Washington D. C. – Cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, justo hace un año, el proyecto 8393 para regular un plebiscito federal entre la soberanía en libre asociación, la independencia y la estadidad, se destacó la importancia de que, por vez primera, ese cuerpo legislativo respaldara excluir el status territorial como alternativa para Puerto Rico y que sus resultados fueran vinculantes.

Pero, tal como pronóstico horas después, en entrevista con El Nuevo Día, el entonces líder de la de la Cámara de Representantes, el demócrata Steny Hoyer (Maryland), la mayoría republicana cameral le ha sacado el cuerpo a ese debate, en medio de un fuerte rechazo republicano a la estadidad.

La votación del 15 de diciembre de 2022 en el pleno cameral, cuando se estaba a una semana del cierre de la sesión 117 del Congreso, representó la cuarta ocasión en la historia en que la Cámara de Representantes aprobaba convocar a un plebiscito federal con alternativas de status para Puerto Rico, iniciativas que siempre han ido a morir al Senado. Las otras veces fueron en 1990, 1998 y 2010.

El Congreso aprobó también en 2014 un lenguaje que nunca ha sido utilizado y que destina $2.5 millones para ayudar a financiar un plebiscito en la Isla, siempre y cuando el Departamento de Justicia estadounidense decida si las alternativas de status y la campaña educativa son legales, constitucionales y cumplen con la política pública federal.

En momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) -impuesta en junio de 2016 por medio de la ley Promesa y que funciona sobre el gobierno electo de Puerto Rico- puede estar vigente por gran parte del próximo cuatrienio, nada ha cambiado en el Senado, que dividido por la mitad en esta sesión y probablemente en la siguiente, no ha estado dispuesto a avanzar un proyecto de ley que ofrezca la estadidad o tan siquiera un cambio en el status político, para lo que se necesitan 60 votos.

La Casa Blanca, por su parte, tiene aún el reto de demostrar que su respaldo a que la legislación 8393 avanzara en la Cámara baja representa una posición firme dirigida a acabar con la relación colonial vigente. Por 125 años, Washington ha sido el centro del poder político y jurídico sobre Puerto Rico. Después del establecimiento en 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) –la única consulta en la Isla validada por el gobierno federal–, han fracasado una y otra vez todos los esfuerzos por mejorar o cambiar la relación política, pese a seis plebiscitos criollos. Pero, en Washington D. C. no cesan los esfuerzos por ‘jamaquear el palo’ y mantener con vida un debate que divide a los boricuas de allá y acá.

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) –el único partido puertorriqueño que respaldó el 8393–, sostiene que el proceso avanza, aunque en vez de impulsar un referéndum estadidad sí o no, ha tenido que optar por un proceso de alternativas de estatus. La administración de Pedro Pierluisi ha tenido contratos que rondan al menos los $18 millones con empresas que hacen cabildeo en el Congreso. A eso se suma más de $1 millón dedicados a los cabilderos electos por la estadidad. Mientras los presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y del Senado, José Luis Dalmau, han tenido contratos este cuatrienio con empresas de cabildeo en Washington –principalmente con la empresa Prime Policy Group–, que, entre los dos cuerpos legislativos, se acercan a los $1.5 millones. Los de la Cámara baja se aproximan a los $850,000 y los del Senado –claramente activos en el tema del status político–, a los $625,000.

Entre los grupos cívicos, las organizaciones pro estadidad –como el Puerto Rico Statehood Council (PRSC) y ahora el Puerto Rico Legal & Educational Foundation–, han destinado al menos $15.5 millones a gestiones de cabildeo en el Congreso desde el plebiscito local de 2012.

A pesar de los millones que se asignan al tema, este cuatrienio el asunto solo motiva en cierta medida a líderes demócratas –a algunos de los que les brillan los ojos por considerar que Puerto Rico les daría dos nuevos escaños en el Senado–, en momentos en que los republicanos, sobre todo sus dirigentes, no ven ningún beneficio en la admisión de la Isla como estado 51 o 52, teniendo en cuenta la propuesta que hace Washington D. C. y que también rechazan.

“Del lado demócrata, creo que hay un fuerte deseo de impulsar la descolonización de Puerto Rico y responder a la pregunta sobre el status de una vez por todas… Desafortunadamente, el debate sobre el status no puede avanzar en este Congreso sin algún tipo de aceptación por parte de los republicanos. Hasta ahora, los republicanos no han estado dispuestos a tomar ninguna medida, ni siquiera algo tan simple como celebrar audiencias, para hacer avanzar estos proyectos de ley”, indicó la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York).

