerca de 690,000 habitantes, solo viven 5,065 puertorriqueños. Por ser un número relativamente bajo, no hay datos adicionales “para mantener la confidencialidad de los datos”, explicó el profesor Carlos Vargas Ramos, experto del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, en Nueva York.

Los informes más completos se proveen a base de la zona de Washington D. C. (que abarca zonas del norte de Virginia, de Maryland y Virginia Occidental), en la que residen 77,695 personas de origen puertorriqueño, según la Encuesta de la Comunidad de 2021 del Censo federal.

La población boricua de la zona de Washington D.C. se ha duplicado en las últimas dos décadas. En 2020, el Censo federal registró 41,609 boricuas en esa zona. En 1990 solo habían 9,785, según los dato provistos por el Centro de Estudios Puertorriqueños.

La mayor parte de la población boricua de la zona está en el norte de Virginia y en Maryland. Casi uno de cada tres (30.3%) de los boricuas de la zona Washington D. C. trabaja en oficinas gubernamentales, un porcentaje que duplica toda la población puertorriqueña en Estados Unidos (14.5%). Un 3.1% de la población boricua de la zona de Washington D. C., mientras, es parte de las Fuerzas Armadas, en comparación con el 1% de todos los boricuas en Estados Unidos.

Un 70% de la diáspora de esta zona está empleada, un 10% por encima del promedio de los puertorriqueños en Estados Unidos. Los boricuas del área de Washington D. C. tienen, además, una mediana familiar de ingresos de $129, 421 –casi el doble de toda la diáspora en Estados Unidos– y una tasa de desempleo de 2.1%. El 55% ha completado, al menos, un bachillerato.

Una cantera de boricuas de la diáspora sale de los estudiantes que vinieron a universidades como George Washington, Georgetown, American, Howard, Catholic, George Mason (Virginia) y la Universidad de Maryland. Y otro grupo importante es exportado desde la isla, como ocurre continuamente con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que son reclutados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) para su centro de investigación en la estación de la agencia en Greenbelt, Maryland, o en empresas de tecnología.

Otros hacen sus contactos iniciales por medio de los programas Córdova y Fernós de la Legislatura de Puerto Rico, que ofrecen internados en oficinas de Washington D. C.. Según el ex presidente del Senado Kenneth McClintock, entre los 1,200 participantes del programa hay decenas que regresaron a Washington D.C. para trabajar en el gobierno, la empresa privada y organizaciones no gubernamentales.

“Tenemos una diáspora que ha madurado... Donde quiera que voy me los encuentro en cualquier agencia y actividad”, indicó Areizaga Soto.

En una época, contó William Ramos, asesor sénior en la Secretaría Adjunta de Desarrollo Económico en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a los boricuas solo los veía, fuera de funciones oficiales, en festivales y conciertos de orquestas como El Gran Combo. En gran medida, sostuvo, la diferencia en torno a la visibilidad de la comunidad boricua de esta zona con los principales destinos de la emigración boricua como Nueva York, Filadelfia (Pensilvania) y Kissimmee (Florida), es que no existe un barrio puertorriqueño en el área de Washington D. C.

Ramos llegó hace dos décadas a esta zona. Dirigió la oficina de Washington D. C. de la Asociación de Funcionarios Electos Latinos (NALEO, en inglés). Entró al gobierno federal como director de Asuntos Gubernamentales del Departamento de Comercio durante la administración de Obama.

La huella de los puertorriqueños en las esferas del poder en la capital estadounidense es innegable y su presencia se afianza.

Más de tres decenas de boricuas tienen puestos de confianza en la administración de Biden, algunos al más alto nivel que requirieron confirmación por el Senado, como el secretario de Educación, Miguel Cardona; las embajadoras Mari Carmen Aponte (Panamá) y María Pagán (Organización Mundial de Comercio) y representante comercial adjunta; Lester Martínez López, secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Salud; Carmen Cantor, secretaria adjunta del Departamento del Interior para Asuntos Insulares e Internacionales; y Areizaga Soto.

Biden también nombró este cuatrienio a Gustavo Gelpí como juez del Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston. El pasado jueves, en tanto, el presidente Biden nombró al abogado puertorriqueño Juan Carlos Iturregui como embajador en República Dominicana, puesto que también requerirá confirmación del Senado.

