Washington D.C. - Al buscar deportar personas que vincula a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, el presidente Donald Trump desafía el poder del sistema judicial para revisar su determinación.

Su decisión no solo de cuestionar la jurisdicción del juez federal James Boasberg, del distrito de Washington D.C., sino de hacer un llamamiento en favor de su destitución, ha provocado una inusual advertencia del juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el ‘impeachment’ no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, indicó Roberts.

El juez Boasberg buscó frenar, durante el fin de semana, la deportación –por medio de la ley de enemigos extranjeros de 1798– a El Salvador de personas indocumentadas que el gobierno de Trump vincula al grupo Tren de Aragua, organización que la Casa Blanca asocia, sin mostrar evidencia, con el gobierno de Venezuela.

Esos procedimientos han ido por encima del debido proceso de ley.

“Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido”, indicó este martes Trump, quien el pasado cuatrienio atacó con fuerza a jueces y fiscales vinculados a su convicción por 34 cargos criminales y otros casos que fueron presentados en su contra, en su red social Truth Social.

Además de retar el sistema judicial, Trump ha buscado cancelar asignaciones de fondos autorizadas por el Congreso.

El congresista republicano Brandon Gill (Texas) publicó un mensaje en el que sostuvo que presentó cargos de destitución en contra del juez Boasberg, una acción improbable ante el hecho de que, en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, se necesitarían 67 votos a favor si la Cámara baja pudiera ordenar un juicio político.

Aunque ordenó que cualquier avión que estuviese en camino a El Salvador regresara a Estados Unidos, el gobierno de Trump rehusó hacerlo, bajo el argumento inicial de que estaban en aguas internacionales, pese a que mantenían pleno control sobre el avión y los deportados.

En aquel momento, hasta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló del sistema judicial estadounidense con un mensaje en la red social X –temprano el domingo– en el que expresó “oopsie”, “demasiado tarde”. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió el mensaje de Bukele en su cuenta de X.

La Casa Blanca ha argumentado que la ley de enemigos extranjeros de 1798 no permite una revisión judicial de sus decisiones, mientras el Departamento de Justicia alega que no puede dar detalles sobre sus acciones por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

Todo esto, a pesar de que un director de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) reconoció a The Washington Post que muchos de los que fueron deportados a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros no tenían récord criminal en Estados Unidos.

Ante el juez, el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos Abhishek Kambli cuestionó la autoridad de Boasberg para ordenar el regreso de un avión del gobierno cuando está en aguas internacionales. Pero, también alegó que la orden tenía que presentarse por escrito.

Un asesor sénior de Trump fue más lejos, al indicar que el juez Boasberg no tenía jurisdicción sobre la decisión del presidente.

“El presidente de Estados Unidos y su administración se reservan todos los derechos constitucionales para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional y defensa del país. La ley de enemigos extranjeros, promulgada por la generación fundadora de este país, hombres como John Adams, se redactó explícitamente para otorgar al presidente la autoridad de repeler una invasión extranjera a Estados Unidos. Un juez de distrito no tiene autoridad alguna para interferir, prohibir, restringir o limitar esto, de ninguna manera”, indicó Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Política Pública y asesor de Trump en torno a Seguridad Interna.

Miller dijo a CNN que la proclama de Trump para deportar a supuestos miembros de Tren de Aragua por medio de la ley de 1798 se basa en que esa organización, la que antes describió como terrorista, ha infiltrado el gobierno de Venezuela y “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos”.

“De todo lo ocurrido en estos meses, es lo más cerca que ha estado ese gobierno autocrático de retar abiertamente el poder judicial federal. Es bien peligroso pues, al menos, el poder judicial federal en primera instancia es la única brida que está intentando controlar a Trump y su grupo”, indicó a El Nuevo Día el constitucionalista Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Ramos González sostuvo que invocar la ley de 1798 “es arqueología jurídica donde ni el derecho al debido proceso de ley ni el derecho inmigratorio estaba tan desarrollado como hoy”. “Alegar ausencia de jurisdicción es la vía confrontacional más directa y que los puede llevar más rápido al proceso apelativo, incluyendo al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el cual confían”, agregó.

La última vez que se invocó ese estatuto, sostuvo Ramos González, “fue para perseguir e internar inmigrantes japoneses y descendientes”. También, advirtió que la amenaza de destitución contra el juez Boasberg es parte del intento por amedrentar a la rama judicial, lo que han hecho antes el vicepresidente JD Vance y el asesor especial de Trump, el multimillonario Elon Musk.

El zar de Inmigración, Tom Homan, dijo el lunes, en otra entrevista, que seguirán con sus iniciativas a pesar de lo que digan los tribunales.

En entrevista con The Washington Post, familiares de Mervin Yamarte, de 29 años, indicaron que el joven venezolano indocumentado, que huyó de Venezuela y ha vivido en Dallas (Texas), es uno de los 138 que fueron enviados el sábado a El Salvador bajo alegaciones de que ha sido parte del Tren de Aragua.

La familia de Yamarte rechazó que tuviera algún vínculo con Tren de Aragua. Lo mismo se ha dicho sobre otros tres amigos de Yamarte, Ringo Rincón, Andy Javier Perozo y Edwuar Hernández, que están ahora encarcelados en San Salvador.

“Si hay personas con antecedentes penales, búsquenlas. Pero los inocentes no deberían tener que pagar por los demás”, dijo Mercedes Yamarte, madre de Mervin, quien reconoció a su hijo en imágenes sobre el ingreso de los deportados a una prisión en El Salvador.