Washington D.C. - El presidente Donald Trump firmó ayer, martes, la orden ejecutiva que establece como política pública que la preparación para desastres naturales –como los huracanes– y otras emergencias “se gestiona con mayor eficacia a nivel estatal, local e incluso individual”, con el apoyo del gobierno federal.

“Los ciudadanos son los beneficiarios inmediatos de decisiones e inversiones locales acertadas diseñadas para abordar riesgos, como ciberataques, incendios forestales, huracanes y meteorología espacial. Cuando los estados tienen la capacidad de tomar decisiones inteligentes en materia de infraestructura, los contribuyentes se benefician”, indica la orden.

El decreto es firmado - a poco más de dos meses del inicio de la temporada de huracanes-, en momentos en que Trump ha expresado su intención de eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), y señalado que el gobierno federal debe limitarse a asignar “un porcentaje” de los fondos de emergencia a los gobiernos estatales.

“Creo que ese problema (del manejo de emergencias) debería ser atendido por el estado. Por eso tenemos estados, porque se encargan de los problemas y un gobernador puede manejar algo rápidamente”, indicó Trump durante una visita, el 24 de enero, a Carolina del Norte, para observar los daños causados por el huracán Helene, en 2024.

Ese mismo día, Trump firmó otra orden que establece el Consejo de Revisión de FEMA para evaluar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres”.

Aquella primera orden requirió “una evaluación de si FEMA puede cumplir sus funciones como agencia de apoyo, brindando asistencia federal complementaria a los estados, en lugar de suplantar el control estatal de la ayuda en caso de desastre”. Para eliminar FEMA, se requeriría legislación.

Mientras, el nuevo decreto de Trump establece que “es política pública de Estados Unidos que los gobiernos estatales y locales y los individuos desempeñen un papel más activo y significativo en la resiliencia y preparación nacionales, salvando así vidas estadounidenses, asegurando los medios de vida estadounidenses, reduciendo las cargas de los contribuyentes mediante la eficiencia y desatando nuestra prosperidad colectiva”.

En ese sentido, Trump pidió que, en 90 días, su asistente a cargo de asuntos de Seguridad Nacional, en coordinación con su asesor para Política Económica y los jefes de los departamentos y agencias pertinentes, publiquen “una estrategia nacional de resiliencia, que articule las prioridades, medios y las maneras de promover la resiliencia” de Estados Unidos.

La estrategia debe revisarse y modificarse cada cuatro años.

Pero, además, su asesor en Seguridad Nacional, en seis meses y “en coordinación con el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica y los jefes de las agencias pertinentes, revisará todas las políticas de infraestructura crítica y recomendará al presidente las revisiones, revocaciones y reemplazos necesarios para lograr una postura más resiliente”.

No sería hasta dentro de unos ocho meses –240 días después de firmada la orden– que se presentarán al presidente “las revisiones, revocaciones, y reemplazos necesarios para reformular el proceso y los parámetros de responsabilidad federal”.

Hace unas semanas, se conoció que la administración de Donald Trump –como parte de la reducción del tamaño del gobierno– se propone desmantelar, en gran medida, la oficina del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) que supervisa cerca de $20,444 millones asignados a Puerto Rico para mitigar recientes emergencias y desastres naturales.

De 936 empleados que tenía la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD, en inglés) de HUD cuando Trump tomó posesión, la intención es reducir la plantilla a 150 para el 20 de mayo, una baja de 84%, de acuerdo al documento suministrado a El Nuevo Día.

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