Washington D.C. - Un grupo de 35 miembros del Caucus Hispano del Congreso solicitó al presidente Joe Biden que ordene al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) desclasificar los archivos sobre la vigilancia y persecución en contra de latinos vinculados al movimiento pro derechos civiles.

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Los legisladores –incluidos el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y las congresistas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey)– se sumaron al reclamo de información hecho en marzo de 2024 por sus colegas demócratas Joaquín Castro (Texas) y Jimmy Gómez (California), que originalmente también incluyó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés).

La CIA divulgó en diciembre 55 documentos, que incluyeron un memorando en el que reconocen –en respuesta a una petición de 1975 del entonces congresista demócrata Ronald Dellums (California)– que sus agentes vigilaban al movimiento independentista puertorriqueño. Pero, el FBI no ha respondido a la petición de Castro y Gómez.

“El FBI no ha proporcionado un cronograma para la publicación de ningún documento ni se ha comprometido a publicar nada nuevo, sino que ha ordenado a los miembros del Congreso que presenten una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información. Esto es particularmente preocupante dado el papel histórico del FBI en la vigilancia de los movimientos por los derechos civiles, incluido el movimiento por los derechos civiles de los latinos”, indicaron los miembros del Caucus Hispano, en la carta a Biden, con fecha del 8 de enero.

Los congresistas indicaron que “el movimiento por los derechos civiles de los latinos tuvo lugar durante un período crucial en la historia de nuestra nación, marcado por la lucha por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los estadounidenses”.

“Durante este tiempo, el FBI y la CIA utilizaron su autoridad para monitorear, infiltrar y perturbar de manera inapropiada las actividades pacíficas de los ciudadanos estadounidenses. Gran parte de esta vigilancia es un asunto de registro público a través de informes de prensa y divulgaciones anteriores del gobierno de Estados Unidos, pero entendemos que muchos documentos de este período siguen sin publicarse”, agregaron.

La carta del Caucus Hispano del Congreso está firmada también por el presidente del grupo, el congresista Adriano Espaillat (Nueva York), los senadores Alex Padilla (California) y Ben Luján (Nuevo México), y los congresistas Raúl Grijalva (Arizona), Raúl Ruiz (California), Jesús “Chuy” García (Illinois), Delia Ramírez (Illinois) y Maxwell Frost (Florida), entre otros.

Mientras, el documento –con fecha del 14 de agosto de 1978– en el que la CIA responde al entonces congresista Dellums, quien favoreció la independencia para Puerto Rico, la oficina federal indica que, bajo su programa MHCHAOS o CHAOS, “varios activos en el extranjero fueron encargados de proporcionar cualquier información sobre vínculos extranjeros con el movimiento de independencia de Puerto Rico”.

Luego, el exfiscal federal Ignacio Rivera, quien estuvo en la CIA asignado a Europa, señaló que esa agencia federal, pese a que se supone no opere en territorio estadounidense, tuvo oficinas en Puerto Rico, por lo menos, entre 1971 y 1976.

Mientras, un documento del gobierno de Puerto Rico, de mediados de la década de 1970, alude a una célula clandestina de la CIA, formada por “cuatro puertorriqueños y cuatro exiliados cubanos”, a la que el Departamento de Justicia boricua consideró responsable de la detonación de una bomba en los alrededores de la plaza pública de Mayagüez, durante la conmemoración, por el Partido Socialista Puertorriqueño, del natalicio de Eugenio María de Hostos, el 11 de enero de 1975, suceso que provocó dos muertes.

El documento de Justicia –con fecha del 28 de agosto de 1975 y dirigido al entonces gobernador Rafael Hernández Colón– fue hallado por el educador Erick Figueroa Hernández en el Archivo General de la isla. El informe del entonces director de la División de Investigaciones Especiales, José Nolla, a Hernández advierte que obtuvo “información confidencial en el sentido de que la CIA tiene un grupo operacional en el oeste de Puerto Rico”.