En la Cámara baja, la versión actual del 8393 –el 2757–, tiene el respaldo de 80 demócratas y 12 republicanos, incluida la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien no estuvo disponible para responder preguntas de este tema. En el Senado –donde desde hace una década no se convoca a una vista pública para discutir el tema del futuro político de Puerto Rico–, un proyecto similar debutó en noviembre bajo el liderato del demócrata Martin Heinrich (Nuevo México), promotor de la estadidad, y con el apoyo de otros 21 miembros del caucus demócrata, incluido el independiente Bernie Sanders (Vermont). Esta semana se sumó a la medida Peter Welch (Vermont). Nunca antes ha habido una medida de plebiscito con tantos coauspiciadores en el Senado, pero la ausencia de los republicanos la coloca en un callejón sin salida aún más oscuro que el que enfrenta Washington D. C., donde la propuesta de convertir la capital estadounidense en un estado reúne a 46 miembros del caucus demócrata de la cámara alta.

En septiembre, a petición de Dalmau -hasta mayo pasado también presidente del Partido Popular Democrático–, el republicano Roger Wicker (Misisipi), quien se opone a la estadidad, revivió en el Senado federal el proyecto que presentó en la pasada sesión del Congreso para hacer frente al proyecto 2757, con el propósito de incluir el Estado Libre Asociado como alternativa y evitar, entre otras cosas, que la estadidad pueda ser implantada de forma automática. Ni en la pasada sesión ni en ésta, Wicker ha conseguido un solo coauspiciador para su legislación.

“El punto central es que el Congreso debe impulsar la descolonización de Puerto Rico. Para avanzar, necesitamos llegar a un consenso en el Congreso de que el statu quo es insostenible, injusto e indigno, y que la inacción no es una opción. Necesitamos un amplio reconocimiento de que el pueblo de Puerto Rico debe decidir su futuro, y el Congreso tiene la responsabilidad y el poder de facilitar ese proceso. El proyecto sobre el status de Puerto Rico – ‘Puerto Rico Status Act’ 2757–, presenta el mejor camino a seguir para lograr este objetivo. El proyecto de ley fue el resultado de duros compromisos por parte de miembros que están en ambos lados en la cuestión del estatus y ha demostrado ser capaz de obtener apoyo bipartidista en la Cámara”, dijo Velázquez.

La congresista Velázquez sostuvo, sin embargo, que para adelantar alguna discusión, la comisionada González –quien ahora es aspirante a la candidatura del PNP a la gobernación y no estuvo disponible para este reportaje –, tiene aún la tarea de lograr respaldo entre sus colegas republicanos para proyectos como el 2757 de la Cámara y el 3231 del Senado. “Si la oposición republicana continúa siendo fuerte, este proyecto de ley no se aprobará”, dijo Velázquez.

Jeffrey Farrow, quien ha estado vinculado al debate sobre el status político de Puerto Rico desde que Jimmy Carter ocupaba la Casa Blanca, piensa que será necesario “al menos” una nueva votación mayoritaria en San Juan a favor de una alternativa de status –en un proceso libre y justo, que no genere controversias–, para poder reglamentar un plebiscito federal.

El gobernador Pierluisi ha indicado que tiene hasta julio para decidir si pone en marcha la ley 165 de 2020 que le permite ordenar un plebiscito criollo, con solo decidir la fecha y las definiciones de cada alternativa de status. Ha dicho que tomará como modelo el proyecto 2757 del demócrata Raúl Grijalva (Arizona) y el 3231 del senador Heinrich. Farrow ha asesorado en los últimos años –incluso registrándose como cabildero– a grupos pro estadidad como PRSC y el Puerto Rico Legal & Educational Foundation. Pero antes fue, entre otras cosas, director ejecutivo del Subcomité de Asuntos Insulares y copresidente del grupo interagencial de trabajo sobre Puerto Rico en tiempos de la presidencia de Bill Clinton.

Para Farrow, Estados Unidos nunca tuvo un plan definido con Puerto Rico “cuando le quitó las islas a España” y esa falta de objetivo ha marcado toda la improvisación de la estructura de territorio no incorporado creada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace un siglo por medio de los Casos Insulares. En ese sentido, destacó la determinación del Tribunal Supremo estadounidense, bajo el liderazgo del juez presidente William Taft –quien ya había sido presidente de Estados Unidos–, que determinó “ignorar el precedente y decidir que la ciudadanía no significaba que Puerto Rico fuera parte de los Estados Unidos a todos los efectos de la Constitución, aunque los puertorriqueños podían obtener los beneficios de la estadidad como individuos al mudarse a un estado”.

Además, Farrow consideró que en Puerto Rico se requerirá “una mayor disposición entre unas relativamente pocas personas en los Estados Unidos con una historia en las islas, algunas con más poder político que las personas que tendrán que vivir con la decisión, de dejar que la gente de las islas determine el proceso, siempre y cuando sea libre y justo, así como la elección del status sin intentar sesgarlo y respetar los procesos de los pueblos de las islas y su elección sustantiva, siempre que las opciones no sean engañosas”. Desde su punto de vista, se necesita también una mayor educación sobre los beneficios de la estadidad –en un parlamento al que entran decenas de nuevos legisladores cada dos años– frente al status territorial y un mayor activismo desde la Isla.

