Washington D.C. - El presidente Donald Trump ha continuado la purga de personas nombradas por demócratas y el desmantelamiento de instituciones del gobierno federal.

Algunas de las instituciones que busca desmantelar –ya que eliminarlas por completo, en algunos casos, requiere legislación– son más conocidas que otras.

Pero, el hecho de que no se trate de departamentos del gabinete no hacen menos significativo los esfuerzos por continuar desmantelando oficinas y despidiendo empleados, incluidas personas nombradas por demócratas a puestos directivos.

En otro esfuerzo por retar el concepto de agencias con cierta autonomía, Trump despidió el martes a los dos demócratas comisionados de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), Álvaro Bedoya y Rebecca Kelly Slaughter.

“Donald Trump acaba de despedir ilegalmente a dos comisionados independientes de la FTC que luchan contra las grandes corporaciones que abusan de los consumidores y los trabajadores. ¿Por qué? Los donantes multimillonarios de Trump esperan un retorno de su inversión. Los tribunales deben restituir a los comisionados”, indicó la senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts).

Esta semana, además, Trump destituyó a la mayoría de los miembros de la junta directiva y a los administradores del Instituto Estadounidense para la Paz, una organización sin fines de lucro creada por el Congreso, como parte del interés del presidente de limitar a lo mínimo su funcionamiento.

El pasado viernes, un equipo de la comisión creada por Trump para proponer el achicamiento del gobierno federal, que ha estado a cargo del multimillonario Elon Musk, fue al Instituto Estadounidense para la Paz en busca de entrar a las oficinas a inspeccionar su funcionamiento.

El entonces director, George Moose, negó el acceso a los asistentes de Musk, por lo que Trump optó por destituir a todos los miembros de la junta, excepto a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y Defensa, Peter Hegseth, y el presidente de la Universidad Nacional de Defensa, Peter Garvin.

Entonces, Rubio, Hegseth y Garvin despidieron a Moose.

Los miembros de la organización, como ha ocurrido con muchas de las iniciativas de Trump, anunciaron que demandaron a la administración, por entender que las destituciones violan la ley federal.

La defensa de Moose sostiene que el Instituto Estadounidense por la Paz no es parte de la Rama Ejecutiva, por lo que está fuera del alcance de la comisión de Musk y la ola de despidos.

El pasado viernes, además, Trump ordenó eliminar al máximo el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario, que ha otorgado millones de dólares anualmente para inversiones en zonas rurales y urbanas pobres, y que fue creada con el propósito de promover la revitalización económica.

También, anunció que buscará eliminar la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias (MBDA, en inglés), que pertenece al Departamento de Comercio y en el pasado cuatrienio fue dirigida interinamente por el puertorriqueño Miguel Estién, quien fue asesor para Puerto Rico del subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Don Graves.

MBDA, bajo la presidencia de Joe Biden, impulsó atender “la desigualdad racial” y garantizar que “todos los emprendedores tengan acceso a los recursos y oportunidades que necesitan y merecen”.

Por medio de esa misma orden fue que comenzó a desmantelar durante el pasado fin de semana la Voz de América (VOA, en inglés), despidiendo empleados y colocando al resto en licencia con sueldo. VOA sigue inactiva este miércoles, al igual que Radio Martí, Radio Free Asia y Radio Free Europe.

Debido a que la Agencia Estadounidense para Medios Globales (que cobija a VOA) fue creada por ley, la intención de la administración Trump, por el momento, es reducir esos medios al mínimo posible.

Muchas de las iniciativas de Trump –entre ellas, despidos de empleados probatorios– han sido frenadas o impugnadas en los tribunales.

El martes, un juez federal de Maryland detuvo temporalmente los intentos de Musk por desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

El juez Theodore Chuang, además, ordenó que se permita a los empleados retornar a su sede en la capital estadounidense y recuperar sus accesos, incluidos sus cuentas de correo electrónico.

Según el juez Chuang, cualquier otra decisión sobre USAID debe ser tomada por un funcionario con autorización legal dentro de esa agencia federal.

La ofensiva de Trump, como era de esperarse, genera malestar entre los empleados del gobierno federal.

Una encuesta del diario The Washington Post-Ipsos sostiene que el 57% de los empleados federales considera que la mayoría de los decretos relacionados con sus agencias son ilegales. Un 71% considera que el gobierno federal no podrá funcionar efectivamente a causa de los despidos y el desmantelamiento de oficinas.