Washington D. C. - La gobernadora electa Jenniffer González ha destacado que, al menos, seis altos cargos designados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, son sus amigos y aliados republicanos.

De cara a una segunda administración de Trump en la que los republicanos tendrán los próximos dos años el control del Congreso, en manos de González –quien termina en diciembre como comisionada residente en Washington– recaerá, en gran medida, convencer al próximo gobierno federal de que debe acelerar la reconstrucción de Puerto Rico, dar paso a iniciativas de salud y económicas y aprobar un plebiscito que solucione el dilema colonial.

“Hay entre ocho y 10 nombramientos de personas que tienen algún vínculo con Puerto Rico. Hay un terreno fértil para adelantar muchos de los temas de Puerto Rico”, dijo el cabildero republicano Luis Bacó, quien fue jefe de Gabinete de González y Luis Fortuño, excomisionado y exgobernador.

González –quien como sus colegas del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico abrazó la candidatura de Trump para la elección del 5 de noviembre– se ha descrito como “el eslabón” con el ahora presidente electo.

En redes sociales, González ha resaltado su relación de amistad con el senador Marco Rubio, designado secretario de Estado; la congresista Elise Stefanik, nombrada embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el excongresista Sean Duffy, candidato a secretario de Transportación; el congresista Mike Waltz (Florida), propuesto como asesor de Seguridad Nacional; la exadministradora de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) Linda McMahon, escogida como candidata a secretaria de Educación; y el excongresista Lee Zeldin, nombrado administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

González también coincidió dos años, en la Cámara baja federal, con la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien fue designada secretaria de Seguridad Interna, bajo cuya sombrilla está la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, junto a los departamentos de Vivienda y Energía, clave en la reconstrucción de la isla después de los huracanes de 2017 y 2022, y los terremotos de 2020.

Y estuvo, durante los pasados dos años en la Cámara de Representantes, junto a la saliente congresista Lori Chavez DeRemer (Oregón), quien, tras perder su escaño el 5 de noviembre, fue designada el viernes como secretaria del Trabajo.

“La gobernadora electa será la persona de mayor peso con la administración republicana”, dijo a El Nuevo Día el comisionado residente electo, Pablo José Hernández, quien hará caucus en enero con la minoría demócrata en la Cámara baja.

Para Hernández, las primeras dos semanas, después de las elecciones en Estados Unidos, dan a entender que “Puerto Rico no está en el tope de la lista de nadie”.

“Eso puede ser bueno, como puede ser malo. Si hay una agenda en contra de Puerto Rico, no figurar en el pensamiento de estas personas nos puede convenir para que la democracia opere como normalmente opera. Espero que la gobernadora electa pueda poner sus relaciones al servicio de los mejores intereses de Puerto Rico, porque lo que se avecina con una administración Trump con un Congreso republicano, en términos de recortes a programas sociales y el gobierno federal en general, puede hacer mucho daño”, indicó Hernández, del Partido Popular Democrático.

Como demócrata en Estados Unidos, Hernández sostuvo que, desde la minoría, “será cuesta arriba defender a Puerto Rico y a las dos naciones de los recortes que se avecinan”.

De todos los nombramientos hechos por Trump, la persona probablemente más conocida en Puerto Rico es Rubio, quien venció al presidente electo en las primarias presidenciales de la isla en 2016 y ha representado al estado de Florida, donde viven alrededor de 1.2 millones de puertorriqueños. Hernández sostuvo que, si fuera republicano, Rubio es el único que describiría como “acertado”.

Como senador, Rubio se ha expresado a favor de la estadidad para Puerto Rico. Pero, ha hecho claro que no hay los votos para avanzar esa propuesta en el Senado, por lo que la atención debe estar en temas económicos. “Rubio va a traer un enfoque más directo en temas de Latinoamérica y, en ese sentido, Puerto Rico pudiera convertirse en un jugador en algunas cosas”, dijo, en tanto, Bacó, vicepresidente senior de Capitol Hill Consulting Group.

La última vez que el Departamento de Estado manejó públicamente el tema del status político de Puerto Rico fue en una audiencia de octubre de 2018 del Comité Interamericano de Derechos Humanos, en Denver (Colorado), en la que el entonces embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo – coincidiendo con la oposición de Trump y el liderato republicano a la estadidad–, dijo que, si los residentes de la isla quieren la estadidad, pueden mudarse a uno de los 50 estados.

Junto a González, Rubio ha promovido legislación que impulsa otorgar nuevos créditos contributivos federales a compañías que manufacturen productos médicos e inviertan en jurisdicciones con economías deprimidas, lo que puede beneficiar a Puerto Rico.

Trump designó el viernes a su candidato a secretario del Tesoro, el inversionista en fondos de cobertura Scott Bessent, con quien puede tener que negociarse una legislación para establecer un impuesto mínimo global de 15% sobre las ganancias de las empresas que hacen negocios en Puerto Rico como corporaciones foráneas.

Bacó recordó que, al final del primer cuatrienio de Trump –coincidiendo con la campaña electoral y en medio de la pandemia del COVID-19–, la Casa Blanca, por medio del asesor Peter Navarro, comenzó a promover la consigna “despidan a China, contraten a Puerto Rico” en favor de relocalizar en la isla la manufactura de productos clave para la cadena de suministros estadounidense.