Federico de Jesús Febles, consultor en su empresa FDJ Solutions y cabildero de organizaciones cívicas de la diáspora, piensa que para poder avanzar en esta discusión “tiene que haber más sintonía entre lo que se discute y se entiende en la Isla de lo que es y cómo funciona Washington, y en Washington sobre cómo funciona la Isla”.

Como asesor de organizaciones de la diáspora, entre ellas Power4PuertoRico y el Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer de Chicago (Illinois), De Jesús Febles se opuso al proyecto 8393 y ahora al 2757 por entender que no precisa las consecuencias fiscales y en torno al futuro del español bajo la estadidad, e interviene indebidamente con la formación de la Constitución de un Puerto Rico soberano e independiente.

“Los congresistas que aprobaron el ‘Puerto Rico Status Act’ o son demasiado “naive” (inocentes) o ignorantes sobre cómo absorber a una nación extranjera a los Estados Unidos, o simplemente jugaron con los oligarcas de status que le hicieron donativos a sus campañas. La relación entre los boricuas en la isla y la gente que le importa Puerto Rico en Estados Unidos y el entendimiento profundo del proceso legislativo y la política estadounidense tienen que estar en mejor sintonía”, sostuvo De Jesús Febles, quien fue el portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Barack Obama.

Para De Jesús Febles, “mientras la gente no entienda los intereses y motivaciones que mueven a los congresistas y los puedan convencer de convertir a Estados Unidos en un país multinacional con la estadidad, o que tener una relación positiva y constructiva entre soberanos está en su mejor interés, el statu quo prevalecerá”.

Desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, en el Congreso se han presentado 152 proyectos de ley relacionados al debate sobre el futuro político de la Isla, según Charles Venator Santiago, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Connecticut, quien antes de que finalice el año espera publicar una página digital que desglose todas esas medidas.

Desde el plebiscito criollo de 2012, que para el PNP constituye la primera victoria de la estadidad, se han presentado 20 medidas en el Senado y la Cámara de Representantes. Algunas son medidas similares radicadas en cada cuerpo legislativo, como ahora ocurre con los proyectos 2757 de la Cámara baja y 3231 del Senado.

“No veo ningún movimiento hacia la estadidad ni la independencia (en el Congreso)”, dijo el profesor Venator Santiago, quien considera que en términos generales el gobierno de Estados Unidos no tiene inconvenientes en mantener algún tipo de ELA territorial.

En marzo pasado, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) resumió la posición que pueden tener muchos en su caucus.

“No apoyo la estadidad para Puerto Rico. Va a diluir el poder de Carolina del Sur. No veo eso yendo hacia delante en nuestro lado”, dijo el senador Graham, al indicar que más allá de la estadidad el tema está “en las manos del pueblo de Puerto Rico, pero estoy bien con el statu quo”.

Para Venator Santiago –como ha advertido el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)–, es también un error querer forzar un plebiscito de implantación automática, debido a la renuencia de los republicanos a permitir un Puerto Rico estado 51.

“Los republicanos no van a apoyar un estado demócrata. Cuando tienes tanto porcentaje de la población dependiente de subsidios federales, los electores no van a votar republicanos, aunque sean conservadores”, dijo. También coincidió en que sin voluntad para acabar con la JSF –que miembros del Congreso pueden ver como una garantía para combatir la corrupción–, no es real pensar que el gobierno federal está cerca de avanzar un cambio en el status de Puerto Rico.

Como parte de su oposición al hoy proyecto 2757, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), ha insistido en que no debe haber ningún cambio de estatus hasta que se cumplan los objetivos de la JSF. (Su contraparte en el Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), quien se retira del Congreso en diciembre próximo, ha mantenido que antes de considerar una propuesta de estadidad para Puerto Rico o Washington D. C., debe haber un referéndum nacional en Estados Unidos sobre si se quiere admitir un nuevo estado).

Mientras, aliados de los estadistas republicanos como los senadores por Florida Marco Rubio y Rick Scott coinciden en que no hay ambiente en el Senado para la estadidad y que la atención debe estar en mejorar la economía de Puerto Rico.

En marzo de 2023, en una carta al líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales y autor del 2757, Raúl Grijalva, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, recordó que la sección 209 de la Ley Promesa establece que la JSF podrá cesar sus funciones sobre el gobierno de Puerto Rico después de certificar por lo menos cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva, que se han elaborado presupuestos “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin que los gastos excedan los ingresos, y que el gobierno de la Isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

Mujica advirtió durante el pasado fin de semana, en entrevista con El Nuevo Día, que ni siquiera han certificado uno de los cuatro presupuestos equilibrados que se requieren bajo la ley Promesa para poner fin a sus funciones.

De cara a las elecciones de 2024, que pueden volver a tener como candidatos a la Casa Blanca al presidente Biden y al expresidente Donald Trump, un opositor de la estadidad, la esperanza de demócratas como Grijalva y Velázquez es retomar el debate de estatus si recuperan la Cámara baja.

Pero, sin voluntad para acabar con la JSF ni ambiente en el dividido Senado para aprobar legislación encaminada a resolver el dilema colonial, las expectativas de éxito volverán a ser muy bajas.