Washington D.C. - El presidente Donald Trump ordenó frenar por al menos 90 días los desembolsos de las asignaciones de las leyes de Inversión en Infraestructura y Reducir la Inflación (IRA) relacionadas a energía.

La pausa se ordena con el objetivo de revisar si esas asignaciones cumplen con la política pública de la administración Trump.

“Dentro de los 90 días a partir de la fecha de esta orden, todos los jefes de agencias deberán presentar un informe al director del (Concilio Económico Nacional) y al director de la (Oficina de Gerencia y Presupuesto) que detalle los hallazgos de esta revisión”, indicó la orden de Trump.

La decisión va más allá de detener las asignaciones de los fondos relacionados a programas de vehículos eléctricos, un objetivo principal del presidente Trump.

“Todas las agencias pausarán inmediatamente el desembolso de los fondos asignados a través de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (Ley Pública 117-169) o la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (Ley Pública 117-58), incluidos, entre otros, los fondos para estaciones de carga de vehículos eléctricos disponibles a través del Programa Nacional de Fórmula de Infraestructura para Vehículos Eléctricos y el Programa de Subvenciones Discrecionales para Infraestructura de Carga y Abastecimiento de Combustible”, indicó Trump, en una de sus órdenes ejecutivas.

Trump afirmó que las oficinas del gobierno “revisarán sus procesos, políticas y programas para emitir subvenciones, préstamos, contratos o cualquier otro desembolso financiero de dichos fondos asignados para verificar su coherencia con la ley y la política” pública de su orden.

Además de eliminar los mandatos sobre vehículos eléctricos, la orden dice que esos fondos tienen que cumplir con una política pública que fomente la exploración y producción de energía en tierras y aguas federales, la producción y procesamiento de minerales no combustibles, proteja la seguridad económica y nacional y la preparación militar de Estados Unidos, y los requisitos regulatorios relacionados con la energía estén basados en leyes claramente aplicables.

La ley de inversión en infraestructura ha asignado cerca de $2,300 millones en nuevos fondos federales a Puerto Rico, por medio de subvenciones y fórmulas de ley, según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). No está claro cuánto de ese dinero se ha desembolsado hasta el momento y cuántas asignaciones se relacionan con proyectos vinculados a la energía.

De acuerdo con el plan fiscal de 2004 para el gobierno de Puerto Rico, aprobado por la JSF, que controla las finanzas públicas de la isla, sumando compromisos “prefinanciados”, los fondos de la ley de inversión en infraestructura deben alcanzar los $3,400 millones.

La JSF mantuvo que, a finales del año fiscal puertorriqueño 2023, se había desembolsado menos de $200 millones.

Por su parte, la secretaria interina de Energía de Estados Unidos, Ingrid Kolb, circuló un memorando en el que informa que todos los fondos y la asistencia pendientes– incluidos préstamos, subvenciones, acuerdos de financiamiento y contratos-, no deben ser “anunciados, aprobados, finalizados, modificados o provistos” hasta que se haga una revisión para determinar si cumplen con la autorización del Congreso y la política pública de la administración Trump.

Bajo la administración Biden, el Congreso asignó $1,000 millones para instalar placas solares y baterías de almacenamiento en los techos de residencias de personas de bajos recursos y/o discapacitados. La abrumadora mayoría de esos fondos fueron comprometidos por la ahora exsecretaria de Energía Jenniffer Granholm.