En la Casa Blanca, Gretchen Sierra Zorita es la directora para Puerto Rico y los Territorios en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales. Y el grupo interagencial de trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico suele incorporar funcionarios puertorriqueños de agencias federales. Por supuesto, no hay boricua de más alto nivel en Washington que la jueza asociada del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, primera persona hispana en alcanzar un curul en el más alto foro judicial estadounidense y quien fue nombrada en 2009 por el presidente Obama.

“Con un programa estructurado de reclutamiento y retención de talento dirigido por la Oficina de Personal de la Casa Blanca, el presidente Biden ha hecho historia con un número impresionante de puertorriqueños que ocupan puestos claves en su administración”, dijo Javier Cuebas, presidente y cofundador de la organización Grupo 21, que ha impulsado la designación de funcionarios boricuas en el gobierno federal. Cuebas fue parte del programa de intrenados Córdova en la década de 1990.

En el Congreso, donde se da la centenaria y legendaria batalla en torno al status político de Puerto Rico y, se decide –como demostró la ley Promesa– el control sobre el gobierno local, la presencia ha crecido también significativamente.

“Al pasar de los años, han llegado al Congreso una gran cantidad de puertorriqueños que se quedaron aquí y llegaron a posiciones altas”, dijo Carmen Feliciano, quien desde hace unos meses es la vicepresidenta de Política Pública y Abogacía de la organización UnidosUS, antes Concilio La Raza.

Feliciano trabajó durante 15 años en el Congreso, desde la última parte del término de Carlos Romero Barceló como comisionado residente en Washington. También, fue asesora de los comisionados Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, del que fue jefa de Gabinete. Este cuatrienio, antes de mudarse a UnidosUS, fue directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés).

Cuando empezó en el Congreso, fuera de la oficina del comisionado de Puerto Rico residente en Washington, los pocos boricuas que veía estaban principalmente en las oficinas de los congresistas puertorriqueños. En ese grupo, Feliciano mencionó a Jennice Fuentes y Enrique Fernández Toledo (fallecido hace cuatro años), quienes fueron asesores del demócrata Luis Gutiérrez (Chicago); e Idalia “Pichi” Domínguez-Marty con el también demócrata boricua José Serrano.

La presencia se ha extendido a oficinas del liderato del Congreso. Como ejemplos, Federico de Jesús Febles, quien, además, fue portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Obama, fue el enlace con la prensa latina en las oficinas de la speaker Nancy Pelosi y el ya fallecido líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid (Nevada). En la actualidad, Nairka Treviño, quien trabajó antes en PRFAA, es la encargada de la prensa hispana en la oficina del líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Feliciano recuerda el golpe que recibió, a finales de la década de 1990, como empleada de PRFAA, cuando visitó oficinas del Congreso con el fundador del Partido Nuevo Progresista (PNP) y exgobernador Luis A. Ferré.

“No había puertorriqueños en las oficinas del Congreso, no sabían que éramos ciudadanos americanos. Me sorprendí porque acababa de llegar de Puerto Rico. Al pasar de los años, vimos llegar al Congreso y al gobierno federal una cantidad grande de puertorriqueños”, dijo.

Aunque percibió un avance en la atención a la isla después de la catástrofe causada por el huracán María (2017), sostuvo que, en medio de la relación colonial, todavía es complicado explicar los temas contributivos de Puerto Rico –por el trato diferente bajo el Código de Rentas Internas federal– y el debate sobre el status político, debido a las pasiones que levanta.

Algo que ha ayudado, no obstante, es que, en el Congreso, ha aumentado la presencia de representantes boricuas. En esta sesión, por primera vez desde 2018, hay nuevamente cinco congresistas de origen puertorriqueño que ocupan escaños por distritos de estados de Estados Unidos. Nydia Velázquez (Nueva York), la decana de los boricuas del Congreso, de los hispanos en la Cámara baja federal y enlace principal con los temas de Puerto Rico en el caucus demócrata, va para su año número 32 en la Cámara de Representantes en representación de un distrito que tiene su base en Brooklyn.

