Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) se propone cancelar las subvenciones que no han sido desembolsadas del programa “Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes” (BRIC, en inglés), por el cual se han querido destinar más de $5,000 millones a comunidades en Estados Unidos, Puerto Rico, otros territorios y tribus.

---

Read this article in English.

---

El plan incluye rescindir fondos otorgados desde 2021.

“El programa BRIC fue otro ejemplo de un programa derrochador e ineficaz de FEMA. El programa estaba más interesado en las agendas políticas que en ayudar a los estadounidenses afectados por los desastres naturales”, confirmó un portavoz de FEMA.

En un comunicado de prensa, FEMA indicó que alrededor de $882 millones otorgados por medio de la ley bipartidista de infraestructura serán devueltos al Tesoro federal. Pero sostiene que otros $3,600 millones se quedarán en el fondo de ayuda para desastres de FEMA.

La ley federal autorizaba entregas de unos $1,000 millones anuales durante cinco años.

FEMA sostuvo que solo $133 millones habían sido desembolsados.

“Poner fin a este programa ayudará a garantizar que los fondos de las subvenciones se ajusten conforme a las órdenes ejecutivas del presidente y la dirección de la secretaria (de Seguridad Interna, Kristi) Noem, además de brindar mejor apoyo a los estados y las comunidades locales en la planificación, respuesta y recuperación por desastres”, agregó el portavoz.

Al momento, no está claro cuánto dinero del programa BRIC –creado por la primera administración de Donald Trump– se le había prometido a Puerto Rico y cuántos de esos fondos no han sido desembolsados.

De los $54,844 millones de FEMA asignados a Puerto Rico para mitigar las emergencias ocurridas en los pasados ocho años –lo que abarca diferentes programas–, se han desembolsado $24,511 millones, lo que representa alrededor de un 46%.

La decisión de buscar rescindir fondos del programa BRIC tiene lugar en momentos en que el presidente Trump quiere eliminar FEMA para dejar en manos de las autoridades estatales y locales gran parte de la respuesta a emergencias, como los huracanes, cuya temporada comienza el 1 de junio.

“BRIC fue otro ejemplo de un programa de FEMA derrochador e ineficaz. Se preocupaba más por el cambio climático que por ayudar a los estadounidenses afectados por desastres naturales”, indicó la portavoz de FEMA.

A finales de marzo, FEMA también congeló cerca de $10,000 millones en ayuda para organizaciones sin fines de lucro, lo que incluye a hospitales.

En marzo, Trump firmó la orden ejecutiva que establece como política pública que la preparación para desastres naturales –como los huracanes– y otras emergencias “se gestiona con mayor eficacia a nivel estatal, local e incluso individual”, con el apoyo del gobierno federal.

Una orden anterior de Trump requirió “una evaluación de si FEMA puede cumplir sus funciones como agencia de apoyo, brindando asistencia federal complementaria a los estados, en lugar de suplantar el control estatal de la ayuda en caso de desastre”.

Para poder eliminar FEMA, Trump requerirá el visto bueno del Congreso, lo que parece improbable.

El gobierno federal ha anunciado la cancelación de decenas de millones de dólares a Puerto Rico, incluyendo $45.18 millones otorgados al Departamento de Salud y unos $17 millones que manejaba la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), como parte de la decisión de rescindir asignaciones vinculadas a leyes relacionadas con la pandemia de COVID-19.

La mayor pérdida de fondos puede ser, por el momento, asignaciones otorgadas al Departamento de Educación de Puerto Rico que iban a ser utilizados para proyectos de infraestructura, como la reparación de escuelas con columnas cortas y terapias a estudiantes de Educación Especial.

Según Chris Soto, quien fue asesor del pasado secretario de Educación federal, el también puertorriqueño Miguel Cardona, tan reciente como en enero, a Puerto Rico se le extendió –hasta marzo de 2026– el uso de cerca de $200 millones asignados al Departamento de Educación puertorriqueño.

Los fondos que quedaran pendientes fueron frenados el pasado 28 de marzo, pero, pese a varias solicitudes, el secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, no ha indicado cuánto dinero le sería rescindido a su agencia.