Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un memorando al secretario del Departamento del Tesoro con el propósito de desvincular a su administración de los esfuerzos en favor del Impuesto Mínimo Global (IMG), lo que debe provocar que las autoridades de Puerto Rico continúen en compás de espera antes de actuar sobre ese asunto.

Al mismo tiempo, Trump solicitó a la agencia federal, en consulta con el Representante Comercial de Estados Unidos, que le presente una lista de recomendaciones sobre “medidas de protección u otras acciones” si algún país “no cumple con algún tratado fiscal con Estados Unidos o tiene normas fiscales vigentes, o es probable que establezca normas fiscales, que sean extraterritoriales o afecten desproporcionadamente a las empresas estadounidenses”.

El IMG ha sido impulsado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y es parte de una serie de esfuerzos más amplios dirigidos a eliminar los llamados paraísos fiscales, evitar la competencia contributiva, prevenir actividades ilícitas y fortalecer los sistemas financieros a nivel global.

Unos 140 países se han comprometido a aprobar una tasa contributiva mínima de 15% a corporaciones multinacionales con ingresos anuales que superen unos $800 millones y sobre 50 países ya cuentan con leyes vigentes acerca del IMG, entre ellos, socios comerciales principales, potencias económicas o países que se considerarían aliados de Estados Unidos, entre ellos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y España. De igual forma, competidores de Puerto Rico como Irlanda, han adoptado la medida.. La iniciativa tuvo el respaldo de la administración de Joe Biden.

“Este memorando recupera la soberanía y la competitividad económica de nuestra nación al aclarar que el acuerdo fiscal global no tiene fuerza ni efecto en los Estados Unidos”, indica la acción tomada por Trump, en el primer día de su segunda administración.

Las autoridades de Puerto Rico han estado pendientes de la decisión del gobierno de Trump antes de determinar cómo responder al IMG de 15%, el cual era favorecido por la administración anterior, pero cuya propuesta no llegó ser ratificada por el Congreso.

Asimismo, en Puerto Rico se consideró un proyecto de ley a esos efectos que no prosperó.

“El Secretario del Tesoro y el Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OCDE notificarán a la OCDE que cualquier compromiso asumido por la administración anterior en nombre de los Estados Unidos con respecto al acuerdo fiscal global no tendrá fuerza ni efecto dentro de los Estados Unidos, a menos que el Congreso adopte una ley que adopte las disposiciones pertinentes del acuerdo fiscal global”, indica el memorando.

Este martes, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos recomendó favorablemente 16-11 la designación de Scott Bessent como secretario del Tesoro.

Por su parte, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Smith (Misuri), elogió la decisión de Trump, y sostuvo que sus colegas “volverán a presentar el proyecto de ley de Defensa del Empleo y la Inversión Estadounidenses para que el presidente tenga todas las herramientas que necesita para promulgar estas contramedidas contra cualquier país que ataque injustamente a los trabajadores y las empresas estadounidenses”.

Tras la decisión de Trump, el abogado Sergio Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía, afirmó que, respecto a compañías americanas, el gobierno de Puerto Rico no debe hacer nada, pues pueden estar protegidas con la amenaza del presidente de imponer nuevas medidas “a países que traten de cobrar el impuesto mínimo”.

“La pregunta es qué pasa con las empresas que no son ‘americanas’, pues pueden estar sujetas al diferencial que le impongan otros países en Europa”, dijo Marxuach, desde San Juan.

Kenneth Rivera Robles, expresidente de la Cámara de Comercio y contador público autorizado, sostuvo, por su parte, que las autoridades puertorriqueñas deben trabajar con el gobierno de Estados Unidos para descarrilar el IMG. “Para nosotros, eso no funciona”, dijo Rivera Robles, quien tenía reuniones este martes en el Congreso como parte de una delegación de la organización.

Rivera Robles piensa que la amenaza de Estados Unidos busca evitar que terceros países, no el que es sede de la matriz de la empresa, intenten cobrar el impuesto. “Cuando Estados Unidos se ha quejado, se ha quejado de esa regla”, señaló.

La organización Espacios Abiertos publicó un estudio que indica que Puerto Rico podía dejar de ingresar $3,800 millones de no implantar el IMG en 2025.

El estudio, liderado por el economista Daniel Santamaría Ots, calculó que las multinacionales y corporaciones foráneas con operaciones en Puerto Rico tributan a una tasa efectiva promedio de 2.43%, por lo que empresas filiales con matrices en países donde se implementó el IMG pueden tener que pagar la diferencia (12.57%) a otro país por su operación en Puerto Rico.

Rivera Robles sostuvo que, en Puerto Rico, además de la base que pagan las multinacionales estadounidenses, tienen que cumplir con el pago de alrededor del 10.5%, del impuesto por ingresos intangibles globales (GILTI, en inglés).