Washington D.C. - Las decisiones del presidente Donald Trump de liberar o tachar cargos a cerca de 1,500 arrestados por el ataque del 6 de enero de 2021 al Congreso y tratar de evitar que los hijos de indocumentados tengan, prospectivamente, acceso a la ciudadanía estadounidense, son dos de sus primeras acciones que más han avivado las críticas de la oposición.

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Como parte de las órdenes ejecutivas de su primer día en la Casa Blanca, Trump conmutó la sentencia de 14 convictos por el acto de insurrección de hace cuatro años, indultó a todos los demás convictos y dio instrucciones al Departamento de Justicia para desestimar los casos pendientes.

Poco después de tomar posesión, tras su discurso de investidura, Trump había vuelto a llamar “rehenes” a los arrestados por un ataque que buscó evitar el conteo de los votos del colegio electoral de las elecciones presidenciales de 2020, y el cual generó que la Cámara de Representantes y el ahora ex fiscal especial Jack Smith le imputara incitar a la insurrección contra el Congreso.

Los 14 que recibieron conmutaciones de sentencia son miembros de los grupos de extrema derecha Oath Keeper y Proud Boys. Al líder de Oath Keepers, Steward Rhodes, se le conmutó la sentencia. Pero, Trump indultó al expresidente de Proud Boys Henry “Enrique” Tarrio.

Trump esperaba que los beneficiados por su orden ejecutiva comenzaran a salir anoche de prisión.

“Donald Trump está marcando el comienzo de una era dorada para las personas que violan la ley e intentan derrocar al gobierno”, sostuvo el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), al aludir a la consigna principal del mensaje de investidura del presidente estadounidense, marcado por el nacionalismo, el neoimperialismo y la grandilocuencia.

El expolicía de Washington D.C. Michael Fanone – uno de los agentes que fue atacado el 6 de enero de 2021 por las turbas de seguidores de Trump- afirmó en CNN que se siente traicionado por los electores del presidente estadounidense, pues “sabían que esto iba a suceder”.

La congresista y exspeaker Nancy Pelosi (California) afirmó que los indultos y clemencias a las turbas asociadas a Trump “son un insulto escandaloso a nuestro sistema de justicia y a los héroes que sufrieron cicatrices físicas y traumas emocionales mientras protegían el Capitolio, el Congreso y la Constitución”.

La semana pasada, el vicepresidente JD Vance dijo a la cadena de televisión Fox que los que fueron convictos por actos de violencia el 6 de enero de 2021 no debían ser indultados. “Si usted protestó pacíficamente el 6 de enero y el Departamento de Justicia (del secretario) Merrick Garland lo trató como a un miembro de una pandilla, debería ser indultado. Si usted cometió actos de violencia ese día, obviamente no debería ser indultado”, indicó Vance.

En momentos en que se espera que inicie su plan para “deportar millones de indocumentados”, Trump incluyó entre sus medidas ejecutivas una que persigue dejar de reconocer prospectivamente como ciudadanos estadounidenses a hijos de indocumentados.

Pero, la orden ejecutiva, además, quiere dejar de extender automáticamente la ciudadanía estadounidense a los hijos de madres que tenían un permiso temporal – visas de estudiante, trabajo o turista-, “y el padre no era ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) impugnó en los tribunales, el mismo lunes en la noche, la orden de Trump. “Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses”, dijo el puertorriqueño Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.

Y el martes 18 estados, además de las ciudades de San Francisco (California) y Washington D.C., presentaron en el Tribunal Federal de Massachusetts otra demanda para frenar la implantación de la orden ejecutiva.

El liderato del Caucus Hispano del Congreso expresó que esa orden del presidente Trump es un intento “antiestadounidense e inconstitucional”, y “un truco político diseñado para avivar el sentimiento antiinmigrante”.

“No hace nada para impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos ni para fortalecer nuestra nación”, sostuvo, al señalar que la enmienda 14 de la Constitución es clara en que “‘todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a sus jurisdicciones, son ciudadanos de los Estados Unidos’”.

Las órdenes ejecutivas de Trump en cuanto a inmigración incluyen declarar una emergencia en la frontera con México, el uso de tropas militares para asegurar la frontera, suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses y ordenar al secretario de Justicia que solicite la pena capital para convictos de asesinar a agente de la ley y el orden, y por delitos capitales cometidos por inmigrantes indocumentados.

Los republicanos han aplaudido las iniciativas de Trump sobre inmigración. Al comentar la iniciativa de para fortalecer la seguridad en la frontera, el presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), afirmó que “los estadounidenses votaron abrumadoramente por el presidente Trump porque quieren que se restablezca la seguridad en todo nuestro país”.