En el caso de Duffy, designado a Transportación, se trata de un republicano que, en medio de la crisis de deuda pública y fiscal, como congresista, propuso crear una junta federal de control fiscal bajo el nombre del Consejo de Estabilidad Financiera, que hubiese tenido que ser ratificado por la Legislatura y el gobernador de Puerto Rico, para la isla tener acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras para la reestructuración de la deuda de las empresas públicas. Duffy terminó siendo el autor de récord de la ley Promesa, que impuso una junta fiscal sin el consentimiento de los puertorriqueños y por encima del gobierno electo.

Duffy formó parte del grupo de trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico, una entidad creada por solo seis meses a través de Promesa, y luego participó del caucus organizado por González para avanzar sus recomendaciones. Cuando era congresista, se expresó a favor de la estadidad para Puerto Rico.

En Transportación, Duffy –uno de los muchos seleccionados por Trump que suelen estar activos en las cadenas de televisión conservadoras– tendrá que lidiar con el proyecto de ley que buscará reautorizar por cinco años múltiples programas y actividades de transporte, incluidos aquellos respaldados por el Fondo Fiduciario de Carreteras.

“Sé que será un secretario excepcional”, señaló en la red X la gobernadora electa, quien dijo estar “muy emocionada” por el nombramiento de su amigo.

Uno que estará desde el tiro vinculado a temas clave para Puerto Rico sería el abogado ambientalista Robert J. Kennedy, hijo, nombrado por Trump como secretario de Salud. Kennedy estuvo preso, durante 30 días, en Puerto Rico, debido a su participación en los actos de desobediencia civil en protesta por los bombardeos de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques.

Pero, ahora genera alarmas por sus ideas poco ortodoxas sobre temas de la industria de la salud, incluida su oposición a las vacunas –incluidas las que se suministran a niños–, que, según los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades –que ahora tendrá bajo su supervisión– han evitado más de 500 millones de casos de enfermedades, 32 millones de hospitalizaciones y más de un millón de muertes en Estados Unidos.

Ante Kennedy, estarían reclamos de las autoridades de Puerto Rico para un mejor trato en el programa Medicare, sobre todo, en los reembolsos de Medicare Advantage, planes con los que los republicanos suelen simpatizar.

Los reclamos directos sobre Medicare Advantage se harán, sin embargo, ante los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS, en inglés), que estarían dirigidos por el doctor Mehmet Oz, quien se hizo famoso por un programa de televisión en el que anunciaba medicamentos que, en alguna ocasión, reconoció no siempre funcionaban y perdió una candidatura al Senado por Pensilvania, en 2022.

Roberto Pando, presidente de MCS Advantage y MCS Life Insurance Company, percibe un buen ambiente para los reclamos de los programas Medicare Advantage de Puerto Rico, que han pedido a CMS, al menos, nivelar los reembolsos a los planes de isla con las Islas Vírgenes estadounidenses, que obtienen una tasa 26% más alta.

Los republicanos suelen creer más en Medicare Advantage, como incluso reflejan las guías del Proyecto 2025 que la Fundación Heritage ha sugerido a la próxima administración de Trump.

Pando sostuvo que la administración de Joe Biden incumplió su promesa de atender las tasas de reembolso de Medicare, después de reconocer que han sido históricamente bajas. Indicó que, en 2023, los planes Medicare Advantage sufrieron un recorte de $546 millones, mientras que, bajo la primera administración de Trump, hubo cambios en política pública que beneficiaron a la isla, como en el área de los beneficios en el hogar.

“Los programas de salud que más impactan el bienestar de la vida de los puertorriqueños tienen un terreno fértil y vientos que proveen una oportunidad diferente al entrar la nueva administración”, indicó Pando, en referencia a los planes Medicare Advantage, que tienen 660,000 afiliados en Puerto Rico.

Mientras, en Stefanik, los estadistas republicanos y González tendrán también otro enlace en la administración Trump, aunque esté en la ONU alejada de los temas del día a día del gobierno federal.

Stefanik ha auspiciado proyectos proestadidad, pero votó en contra del proyecto cameral 8393 que permitía avanzar esta opción para Puerto Rico, pues dijo estar opuesta a que se le ofrezca la independencia a la isla, contrario al derecho a una libre determinación.

Durante el último medio siglo, el Comité de Descolonización de la ONU ha aprobado 42 resoluciones que reconocen el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. En los últimos años, Estados Unidos ha permitido que el voto se dé por consenso, aunque siguen sin intervenir en la discusión. Este cuatrienio, el gobierno de Pedro Pierluisi y sectores estadistas acudieron a la ONU para pedir sin éxito que se integrara la estadidad a las resoluciones del Comité de Descolonización.

González tuvo también elogios para McMahon, con quien desarrolló una relación de trabajo y amistad cuando a la también copresidenta del Comité de Transición de Trump le tocó lidiar, como administradora de SBA, con la asistencia a Puerto Rico después del huracán María.

En momentos en que Trump quiere abolir el Departamento de Educación federal y reducir el presupuesto de educación, la gobernadora electa tendrá en McMahon –exempresaria de la lucha libre– “otra persona con la que desarrolló una relación muy estrecha”, indicó Bacó.