En medio de una fuerte oposición de los conservadores republicanos y el multimillonario Elon Musk, el liderato del Congreso baraja alternativas a la resolución presentada el martes que extendería el presupuesto federal hasta el 14 de marzo, la ley agrícola hasta septiembre de 2025, asignaría unos $110,000 millones para mitigar desastres naturales recientes y elevaría los salarios de los congresistas.

El speaker Mike Johnson, bajo presión inicial de Elon Musk y los conservadores de su caucus republicano - y más adelante del presidente electo, Donald Trump, revisa la resolución de presupuesto presentada y puede tener que impulsar una nueva legislación, con muchísimos menos gastos o quizá simplemente dedicada a extender el presupuesto vigente del gobierno federal.

El Congreso tiene hasta la medianoche del viernes - con una extensión en la práctica de dos días, por el fin de semana-, para evitar un cierre parcial del gobierno federal en medio de la Navidad.

Pero, los conservadores republicanos, primero, y luego Musk y el ex ejecutivo de la industria farmacéutica Vivek Ramaswamy, han generado un movimiento en contra de la legislación acodada entre los líderes republicanos y demócratas. Musk y Ramaswamy codirigen el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión independiente de Trump dirigida a impulsar recortes en el gasto gubernamental.

Musk llegó a proponer no aprobar ninguna legislación hasta el 20 de enero, cuando Trump asumirá la presidencia, lo que significaría cerrar parcialmente el gobierno federal durante todo un mes.

Trump, sin embargo, abogó por aprobar una medida que se limite a extender el presupuesto vigente, aunque también hizo referencia a elevar ahora el techo de la deuda pública federal, con lo que evidentemente preferiría no tener que lidiar en 2025.

“Aumentar el techo de la deuda no es una buena idea, pero preferiríamos que ocurra durante la administración de Biden. Si los demócratas no cooperan en el tema del techo de la deuda ahora, ¿qué hace pensar a alguien que lo harían en junio durante nuestra administración? Tengamos este debate ahora. Y deberíamos aprobar un proyecto de ley de gasto simplificado que no le dé a Chuck Schumer y a los demócratas todo lo que quieren”, indicaron Trump y el vicepresidente electo, el senador JD Vance, en una declaración publicada en la red social del presidente electo, Truth Social.

Trump criticó, entre otras cosas, que la legislación busque aumentar los salarios de los miembros del Congreso, al incluir lenguaje que permitiría incrementos anuales por el costo de vida, frenados desde 2009.

En medio del caos, el liderato cameral indicó que no habría votación en la noche del miércoles.

Hakeem Jeffries (Nueva York), líder de la minoría cameral, indicó que de quebrarse el acuerdo presupuestario, los republicanos pueden generar más problemas. “Se ha ordenado a los republicanos de la Cámara de Representantes que cierren el gobierno. Y que perjudiquen a la clase trabajadora estadounidense a la que dicen apoyar. Si rompes el acuerdo bipartidista, asumirás las consecuencias”, indicó Jeffries.

La Casa Blanca secundó las expresiones de Jeffries. “Los republicanos deben dejar de jugar a la política con este acuerdo bipartidista o perjudicarán a los estadounidenses que trabajan duro y crearán inestabilidad en todo el país”, indicó Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa del presidente Joe Biden. Jean-Pierre agregó que “el presidente electo Trump y el vicepresidente electo Vance ordenaron a los republicanos que cerraran el gobierno y están amenazando con hacer precisamente eso, al tiempo que socavan a las comunidades que se recuperan de desastres, a los agricultores y ganaderos y a los centros de salud comunitario”.

Antes del nuevo golpe al liderato del speaker Johnson, quien buscará la reelección como presidente cameral, el 3 de enero, la Cámara de Representantes tenía previsto votar sobre la medida el jueves, cuando aspiran a recesar sus trabajos del año y de la sesión 118 del Congreso.

Solo con conocerse la multiplicidad de asuntos que se han incluido en la resolución, que en teoría pudo limitarse solo a extender el presupuesto, el liderato republicano se ha enfrentado a una avalancha de críticas de sus congresistas que consideran que son los demócratas los ganadores de la negociación bipartidista que generó la resolución.

El gasto adicional que la resolución propone es visto por los republicanos conservadores como una contradicción con el plan del presidente electo, Donald Trump, por medio de una comisión independiente (DOGE), de reducir gastos. “(La resolución) es lo contrario a lo que la comisión DOGE quiere hacer. ¿Votaré a favor? No”, dijo el conservador Ralph Norman (Carolina del Norte).

