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Cinco demócratas del Congreso, liderados por Nydia Velázquez, solicitaron al Departamento de Justicia federal que envié observadores a Puerto Rico para supervisar si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cumple con las leyes federales de derecho al voto de cara a las elecciones puertorriqueñas de noviembre, tras irregularidades recientes.

Los congresistas solicitaron, además, que la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés), que funciona de forma independiente, “audite de inmediato, mediante un examen detallado de los estados financieros y cuentas de la CEE, el uso que la CEE ha hecho de los $6.9 millones que ya ha recibido en fondos federales para cumplir con las restricciones de la ley de ayuda al voto (”HAVA”, según sus enmiendas).

“Debido a que este ciclo electoral ya se ha visto empañado por numerosas denuncias de fraude, irregularidades e intentos de diluir el derecho al voto de una proporción considerable del electorado local (ciudadanos estadounidenses por nacimiento), el gobierno federal debe hacer lo correcto por el pueblo de Puerto Rico, lo que en este contexto significa defender su derecho fundamental al voto de acuerdo con las salvaguardas y garantías consagradas en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos”, indicaron, en una carta, en la que sostienen que “hacer lo correcto por Puerto Rico en el momento actual debe significar necesariamente proteger su frágil democracia”.

La misiva, firmada por los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Raúl Grijalva (Arizona), Delia Ramírez (Illinois) y Grace Meng (Nueva York), está dirigida a la secretaria adjunta de Justicia para Derechos Civiles, Kristen Clarke, y la directora ejecutiva de la EAC, Briana Schletz.

Los legisladores aludieron al código electoral de 2020, aprobado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), el cual consideran “destruyó de inmediato el equilibrio institucional” histórico entre los partidos políticos inscritos en el archipiélago puertorriqueño y a los problemas ocurridos con el voto adelantado en las elecciones de ese año.

“La negligencia y la mala gestión colosal de la CEE en las elecciones territoriales de 2020 están bien documentadas. Surgió un escándalo relacionado con la votación adelantada en la Unidad 77, donde se detectaron 184 maletas que contenían miles de papeletas no contadas y sin supervisión. Una auditoría de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) encontró posteriormente que la CEE había certificado 838,559 papeletas, mientras que tenía 894,958 en inventario físico, lo que refleja un déficit de 56,399 papeletas (nótese que la elección de gobernador de 2020 se decidió por menos de 20,000 votos)”, agregaron los congresistas.

También advirtieron sobre los tropiezos ocurridos con máquinas de votación “que no podían leer las papeletas debido a un mantenimiento y calibración deficientes”. “Como era de esperar, la OIG descubrió que la CEE no había capacitado a un número considerable de personal encargado del procesamiento de los votos anticipados y de los votos en ausencia”, agregaron.

En camino a estas elecciones, aludieron al informe de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (“UNIORE”) sobre las primarias del 2 de junio, en la que notaron escasez de personal, mal funcionamiento de máquinas electorales y falta de protección sobre el secreto del voto. UNIORE también señaló la lentitud con el recuento, tras apagones, y la existencia de material de votación desatendido y mal organizado.

Además hicieron alusión al envío por un chat de WhatsApp de información confidencial de la abogada Mayra López Mulero, por parte de una funcionaria de la CEE vinculada al PNP.

“Esta violación pone en duda la capacidad del sistema electoral puertorriqueño para proteger la información sensible de los votantes y potencialmente desalienta a otros a registrarse para votar por temor a que sus datos personales también puedan ser mal manejados o filtrados a terceros en represalia por su oposición al PNP. La extensa lista de irregularidades de la CEE es inaceptable y pone en duda la legitimidad general del sistema electoral, lo que plantea más preguntas que respuestas”, señalaron.

Consideraron además inaceptable que la CEE tuviera aún disponible el 30 de septiembre de 2023 $6.95 millones asignados por medio de la ley HAVA.