La congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois) dio a conocer, este jueves, una resolución que propone al pleno de la Cámara de Representantes atender las consecuencias del “hueco tributario” que representa la antigua ley 22 de Puerto Rico, que –considera– ha sido aprovechada por millonarios estadounidenses para evadir impuestos federales y perjudicado a los ciudadanos de la isla.

“Se resuelve que la Cámara de Representantes actuará rápidamente para minimizar las pérdidas de ingresos de los gobiernos federal, estatales y territoriales, y el uso ilícito de los regímenes tributarios paralelos federal y de Puerto Rico para evitar la tributación de Estados Unidos”, sostiene la resolución, sobre la que Ramírez, quien representa el barrio boricua de Chicago, habló en entrevista con El Nuevo Día.

Con el respaldo de sus colegas puertorriqueñas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York, la medida de Ramírez tiene como título “Unidos con los Puertorriqueños Opuestos a los Riesgos de la Ley 22 (UPROAR, por sus siglas en inglés, que pueden traducirse como “fuerte protesta”).

Bajo la antigua ley 22 –que ahora es parte de la Ley 60 de 2019–, el gobierno de la isla otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012, y que decidan mudarse, al menos, 183 días al año.

Según la resolución, la llegada de “estadounidenses ricos que buscan exenciones fiscales ha saturado el mercado inmobiliario, lo que ha hecho subir los precios de las viviendas y ha reducido la disponibilidad para los residentes a largo plazo, como lo demuestra el hecho de que el condominio promedio de dos habitaciones podría cotizarse por $130,000 más en 2022 que en 2017″.

También, sostiene que, al parecer, “el número de residentes de Estados Unidos que se mudan a Puerto Rico para recibir los beneficios de la ley 22 ha crecido significativamente”, al sostener que “el total de beneficiarios aumentó de 3,146 a fines de 2020 a 5,010 a principios de 2023, un alza de casi 60%”.

“Tenemos que asegurarnos que sea una prioridad eventualmente cambiar eso… queremos ver que el IRS (Servicio de Rentas Internas federal) haga el trabajo necesario para asegurar que no siga utilizándose la ley 22 para no pagar impuestos y sacar a los puertorriqueños de sus propiedades”, dijo Ramírez a este medio, vía telefónica, previo a una conferencia de prensa, en Chicago.

La medida expone que el pueblo de Puerto Rico debe tener “el poder de ejercer su derecho a la libre determinación, incluida la autoridad para crear políticas públicas que protejan y preserven su cultura y la isla misma”.

En ese sentido, Ramírez dijo que presenta una resolución y no un proyecto de ley, por entender que aún está en busca de información, en espera de las investigaciones del IRS, y en busca de hacer un llamamiento a Puerto Rico para que tome acción y derogue el lenguaje de la antigua ley 22.

“La resolución nos permite poner en récord cuán importante esto es”, agregó, al indicar que, aunque puede requerirse una mayoría demócrata en 2025 para considerar este tipo de medida, republicanos y demócratas pueden coincidir en temas que buscan evitar lagunas y huecos tributarios.

La resolución advierte, además, que, durante la vigencia de la ley 22, la población boricua se redujo en 11.8%.

El IRS ha tenido bajo investigación criminal a un centenar de beneficiarios de la antigua ley 22 que pudieran haber evadido contribuciones federales. Velázquez y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden (Oregón), han liderado esfuerzos para que el IRS acelere esas investigaciones.

Mientras, más de una docena de demócratas del Congreso se han solidarizado este año con los reclamos para que las autoridades de Puerto Rico o el propio Congreso pongan fin al hueco tributario de la antigua ley 22. La legislación también ha sido rechazada por los Concejos Municipales de Chicago (Illinois) y San Luis (Misuri).

Grupos de la diáspora han respaldado que se enmiende la sección 933 del Código de Rentas Internas federal, para que solo los nacidos en Puerto Rico o de origen puertorriqueño estén excluidos, de cara al futuro, del pago de contribuciones federales sobre ingresos. En Puerto Rico, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, y el alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago –ambos electos por el Partido Popular Democrático, han apoyado esos esfuerzos.

Al hacer su anuncio, Ramírez contó con el respaldo de la concejal municipal del barrio boricua de Chicago, Jessie Fuentes; el representante estatal Lilian Jiménez; y organizaciones como Power4PuertoRico, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, el Museo Nacional para las Artes y la Cultura Puertorriqueña, Puerto Rican Agenda y la coalición Hispanic Housing.

“La resolución pide, con razón, que se tomen medidas rápidas para minimizar las pérdidas de ingresos y frenar el uso de los regímenes fiscales federales y puertorriqueños para la evasión fiscal. Esta acción es esencial no solo para la salud financiera de nuestros gobiernos locales y federales, sino también para la dignidad y la estabilidad del pueblo puertorriqueño, que merece una economía que satisfaga sus necesidades. Es importante destacar que la resolución también destaca la soberanía de Puerto Rico para crear sus propias políticas”, indicaron, por su parte, otro grupo de organizaciones, encabezadas por Popular Democracy, en una carta enviada a Ramírez.

La carta está firmada también por las organizaciones Construyamos Otro Acuerdo, Ayuda Legal Puerto Rico, Sembrando Sentido, Coalición Puerto Rico No Se Vende, Vamos Puerto Rico, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Mi Patria, Boricuas Unidos en la Diáspora, New York Communities for Change, Vocal New York, Churches United for Fair Housing y Hedge Clippers.