Washington D.C. - La Oficina del Contralor determinó que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) llevó a cabo, el pasado cuatrienio, compras de bienes y servicios por $5,631 sin la autorización que la ley exige de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Al examinar 413 compras entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, la auditoría de la Contraloría encontró que, entre el 10 de junio de 2021 y noviembre de 2023, hubo 16 transacciones en las que no hubo intervención o una delegación temporal de parte de ASG.

Ocho de esas transacciones tuvieron lugar entre el 11 de junio y el 13 de noviembre de 2022, por un total de $3,875. Las otras fueron cinco compras por $935 realizadas entre el 14 y 26 de noviembre de 2023, y tres por $820 que se efectuaron entre el 21 de mayo y el 10 de junio de 2021.

En total, las transacciones examinadas por la Contraloría sumaron $232,067.

En su respuesta, PRFAA mantuvo que se trataron de “microcompras” y que la propia ley de la ASG les exime de solicitar cotizaciones para compras que no excedan los $5,000. Aun así, la Contraloría mantuvo sus señalamientos.

Mientras, al examinar 4,324 comprobantes de pago por $10,048,637, la Contraloría halló nueve comprobantes por $33,148 –que son de entre el 30 de junio de 2022 y el 14 de diciembre de 2022– que no tenían “el sello de preintervención o evidencia escrita de que fueron preintervenidos previo a la autorización para su desembolso”.

Además, “en ocho comprobantes por $19,650, del 5 de marzo de 2021 al 12 de diciembre de 2022, no se incluyó como justificante la orden de compra correspondiente”; “en 6 comprobantes por $9,901, del 5 de marzo de 2021 al 14 de diciembre de 2022, no se incluyó como justificantes las cotizaciones correspondientes”; y “en cuatro comprobantes por $4,863, del 5 de marzo de 2021 al 19 de septiembre de 2022, no se incluyó como justificante la requisición correspondiente”.

“Los funcionarios que actuaron como directora de Administración, Finanzas y Presupuesto y de subdirectora no se aseguraron de que se realizara un proceso adecuado de preintervención de los justificantes correspondientes previo a los desembolsos”, agregó la Contraloría.

El informe sostiene, además, que, el 18 de octubre de 2022, la entonces directora ejecutiva de PRFAA adoptó el plan de clasificación de puestos de libre selección y remoción y de retribución, “sin haber solicitado y obtenido el asesoramiento de la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), según requerido por ley”.

Entre sus recomendaciones, la Contraloría sugirió enmendar la ley para excluir a PRFAA de la aplicación de la Ley 73 de 2019 que regula el funcionamiento de la ASG.

Los señalamientos se refieren a las gestiones de los exdirectores de PRFAA Carmen Feliciano (15 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2023) y Luis Dávila Pernas (20 de marzo de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024).