Washington D.C. - La Asociación ASPIRA –motor de la educación para miles de inmigrantes– expresó su más firme rechazo a los intentos del presidente Donald Trump de invalidar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, y afirmó que sería revertir el progreso en “la protección de la dignidad humana y la justicia social”.

No solo representa una propuesta inconstitucional, como declaró un juez federal del estado de Washington al frenar temporalmente una orden ejecutiva de Trump, sino que atentaría contra la economía, indicó el presidente de ASPIRA, John Villamil, cuya red educativa –fundada en Nueva York por la educadora Antonia Pantoja– ofrece servicios a decenas de miles de estudiantes, muchos de ellos inmigrantes.

Trump firmó una orden ejecutiva que no solo quiere dejar de reconocer el derecho a la ciudadanía estadounidense, sino el de personas que puedan tener una visa temporal en Estados Unidos.

La enmienda 14 de la Constitución estadounidense garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

“Esta disposición fue diseñada para garantizar que los afroamericanos que fueron esclavizados fueran plenamente reconocidos como ciudadanos estadounidenses. Con el tiempo, se ha convertido en un símbolo del compromiso de Estados Unidos con la igualdad, extendiendo la ciudadanía a los hijos de inmigrantes independientemente del estatus de sus padres”, sostuvo Villamil.

El presidente de ASPIRA indicó que quitarle el derecho a la ciudadanía a los hijos de indocumentados o los que tienen una visa temporal en Estados Unidos dividirá familias, tendrá un fuerte impacto en la economía, socavará la fuerza laboral, restringirá el acceso a la educación superior, a las oportunidades de empleo legal y el atractivo de Estados Unidos para el talento y la mano de obra global.

“Al restringir el acceso a la educación superior y a las oportunidades de empleo legal, la política sofocaría el potencial de millones de personas que de otro modo podrían contribuir a la innovación y al crecimiento económico”, dijo.

También, advirtió sobre la creación de “una subclase vulnerable a la que se le negaría el acceso a los derechos y oportunidades fundamentales”.

“Las comunidades latinas son fundamentales en la economía estadounidense y contribuyen significativamente como consumidores, empresarios y contribuyentes. Eliminar los derechos de ciudadanía marginaría a millones de personas, perpetuaría la pobreza y la privación de derechos. Estas consecuencias exacerbarían las disparidades sociales y económicas existentes, socavando el principio de igualdad de oportunidades que define a la sociedad estadounidense”, agregó.

Villamil instó, por tanto, a los legisladores “a rechazar las propuestas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y, en cambio, centrarse en una reforma migratoria integral que defienda los valores de justicia, igualdad y oportunidad”.

“Los responsables de las políticas deben priorizar las soluciones que aborden las causas fundamentales de los desafíos migratorios sin sacrificar los principios constitucionales ni la dignidad humana. La ciudadanía por derecho de nacimiento es una piedra angular de la democracia estadounidense y una salvaguarda vital de la igualdad y la justicia”, subrayó.