Washington D.C. - El Comité de Recursos Naturales reafirmó, este miércoles, un interés general en supervisar la implantación de la ley Promesa en Puerto Rico, pero rechazó enmiendas del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y la congresista Nydia Velázquez, que hubiesen establecido prioridades sobre la fiscalización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En momentos en que la JSF -que desde agosto de 2016 controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico-, puede estar en funciones por lo menos hasta el verano de 2029, la supervisión de la implementación de la ley Promesa es el único asunto que se refiere directamente al archipiélago puertorriqueño en la agenda de la mayoría republicana para esta sesión 119 del Congreso.

La agenda fue aprobada 23-16, con dos ausencias republicanas y cuatro demócratas.

Un lenguaje similar sobre la ley Promesa fue aprobado al inicio de la pasada sesión, en febrero de 2023.

No obstante, la mayoría republicana del Comité de Recursos Naturales –que en su nueva agenda no hizo alusión al plebiscito criollo de noviembre pasado en Puerto Rico y cuyo liderato no tiene interés en tratar ese tema al menos mientras la JSF esté en funciones-, solo celebró, en la pasada sesión del Congreso, una audiencia dedicada exclusivamente a Puerto Rico, la cual trató el tema de la situación de la red eléctrica.

Al texto presentado por el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), el comisionado Hernández propuso agregar que la comisión supervisaría la posición de la JSF sobre la medición neta y su gestión “en el litigio de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE)”.

Con respecto al proceso de quiebra de la AEE, Hernández indicó que “esto es algo que tendrá repercusiones en la estabilidad económica de la isla, en la empresa de servicios públicos de la isla y es algo que muchas personas en la isla están siguiendo de cerca”.

Su enmienda fue derrotada 22-17, con un solo republicano, Tom McClintock (California), a favor. Tanto el líder de la minoría en el comité, Jared Huffman (California), como sus colegas demócratas boricuas Velázquez y Darren Soto (Florida) expresaron su respaldo a la enmienda de Hernández.

La enmienda de Velázquez reclamaba al comité supervisar e interpretar la sección 209 de la ley Promesa, que establece los criterios para la salida de la Junta: que el gobierno del territorio tenga acceso adecuado a los mercados financieros a corto y largo plazo a intereses razonables; y que en cuatro años fiscales el gobierno del territorio haya tenido presupuestos equilibrados, y elaborado presupuestos en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados.

“La Junta ha optado por interpretar esta sección de manera expansiva, imponiendo hasta 50 condiciones que Puerto Rico debe cumplir antes de que la JSF se retire. Estas medidas están detalladas en el plan fiscal actual, pero el Congreso nunca las exigió explícitamente. Esta extralimitación subraya la urgencia de una intervención del Congreso”, indicó Velázquez al defender su enmienda.

Velázquez agregó que “si existe algún compromiso para ver a Puerto Rico salir de la bancarrota de una vez por todas, debemos actuar ahora”.

La enmienda fue derrotada 21-18, con dos republicanos – McClintock y Pete Stauber (Minnesota)- uniéndose a los 16 demócratas presentes. El comisionado Hernández hizo constar su respaldo a la emienda de su colega boricua.

El congresista Soto sostuvo que “es importante asegurarnos de que no tengamos una junta a perpetuidad”.

“Es importante reafirmar nuestra responsabilidad sobre la situación que se creó con Promesa”, indicó McClintock.

Westerman sostuvo que no se oponía al espíritu de las enmiendas de los legisladores federales boricuas, pero piensa que eran “redundantes”.

El demócrata Huffman - al respaldar la enmienda del comisionado Hernández-, señaló que “la negativa de los bonistas a aceptar la realidad de la condición financiera de la AEE está frenando la transformación del sistema energético de Puerto Rico“.

Como en la pasada sesión, el Comité también hace referencia a atender “los asuntos fundamentales que enfrentan cada uno de los territorios y las (países en libre asociación), como el apoyo y desarrollo del autogobierno y la autodeterminación, el desarrollo económico y la autosuficiencia a través del sector privado, la rendición de cuentas de los fondos federales, la implementación y el cumplimiento de las leyes federales, la implementación de (los pactos de libre asociación) y la gestión de los recursos limitados de tierra y agua”.

El republicano Westerman, desde que se consideró en 2022 el proyecto 8393 –que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia-, ha insistido en que el debate de status debe estar apagado en su comisión hasta que la JSF cumpla con sus objetivos.

Mientras, el congresista Huffman –quien es el nuevo líder de la minoría en el comité-, considera que el Congreso recibe “señales mixtas” en torno al status y que es evidente que los republicanos no quieren tocar la propuesta de estadidad ni de lejos.

Hernández reafirmó en la audiencia que coincide con Westerman en que el debate de status debe esperar. “Estoy de acuerdo en que la isla necesita estabilizar sus finanzas antes de involucrarse en cualquier otro tipo de debate”, sostuvo el comisionado Hernández, presidente del Partido Popular Democrático (PPD).