Washington D.C. - La alcaldesa de Kissimmee, la puertorriqueña Jackie Espinosa, fue arrestada este miércoles tras ser acusada de hurto y un esquema de fraude, que le expone a 30 años de cárcel, de ser declarada culpable.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el principal oficial financiero del estado (CFO), Blaise Ingoglia, confirmaron que los cargos se basan en el acceso de tres empresas de su propiedad o de su marido $50,000 del programa municipal Business Boost 2.0, financiado con fondos federales para mitigar la pandemia del Covid-19.

La orden de arresto imputa a Espinosa un cargo de hurto mayor, un delito grave de segundo grado, y un cargo por un “esquema organizado para defraudar”por $50,000 dólares, un delito grave de primer grado.

Las autoridades de Florida indicaron que la alcaldesa, electa en 2024, controlaba el proceso al que se presentó y no divulgó que los fondos solicitados eran para sus empresas o la de su marido.

“Cuando uno forma parte de un programa gubernamental para repartir dinero y luego rellena múltiples solicitudes para recibir dicho dinero, es bastante difícil decir que no sabía lo que estaba haciendo”, indicó el fiscal general Uthmeier, republicano que va a la reelección el 3 de noviembre como jefe del Departamento de Justicia de Florida,

Ingoglia afirmó que el caso “es el equivalente en el gobierno local al tráfico de acciones (del mercado financiero) en el Congreso con información privilegiada”.

Según la fiscalía, Espinosa y familiares presentaron sus solicitudes para las tres empresas de su propiedad o bajo su control, el mismo día de septiembre de 2025. Indicó que fueron de los primeros en solicitar los fondos, dirigidos a asistir a empresas.

En total, solicitaron $50,000, que fueron aprobados y depositados en cuentas vinculadas a la familia Espinosa el 7 de noviembre de 2025, de acuerdo a la acusación.

El informe original de la fiscal especial Mayanne Downs, que primero investigó el caso, detalló que la empresa Adanse LLC, de Espinosa, recibió una subvención de $20,000. Otra compañía de Espinosa, Kissimmee Diner Inc., obtuvo $15,000. Mientras, The Real Estate Gallery LLC, propiedad del esposo de la alcaldesa, recibió $15,000.

El pliego acusatorio indica que el asesor legal del municipio advirtió a Espinosa el 5 de diciembre de 2025, que aceptar los fondos constituía un conflicto de intereses.

Espinosa había sobrevivido un proceso de destitución interno en el Concejo Municipal de la ciudad en torno a estos fondos.

En Kissimmee, destino clave de la emigración boricua a Estados Unidos, cerca de un tercio de los 80,000 residentes de la ciudad son puertorriqueños.

Nacida en Nueva Jersey de padres puertorriqueños, Espinosa, electa en 2024, es dueña de varias empresas, incluido el restaurante Matador y el edificio de oficinas Plaza Espinosa, en el centro de la ciudad.

Espinosa ganó hace dos años una elección no partidista frente al exrepresentante estatal puertorriqueño John Cortés, en segunda vuelta, con cerca del 60% de los votos. La alcaldesa se identifica con los demócratas.

Según la fiscal especial Downs, los $50,000 obtenidos por empresas vinculadas a la familia de Espinosa representaron el 20% de la primera ronda de las subvenciones del programa.

El activista puertorriqueño Jimmy Torres Vélez afirmó este miércoles que el arresto de Espinosa puede ser “otro esfuerzo” de los republicanos por interferir en las elecciones legislativas y estatales de noviembre, al acentuar que el fiscal general es republicano y va a la reelección.

“La única intención es suprimir el voto puertorriqueño”, dijo Torres Vélez, y afectar adversamente la candidatura del congresista demócrata Darren Soto, cuyo distrito 9 de Florida central fue reordenado para favorecer a los republicanos y tiene su base en Kissimmee.

Torres Vélez sostuvo que la prueba de la fiscalía en contra de Espinosa “la tenían hace seis meses”.

“Los que hemos estado cerca de ella le hemos dicho que no fue sabio pedir esos fondos”, pero sostuvo que, luego de fracasar un proceso de destitución en el Concejo Municipal, la radicación de cargos criminales se parece a los esfuerzos de la administración de Donald Trump por investigar a la congresista demócrata Ilhan Omar en Minnesota, con el objetivo de afectar adversamente su reelección.

Pese a que el proceso a nivel de ciudad contra Espinosa quedó a un lado, todavía estaba pendiente una investigación de la Comisión de Ética del estado de Florida, donde se encontró causa probable de que el dinero canalizado a las empresas familiares fuera ilegal.

En tanto, la abogada de la alcaldesa, Migdalia Pérez, sostuvo hace unos meses que Espinosa estaba “plenamente preparada para reembolsar a la ciudad” si se determinara que había cometido alguna falta. Pérez ha insistido en que se trata, si acaso, de faltas éticas, no actuaciones criminales.