Washington D.C. - El Caucus Hispano del Congreso exhortó este jueves a los gobiernos estatales y locales a “no ser cómplices” de las “redadas masivas” contra indocumentados que planifica el gobierno de Donald Trump, que temen afecten a los “soñadores”, a trabajadores agrícolas y divida a millones de familias.

Aunque el grupo dio la bienvenida a medidas positivas que controlen la frontera –sin intervención militar–, rechazó el concepto de deportaciones indiscriminadas.

En medio del temor de inmigrantes, e incluso personas con ciudadanía de Estados Unidos que llegaron a este país de la mano de sus padres, el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat (Nueva York), les advirtió que deben conocer sus derechos y que una orden de deportación “no es una orden de allanamiento”.

“Cada ejecutivo tomará su propia decisión. Pero nuestro deseo es que los gobiernos locales no se conviertan en cómplices de estas deportaciones masivas”, dijo Espaillat, natural de República Dominicana y primer congresista en haber vivido en Estados Unidos, cuando era un niño, como inmigrante indocumentado.

En medio del plan de Trump para deportar a “millones de indocumentados”, los miembros del Caucus Hispano hicieron un llamamiento a las autoridades para proteger a los “soñadores” –que llegaron a Estados Unidos sin autorización de la mano de sus padres, cuando eran menores de edad–, a los trabajadores agrícolas y evitar la separación de familias estadounidenses.

Como parte de su énfasis en el tema de inmigración que considera le catapultó hacia una segunda presidencia, Trump –quien declaró una emergencia en la frontera con México y ha hablado despectivamente en general de personas indocumentadas– indicó que el proceso comenzará con la deportación de convictos por delitos.

Hasta el momento, según informes, las redadas que se han dado esta semana han tenido el número usual, nada comparable con un plan masivo.

Los miembros del Caucus Hispano, integrado por 39 demócratas de la Cámara de Representantes y cuatro del Senado, rechazaron, además, el uso de tropas militares para asegurar la frontera con México, y reafirmaron su oposición y preocupación con los esfuerzos para negarles el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de personas indocumentadas o, incluso, de los que puedan tener una visa temporal, sin residencia permanente.

Un juez federal frenó este jueves, en el oeste del estado de Washington, la orden ejecutiva de Trump que intenta retar la Constitución estadounidense.

Al criticar el envío de cerca de 1,500 militares a la frontera con México, Espaillat –quien representa el antiguo barrio puertorriqueño de Manhattan, en Nueva York– sostuvo que “los militares están entrenados para situaciones muy agresivas y belicosas, no necesariamente para el control de multitudes”.

“Por eso, creemos que hay otros tipos de agencias de aplicación de la ley que están entrenadas para eso y que son las más adecuadas para estar en la frontera, y ya están allí”, indicó Espaillat, en una conferencia de prensa en la que estuvieron más de 15 de los integrantes del Caucus Hispano, incluida la congresista boricua Nydia Velázquez (Nueva York) y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien compareció por unos minutos.

Velázquez sostuvo que la mera amenaza de iniciar redadas masivas tiene un impacto en la agricultura, la industria de la construcción y hasta en las escuelas e iglesias, donde el gobierno federal ha dicho que intervendrá.

“Los inmigrantes han hecho este país lo que es”, dijo Velázquez, al pedirle a la opinión pública que mire el origen de los legisladores latinos que estaban en la conferencia de prensa.

Velázquez rechazó, además, el argumento de la administración Trump que busca hacer cumplir la ley.

“Mientras los republicanos afirman que estas deportaciones destructivas se llevan a cabo en nombre de la ley y el orden, también acaban de liberar a cientos de criminales violentos, como Enrique Tarrio y Stewart Rhodes, y a cientos de personas que fueron condenadas por agredir a agentes de la Policía el 6 de enero de 2021... Así que no vengan a hablarnos de seguridad y protección de las comunidades”, indicó Velázquez, la decana del Caucus Hispano.

El vicepresidente de todo el caucus demócrata, Ted Lieu (California), quien es el número cuatro de la minoría y nació en Taiwán, advirtió que el plan de deportaciones masivas puede impactar negativamente a muchos ciudadanos estadounidenses. Lieu recordó que ni el certificado de nacimiento ni la licencia de conducir precisa si un residente en este país es ciudadano estadounidense.

La congresista Norma Torres (California) acentuó, por su parte, que el 73% de los trabajadores agrícolas no son nacidos en Estados Unidos.

“La gran mayoría de los inmigrantes indocumentados son personas trabajadoras, que han pagado impuestos y contribuido a la sociedad estadounidense, algunos durante décadas”, dijo el congresista Joaquín Castro, quien es el vicepresidente de Diversidad e Inclusión del Caucus Hispano.

Muchos miembros del Caucus Hispano también han denunciado el proyecto Laken Riley aprobado por el Congreso, que ahora espera por la firma de Trump, que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detener a todo indocumentado que sea arrestado por delitos que incluyen robo, hurto y agresión a un agente del orden público.

En un mensaje en el hemiciclo, el miércoles, la boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) advirtió que la medida tendrá como consecuencia la creación de campos de concentración en manos privadas, y afirmó que detrás de la legislación hay intereses económicos de empresas que donan a congresistas.

“Cuando se abre un campo de prisioneros privado en tu ciudad y dicen: ‘no sabíamos que esto iba a pasar’, debes saber que lo sabían y que votaron por ello”, señaló Ocasio Cortez.