El demócrata Darren Soto (Florida) representa desde enero de 2017 el distrito 9 del centro de su estado, con base en Kissimmee. Alexandria Ocasio Cortez, una estrella entre los liberales con un perfil a nivel nacional en Estados Unidos e internacional, ocupa desde enero de 2019 un escaño con base en Queens (Nueva York). Y Ritchie Torres, también demócrata, sustituyó en enero de 2021 a José Serrano como congresista por un distrito del sur del Bronx.

A ellos, se sumó en enero el republicano Anthony D’Esposito (Nueva York), de madre puertorriqueña. Entre 2011 y 2018, hubo también cinco boricuas con plenos derechos en el Congreso: Velázquez, Gutiérrez, Serrano, Soto y el republicano Raúl Labrador, quien representó un distrito de Idaho y ahora es el fiscal general o secretario de Justicia de ese estado.

En las décadas de 1960 y 1970, los puertorriqueños Carlos Rosario y Sonia Gutiérrez, entre otros, ayudaron a generar activismo dentro de la naciente comunidad hispana de la capital estadounidense, como parte de un movimiento en favor de la educación y servicios para los inmigrantes, sobre todo latinos. Esa militancia ha evolucionado a una diversidad de grupos que tratan temas como el status, la política pública sobre programas federales y, en los últimos seis años, en torno a cómo debe ser la respuesta a los desastres naturales como el huracán María y los terremotos de 2020.

Convocadas por grupos de la diáspora, las grandes manifestaciones boricuas de las últimas décadas en Washington D. C. han estado vinculadas a la lucha en contra de la presencia de la Marina de Guerra en Vieques (2001), los reclamos en favor de una recuperación justa después de la catástrofe causada por el huracán María y para exigir la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares (2019).

Mairym Ramos-Salinas es directora de Gobernanza en el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), que tiene unos 10,000 afiliados en Puerto Rico –alrededor de 2 millones en Estados Unidos–, y es una de las organizaciones que ha estado activa en los últimos años en temas relacionados a la isla.

En Washington, trabajó primero como ayudante de la congresista Velázquez. Luego, fue la coordinadora de las oficinas regionales de PRFAA bajo la dirección de Mari Carmen Aponte y durante el gobierno de Sila María Calderón.

En estos momentos, la SEIU participa de los movimientos de grupos cívicos y comunitarios, de la diáspora y el archipiélago puertorriqueño, en favor de un proceso que garantice la descolonización de Puerto Rico, y la eliminación de los beneficios de la antigua ley 22. También, asiste a los trabajadores con su organización en empresas que tienen contratos con el Departamento de Educación puertorriqueño.

En la pasada sesión, junto a la coalición Power4Puerto Rico, el Center for Popular Democracy, Black Lives Matter de la ciudad de Nueva York, Boricuas Unidos en la Diáspora, CASA, Open Society Policy Center y el Centro Cultural Puertorriqueño, entre otros, abogaron por el proyecto de ley de la congresista Velázquez que propuso una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

En el otro lado, ha estado principalmente el Puerto Rico Statehood Council (PRSC, en inglés), que ha destinado millones de dólares al cabildeo en pro de la estadidad. Pero, la SEIU ha presionado también en favor de la reducción de la deuda pública, la medida del gobierno de Biden que elevó a $15 por hora el salario mínimo relacionado a contratos federales y asuntos relacionados con el acceso a programas federales.

“La SEIU entiende que Puerto Rico es una colonia y aboga por el fin del colonialismo”, dijo Ramos Salinas, quien afirmó que “particularmente después del huracán María”, se ha visto un aumento en el activismo en Washington D. C. de grupos de la diáspora y de Puerto Rico. Antes el tema central, señaló, era el status, que divide a los boricuas en Puerto Rico y Estados Unidos. Pero, en momentos en que el gobierno electo está bajo el control de una junta fiscal, cobran relieve también propuestas específicas de política pública, como el debate actual sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y la necesidad de alcanzar soberanía alimentaria.

“Se suman voces que no son solamente los líderes de la diáspora, pues se ha visto una colaboración estrecha con grupos de Puerto Rico que están ligados con esos (reclamos). Es un puente de dos vías y eso no existía antes”, indicó, al señalar que considera que la presión a las autoridades federales “se ha diversificado por el crecimiento de la diáspora en Estados Unidos”.

*actualizada el 15 de diciembre de 2023.