Washington D.C. - Miles de empleados federales en probatoria –un grupo que puede superar los 220,000 trabajadores– van a ser despedidos, de acuerdo con la más reciente orden de la administración del presidente Donald Trump para achicar el tamaño y tomar mayor control del gobierno de Estados Unidos.

En momentos en que la administración Trump ha anunciado que sobre 75,000 empleados aceptaron una oferta de renuncia anticipada, el cese de trabajadores que pueden llevar generalmente menos de un año en sus puestos de trabajo –aunque en algunas agencias el período de prueba puede ser de hasta dos años– es la nueva herramienta para reducir la nómina gubernamental.

La Oficina de Administración de Personal (OPM, en inglés) no ha dado detalles sobre dónde están localizados los más 75,000 empleados que aceptaron la oferta de renuncia, que se supone sea efectiva al terminar septiembre y le permita, en gran medida, a esos trabajadores estar en licencia con sueldo.

En promedio, cada año, unos 144,000 empleados se retiran del gobierno federal, que tiene sobre 2 millones de trabajadores.

En Puerto Rico, hay cerca de 13,000 empleados federales.

La propia OPM confirmó que ha despedido empleados en probatoria, que evidentemente se trata de trabajadores contratados durante la administración del expresidente Joe Biden.

“El período de prueba es una continuación del proceso de solicitud de empleo, no un derecho a un empleo permanente”, indicó un portavoz de OPM.

La Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE, en inglés) indicó que combatirá los despidos.

“Esta administración ha abusado del período de prueba para llevar a cabo una ola de despidos masivos motivados políticamente, apuntando a los empleados no por su desempeño, sino porque fueron contratados antes de que Trump asumiera el cargo”, dijo el presidente de AFGE, Everett Kelley.

El líder sindical sostuvo que “estos despidos no se deben a un desempeño deficiente; no hay evidencia de que estos empleados fueran otra cosa que servidores públicos dedicados”.

“Se trata de poder. Se trata de desmantelar el gobierno federal, silenciar a los trabajadores y obligar a las agencias a someterse a una agenda radical que prioriza el favoritismo sobre la competencia”, agregó Kelley.

Mientras Trump y su asesor especial Elon Musk, el multimillonario que lidera la comisión denominada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), buscan desmantelar programas y agencias federales, el Congreso ha comenzado a preparar la base de los recortes fiscales que considera necesarios para renovar las bajas tasas tributarias de la reforma contributiva de 2017 y otras prioridades del inquilino de la Casa Blanca.

El jueves en la noche, la mayoría republicana del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó una resolución que ordenaría recortes fiscales de entre $1.5 billones (trillions, en inglés) y $2 billones durante la próxima década.

Sin proveer detalles por el momento sobre dónde se harían los recortes, la resolución, que debe ir al pleno cameral a finales de febrero, serviría de guía para la agenda de Trump y los republicanos hacia un proyecto de reconciliación fiscal que puede provocar recortes en programas sociales, como Medicaid.

La Cámara baja inició el jueves un receso legislativo hasta el 24 de febrero.

La resolución republicana propone $4.5 billones en recortes tributarios por medio de la renovación de la reforma contributiva de 2017, que otorgó amplios alivios a las corporaciones.

La resolución original –que persigue financiar las prioridades de Trump, como la deportación de indocumentados y la construcción de un muro en la frontera con México– proponía recortes de, al menos, $1.5 billones.

Tras las quejas de conservadores como Ralph Norman (Carolina del Norte) y Chip Roy (Texas), miembros del Comité de Presupuesto y del Freedom Caucus, el liderato republicano aceptó una enmienda que impone como meta que los recortes presupuestarios alcancen $2 billones.

Por cada dólar debajo de los $2 billones, el liderato republicano tendrá que reducir la misma cantidad en el costo de los alivios contributivos aprobados hace ocho años, que se quieren renovar antes de concluir 2025, según el acuerdo con el Freedom Caucus.

El miércoles, el Comité de Presupuesto del Senado dio el visto bueno a su propia resolución de presupuesto –en votación partidista 11 a 10–, que busca $342,000 millones en nuevas asignaciones durante cuatro años e igual número de recortes.

Bajo el plan de la mayoría republicana del Senado, se requeriría un segundo proyecto de reconciliación fiscal este año para reautorizar los recortes de 2017 en las tasas tributarias.