Washington D. C. - En su manual de política pública y procedimientos internos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció formalmente “que el lenguaje y la lógica racistas de los Casos Insulares no merecen lugar en nuestra ley”.

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De esta forma, Justicia federal confirmó la decisión que anunció, mediante carta en mayo pasado, a los miembros del Congreso y grupos cívicos de que se desvincularía del lenguaje y la lógica por la cual el Tribunal Supremo estadounidense creó el concepto de territorios no incorporados que, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos.

“Los litigantes del Departamento pueden y deben incluir declaraciones similares, según corresponda, en los documentos que aborden los Casos Insulares. Para garantizar la coherencia en el enfoque del Departamento en los Casos Insulares, los litigantes del Departamento deben notificar a la Oficina del Fiscal General Asociado sobre cualquier asunto que aborde la aplicabilidad de las disposiciones constitucionales a los territorios de Estados Unidos lo antes posible en el litigio”, agrega la guía oficial, adoptada en julio.

Este fin de semana, el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva (Arizona), afirmó que se trata de “un paso importante y significativo hacia el desmantelamiento del marco colonialista que estableció un estatus separado, pero desigual, en los territorios estadounidenses y finalmente la realización de una democracia justa y equitativa que realmente sirva a todos los estadounidenses”.

Grijalva fue uno de los 43 miembros del Congreso que, a través de una campaña liderada por la organización Right to Democracy, reclamó a Justicia federal desvincularse de la jurisprudencia de los Casos Insulares, que se mantiene viva un siglo después.

Al responder a los miembros del Congreso que reclamaron eliminar de las argumentaciones del Ejecutivo federal la teoría de los Casos Insulares, el secretario adjunto de Justicia para Asuntos Legislativos, Carlos Felipe Uriarte, afirmó, en mayo, que el Departamento de Justicia tiene ya como política pública condenar “inequívocamente la retórica y el razonamiento racista” de esa jurisprudencia.

Uriarte sostuvo, entonces, que su departamento “comparte sin ambigüedades su opinión de que tal razonamiento y retórica son irreconciliables con los principios fundacionales estadounidenses de igualdad, justicia y democracia”.

Por medio de los Casos Insulares, el Supremo federal estableció el status de territorios no incorporados, como Puerto Rico, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

El propio Tribunal Supremo estadounidense ha dejado atrás la retórica racista de los Casos Insulares, sin dejar de reconocer el amplio poder del Congreso sobre los territorios, que no tienen representación con voto en el gobierno federal.

Constitucionalistas han advertido que, aunque el máximo foro judicial estadounidense anulara la jurisprudencia de los Casos Insulares, el poder colonial del Congreso sobre Puerto Rico seguirá intacto.

En su carta de mayo, Uriarte había indicado que la posición de Justicia federal se reflejó claramente en el caso Fitisemanu versus Estados Unidos, en la que el Departamento argumentó que la aplicación de la Constitución a los territorios “debería decidirse ‘utilizando las herramientas ordinarias de interpretación constitucional, incluidos el texto, el contexto, práctica histórica y precedente’”.

“Esperamos poner a prueba la nueva guía de políticas del Departamento de Justicia sobre los Casos Insulares a través de una serie de nuevos casos que presentaremos en los próximos meses para desafiar la continua negación de la democracia y la autodeterminación en los territorios de los Estados Unidos”, indicó Neil Weare, codirector de Right to Democracy, que promueve la democracia, la equidad y la libre determinación de los territorios estadounidenses.

Para la puertorriqueña Adi Martínez Román, codirectora de Right to Democracy, “la nueva guía de políticas del Departamento de Justicia sobre los Casos Insulares ayudará a desnormalizar aún más el marco colonial antidemocrático que establecieron esas decisiones racistas”.