Washington D.C. - La delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, afirmó este fin de semana que planteó en el hemiciclo la falta de derechos políticos de los delegados de los territorios y Washington D.C., para acentuar que “Estados Unidos tiene un problema de territorios y colonias”.

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Plaskett consumió un turno durante la votación en la Cámara de Representantes que permitió reelegir al republicano Mike Johnson como presidente, para que se hiciera constar que los delegados de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte, Samoa americana, Guam y Washington D.C. estaban excluidos de esa votación.

Los congresistas demócratas se levantaron a aplaudir. Los republicanos se quedaron sentados, sin endosar el mensaje de Plaskett.

“En mi función de representante del distrito congresional feneral de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, me he basado en el trabajo de mi predecesora, (Donna) Christensen, y de numerosos gobernadores de las Islas Vírgenes para desafiar la dependencia de Estados Unidos de los casos insulares para justificar un marco legal racista y colonial para los territorios”, indicó Plaskett en un comunicado de prensa.

Por medio de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció el status de territorios no incorporados, como Puerto Rico, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con esa jurisprudencia, los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

A finales de mayo de 2024, bajo presión de 43 miembros del Congreso y organizaciones pro derechos civiles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que toma medidas para asegurar que sus litigantes descartan plenamente utilizar la jurisprudencia racista de los Casos Insulares como defensa en controversias judiciales referentes a los territorios estadounidenses.

Al responder a los miembros del Congreso que reclamaron eliminar de las argumentaciones del Ejecutivo federal la teoría de los Casos Insulares sobre la incorporación o no incorporación territorial, el secretario adjunto de Justicia para Asuntos Legislativos, Carlos Felipe Uriarte, afirmó que el Departamento de Justicia tiene ya como política pública condenar “inequívocamente la retórica y el razonamiento racista” de esa jurisprudencia del primer cuarto del siglo pasado.

En su carta a los miembros del Congreso –encabezados por el entonces líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva (Arizona), y la delegada Plaskett–, Uriarte sostuvo que su departamento “comparte sin ambigüedades su opinión de que tal razonamiento y retórica son irreconciliables con los principios fundacionales estadounidenses de igualdad, justicia y democracia”.

En marzo de 2024, 43 legisladores federales –15 senadores y 28 miembros de la Cámara baja– hicieron un llamamiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que “rechace inequívocamente” la doctrina racista de la jurisprudencia de los Casos Insulares e incentive acabar con la situación colonial de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.

“El sistema colonial establecido por los Casos Insulares se basó en el juicio del Tribunal (Supremo de Estados Unidos) de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a estadounidenses blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para las protecciones de la Constitución, el autogobierno o la autodeterminación”, indicaron los legisladores, en la carta que enviaron al secretario de Justicia, Merrick Garland.