Washington D.C.- - Los cargos criminales federales en contra del expresidente Donald Trump han quedado en pausa, camino a su desaparición, tras ser electo la semana pasada a un nuevo término, en momentos en que espera a ser sentenciado por haber hecho registros comerciales falsos en un caso estatal en Nueva York.

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Los dos casos criminales estatales –su convicción por registros comerciales falsos en Nueva York y el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia– pueden seguir activos, aunque nadie espera que pongan en riesgo la libertad del presidente electo.

El fiscal especial Jack Smith solicitó al Tribunal un freno en los casos federales que están bajo su jurisdicción, y lo obtuvo, con el propósito de evaluar qué hacer ante el hecho de que Trump ganó la Casa Blanca, no puede ser enjuiciado como presidente y su próxima administración buscaría retirar los cargos.

Por tal razón, según los expertos, se da por sentado que los casos federales terminarán, sea porque Smith decida engavetarlos o dejarlos en pausa para que sea el próximo secretario de Justicia, nombrado por Trump, el que los desestime.

Trump había prometido despedir a Smith –llegó a hablar de sacarlo del país, como si pudiera deportarlo– si era electo, como ocurrió, el pasado 5 de noviembre. El próximo secretario de Justicia, con toda seguridad, concurrirá con Trump en desestimar todo cargo federal en su contra.

Smith, como fiscal especial independiente nombrado por el secretario de Justicia de Estados Unidos, llevó los cargos contra Trump en Washington D.C. por intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, y obstruir –al incitar el acto de insurrección contra el Congreso– un acto oficial: la certificación de los votos del colegio electoral que le dieron la victoria hace cuatro años al presidente Joe Biden.

“El gobierno solicita, respetuosamente, que el Tribunal anule los plazos restantes en el cronograma previo al juicio para darle tiempo al gobierno para evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir de acuerdo con la política pública del Departamento de Justicia”, indica la moción presentada por la oficina de Smith.

La jueza Tanya Chutkan, del Tribunal Federal del distrito de Washington D.C., concedió la solicitud de Smith de dejar en suspenso todos los plazos pendientes del caso judicial.

El otro caso federal, relacionado con llevarse documentos clasificados a su casa, había sido desestimado por una jueza de Miami, Florida, después de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que concedió amplia inmunidad al presidente de Estados Unidos por actos relacionados a su función oficial, pero bajo el argumento, planteado por la defensa de Trump, de que el nombramiento de Smith fue inconstitucional.

Smith apeló el caso, que sigue pendiente.

“Son aguas inexploradas”, dijo el abogado y analista puertorriqueño Phillip Escoriaza, quien trabaja en Washington D.C. para el bufete Feldesman Leifer, al indicar que Smith tiene la opción de pedir desestimar los casos o dejarlos en suspenso para el próximo secretario de Justicia. En ambas situaciones, la desestimación es inevitable.

Al constitucionalista Carlos Ramos González, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, le parece que cerrar los casos federales será el curso de acción, ya sea por decisión del fiscal, una petición de la defensa de Trump o porque el próximo Departamento de Justicia lo decida.

“Los casos estatales pendientes siguen fuera del alcance del gobierno federal y, por ende, del Trump convicto, acusado, electo o presidente juramentado”, sostuvo Ramos González.

José Javier Colón Morera, abogado y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico (UPR), prevé que todos los casos, incluidos los estatales, de alguna forma se apagarán. “Toda la tendencia va a ser ahora a favorecer al presidente. Los casos que estén pendientes (a nivel estatal) se van a dejar a un lado hasta que termine la presidencia”, dijo Colón Morera, en entrevista en el pódcast Desde Washington, de El Nuevo Día.

En su única convicción hasta el momento, Trump tiene previsto ser sentenciado, el 26 de noviembre, luego de ser hallado culpable en 34 cargos criminales por registros falsos para esconder pagos a la exactriz de películas para adultos Stormy Daniels, con quien habría tenido relaciones sexuales extramaritales.

La defensa de Trump solicitó que la sentencia se aplazara hasta esa fecha, a lo que accedió el juez Juan Merchán. El juez Merchán ha tenido previsto, además, decidir el martes si este caso estará impactado por la decisión del Tribunal Supremo estadounidense del verano pasado.

Trump se enfrenta a un máximo de cuatro años de prisión, pero puede recibir una sentencia que no involucre cárcel. “Me inclino a que el juez no va a encerrarlo”, dijo Escoriaza.

Tanto Escoriaza como Colón Morera no descartan que, en el caso de Nueva York, se le imponga una multa a Trump.

En cualquier caso, la sentencia también puede ser aplazada para cuando Trump deje la presidencia –entonces, tendrá 82 años–, o una “especie de probatoria”, indicó el profesor Ramos González.

En Georgia, Trump está acusado de ocho cargos criminales por intentar revertir el resultado de las elecciones en ese estado, con su infame llamada telefónica al entonces secretario de Estado para que le consiguiera unos 11,000 votos.

En ese caso, la defensa de Trump todavía intenta descalificar a la fiscal Fani Willis. Los argumentos orales han estado programados para el 5 de diciembre.

“El caso de Georgia puede ser más complicado, pues los hechos se relacionan con los eventos del 6 de enero. No hay autoridad federal para detenerlo o desestimarlo. Pero pienso hay mucha presión política para que el propio estado proceda a hacerlo, todo bajo la teoría de ‘sanar la nación’ y comenzar de nuevo”, sostuvo el constitucionalista Ramos González.

Según el experto en derecho, los procesos están en “arena movediza y novel”.

“Nada es seguro. El presidente electo no confía en el ‘estado de derecho’, salvo para proteger sus propios intereses personales, políticos (y) económicos. Tratarán de superar todos los límites. Se las va a jugar todas para eliminar todos los casos”, indicó el profesor Ramos González, quien considera que Estados Unidos ve el comienzo de “un gobierno autocrático o la transfiguración, mutación, de la democracia estadounidense”.