Washington D.C. - El presidente Donald Trump designó a los miembros del grupo de trabajo que le asesorará de cara a su interés en eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), cuyas responsabilidades quiere dejar principalmente en manos de los gobiernos estatales.

Trump firmó, el 24 de enero, una orden que le autorizaba a crear ese Consejo Asesor de Revisión de FEMA, que debería reunirse en un plazo de 90 días. Pero, no fue hasta 94 días después que designó a sus miembros.

Con una segunda orden ejecutiva –suscrita el 20 de marzo–, Trump dio instrucciones directas a asesores en la Casa Blanca y un plazo de hasta ocho meses para que se le presenten “las revisiones, revocaciones y reemplazos necesarios para reformular el proceso y los parámetros de responsabilidad federal”.

Dos miembros de su gabinete, los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y Seguridad Interna (“Homeland Security”), Kristi Noem, copresidirán el comité. FEMA es una de las oficinas que Noem supervisa.

Trump también nombró al grupo de trabajo a los gobernadores de Virginia, Glenn Youngkin, y Texas, Gregg Abbott, ambos republicanos; al exgobernador de Misisipi Phil Bryant; al expresidente del Partido Republicano Michael Whatley; la alcaldesa de Tampa (Florida), la demócrata Jane Castor; y el director ejecutivo de Manejo de Emergencias en Florida, Kevin Guthrie.

Otros miembros del comité son la alguacil de Miami Dade, Rosie Cordero Stutz, de origen dominicano; la jefa de Manejo de Emergencias en Texas, W. Nim Kidd; Mark Cooper, quien fue jefe de Gabinete del gobernador demócrata de Luisiana, John Bel Edwards; el administrador de la región 9 de FEMA, Bob Fenton; y el principal funcionario ejecutivo de la empresa de seguros Chubb Limited, Evan Greenberg.

El comité debe, según la primera orden ejecutiva, rendir un informe en agosto.

Con su primera orden ejecutiva, Trump sostuvo que la responsabilidad del Consejo de Revisión de FEMA será evaluar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres”.

La segunda orden incluye una directriz para que en 90 días –que se cumplirían alrededor del 18 de junio– su asesor en Seguridad Nacional, en coordinación con su asesor para Política Económica y los jefes de los departamentos y agencias pertinentes, publiquen “una estrategia nacional de resiliencia” que articule las prioridades y medios para cumplir con ese plan.

Más de la mitad de los cerca de $91,500 millones asignados a Puerto Rico para mitigar los daños causados por los huracanes de 2017 y 2022, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19 fueron otorgados por medio de FEMA. De esos fondos, aún falta por desembolsar poco más de $51,000 millones.