Como parte de sus críticas, Musk exhortó vía su red social X a derrotar en dos años a cualquier representante federal que vote a favor de la legislación.

“No nos tomamos en serio el gasto. Mientras tengas un cheque en blanco no puedes reducir el tamaño del gobierno. Si no puedes reducir el tamaño del gobierno, no puedes vivir en libertad”, dijo el republicano Chip Roy (Texas), otro legislador conservador, al salir de la reunión del martes de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes en la que el speaker Mike Johnson explicó el alcance de la legislación.

De extender el presupuesto vigente hasta el 14 de marzo, los republicanos se imponen un debate interno intenso dentro de los primeros dos meses de la presidencia de Trump. Los republicanos tendrán una ligera mayoría en la próxima sesión del Congreso, que inicia el 3 de enero, de 53-47 en el Senado, y de 220-215 en la Cámara baja.

Los republicanos, temprano en 2025, buscarán, además, un proyecto de reconciliación fiscal que puede incluir la revisión de la reforma contributiva federal de 2017 y un endurecimiento del sistema de inmigración, entre otras cosas.

Pero, muchos piensan que el speaker Johnson pensó que extender el presupuesto en vez de aprobar ahora una gigantesca legislación fiscal le evitaba problemas para su candidatura a la reelección como presidente cameral que se decide el 3 de enero, el primer día de la sesión 119 del Congreso. Ahora espera que la lluvia de críticas a la resolución temporal de presupuesto no le genere nuevos problemas en dos semanas.

Johnson no podrá perder más de tres votos el 3 de enero. Pero, ya uno de sus miembros, Thomas Massie (Kentucky), descartó favorecer su reelección.

Junto a los $100,000 millones solicitados por el presidente Joe Biden para mitigar los desastres naturales, la resolución anunciada el martes recomienda otros $10,000 millones dirigidos a asistir directamente a los agricultores.

“El proyecto de ley brinda a las comunidades de todo el país un alivio fundamental, invirtiendo $100,000 millones para ayudar a los estadounidenses a reconstruir y recuperarse.”, indicó Rosa DeLauro (Connecticut), líder demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Los $100,000 millones incluyen $29,000 millones para el fondo de ayuda por desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), $21,000 millones para el Departamento de Agricultura y $12,000 millones para el Departamento de Vivienda federal (HUD).

Un grupo de congresistas, liderado por el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, solicitó que en la asistencia por desastres se incluyan nuevos fondos para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico, en referencia a los apagones ocurridos en agosto durante el paso de la tormenta tropical Ernesto.

Pero, no hay ninguna asignación específica para Puerto Rico dentro del lenguaje legislativo.

La ley agrícola, en la que las autoridades de Puerto Rico quieren incluir un proceso de transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), se extendería hasta el 30 de septiembre de 2025. La actual ley agrícola venció en septiembre pasado.

Aunque ahora el gobierno de Puerto Rico tendría tiempo adicional para mantener la presión sobre el Congreso en torno al SNAP, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, Glenn “GT” Thompson (R-Pensilvania) ha indicado que “es mucho lo que (se) tiene que hacer”.

Para Thompson, el gobierno de Puerto Rico no ha tenido la estructura para implantar los requisitos de trabajo del SNAP y la tecnología necesaria. En el Senado, mientras, el republicano John Boozman (Arkansas), quien tampoco ha respaldado la inclusión de Puerto Rico en el SNAP, asumirá en enero la presidencia del Comité de Agricultura.

Como Thompson adelantó, la resolución negociada con los demócratas no incluye los cerca de $50 millones anuales adicionales en el PAN que propuso de cara a reautorizar la ley agrícola.

La resolución que está aun sobre la mesa incluye lenguaje que permite revivir un texto de 2009 que incrementaría el salario de los miembros del Congreso en proporción al aumento por el costo de vida. Dicha disposición fue frenada por los congresistas durante los últimos años. El salario actual de los legisladores es de $174,000.

La resolución de gastos también incluye $1,000 millones para reparar el puente Francis Scott Key de Maryland, $50 millones para la seguridad durante la toma de posesión del presidente electo Trump y autorización al gobierno municipal de Washington D. C. para controlar el antiguo estadio Roberto J. Kennedy, el cual quieren redesarrollar para traer de vuelta al equipo de fútbol estadounidense de la capital.