Washington D. C. - La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud de Estados Unidos emitió una denuncia de violación de derechos civiles en contra del hospital San Juan Capestrano, tras determinar que discriminó en contra de una persona sorda que se sometió a una evaluación psiquiátrica.

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De acuerdo con la investigación de la Oficina de Derechos Civiles, el paciente necesitaba un intérprete de lenguaje de señas para comunicarse de forma eficaz de cara a una evaluación psiquiátrica ordenada por un tribunal.

Pero, el hospital puertorriqueño, ubicado en San Juan y propiedad de Acadia Healthcare, se limitó a utilizar notas escritas a mano, gestos y lectura de labios, pese a que sus récords indican que tenía conocimiento de la discapacidad del paciente y que utilizaba el lenguaje de señas como principal forma de comunicación.

El hospital San Juan Capestrano tendrá ahora 30 días para responder a una carta cursada por Salud federal en la que notificó sus hallazgos tras la investigación solicitada por el paciente. El hospital tiene, a su vez, 60 días para llegar a una transacción con la Oficina de Derechos Civiles.

“Los pacientes que son sordos o tienen dificultad de audición deben recibir el mismo nivel de comunicación que los pacientes sin discapacidades auditivas”, indicó la directora de la Oficina de Derechos Civiles, Melanie Fontes Rainer, en declaraciones escritas.

Según Salud federal, si la institución hospitalaria no llega a un acuerdo con el gobierno federal, se expondrá a sanciones administrativas u otras acciones “autorizadas por ley”. Las sanciones contra el hospital, que recibe fondos de Medicaid y Medicare, pueden incluir la pérdida de acceso a asistencia financiera federal.

“Una carta de hallazgos y notificación de violación es algo muy serio. Con ella, esperamos que el hospital aborde nuestras inquietudes y trabaje para mejorar esta conducta, para que nunca vuelva a suceder. El acuerdo de conciliación describe las medidas que debe adoptar el hospital para remediar estas infracciones”, agregó Fontes Rainer, al responder, por escrito, preguntas de El Nuevo Día.

Al notificar sus hallazgos, la Oficina de Derechos Civiles advirtió que “el uso de notas escritas a mano, gestos y lectura de labios por parte del hospital fue insuficiente, dada la complejidad de las comunicaciones necesarias para realizar una evaluación psiquiátrica y la importancia central de la comunicación en dicha evaluación”.

Las denuncias están dirigidas a reclamar mejoras en el acceso a los servicios de salud y la comunicación con personas sordas o con problemas auditivos, según esa oficina.

“La Oficina de Derechos Civiles continuará haciendo cumplir rigurosamente las leyes y regulaciones para fortalecer el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidades y garantizará la equidad y la no discriminación en el cuidado de la salud y los servicios humanos”, agregó Fontes Rainer.

La funcionaria recordó que, en junio pasado, su oficina obtuvo “un compromiso del Departamento de la Familia de Puerto Rico para implementar acciones correctivas para asegurar una comunicación efectiva para las personas con discapacidades, con base en quejas que alegaban que el Departamento de la Familia no había proporcionado intérpretes de lenguaje de señas a los padres sordos durante la investigación y remoción de sus hijos menores por parte de la agencia”.

“El Departamento de la Familia se ha comprometido a implementar numerosas acciones correctivas relacionadas con su provisión de ayudas y servicios auxiliares”, agregó.