La administración de Donald Trump mantiene frenados $365 millones asignados a Puerto Rico para la instalación de sistemas de energía solar en viviendas multifamiliares y centros de salud comunitarios.

Un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) confirmó este miércoles en la noche que se “está llevando a cabo una revisión a nivel departamental de todos los procesos de subvenciones relacionados para garantizar el pleno cumplimiento de la ley, las órdenes judiciales aplicables y las prioridades de la administración Trump”.

Por su parte, la Administración de Vivienda Pública (AVP) precisó que, desde febrero, el DOE detuvo el proceso para acceder a los $83 millones que le asignó el gobierno de Joe Biden para paneles solares y baterías de almacenamiento en residenciales públicos.

La misma experiencia tuvo la Federación Hispana, a las que les fueron asignados $58 millones para la instalación de esos equipos en centros de salud.

La subvención de $83 millones para la AVP es la segunda partida más grande de los $365 millones asignados en 2024, que son parte del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF, en inglés) que contó con $1,000 millones impulsados por los demócratas del Congreso para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en los techos de residencias de personas de bajos recursos y/o discapacitados.

“Somos la única agencia estatal que recibe esos fondos del Departamento de Energía”, indicó Francisco Rullán Caparrós, responsable de Asuntos de Energía en la AVP.

Por su parte, Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, en inglés), teme que todo este freno en fondos “sea la antesala de alguna decisión reduciendo drásticamente el programa o de su cancelación”.

“La fecha límite que el DOE estableció para concretar y finalizar estas subvenciones es el próximo 29 de abril de 2025, fecha que está a la vuelta de la esquina y no hay indicación de que la misma se habrá de cumplir. Solicitamos que el DOE apruebe estas subvenciones ya, o que establezca un calendario realista para su aprobación. Los fondos están y la necesidad es urgente. La necesidad crítica de estos sistemas se hizo más patente que nunca durante el apagón general de la semana pasada”, indicó Rúa Jovet.

Previamente, la administración de Trump ha frenado o eliminado cerca de $500 millones asignados al gobierno de Puerto Rico para programas de educación y salud. Pero, el impacto de los recortes presupuestarios federales en Puerto Rico puede ser aún más alto.

La subvención otorgada a la AVP fue parte de una alianza con la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Peritos Electricistas, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña y LUMA Energy.

“Estamos esperando que nos den más información”, dijo Rullán Caparrós, en entrevista telefónica, al indicar que la administración de la gobernadora Jenniffer González hace gestiones en favor de la asignación.

La mayor parte de ese segundo segmento de asignaciones –$223.5 millones– quedó en manos de Dynamic Solar Solutions.

Desde febrero, el presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, dio a conocer que el DOE había detenido el proceso para el desembolso de la subvención de $58 millones que se les asignó para instalar paneles solares en centros de salud 330 de Puerto Rico, que reciben fondos federales con el propósito de elevar la atención médica de comunidades desfavorecidas.

Dos meses después, las cosas no han cambiado.

“El proceso de negociación de ese contrato no ha tenido progreso… seguimos esperanzados en que el DOE inicie ese proceso de nuevo”, indicó el martes Charlotte Gossett Navarro, directora de la Federación Hispana en Puerto Rico, al acentuar que su organización conoce “el impacto que pueden tener en los centros de salud y en las comunidades”.

Gossett Navarro afirmó que “el concepto del programa es maravilloso y necesario”.

Todo esto tiene lugar en momentos en que, según fuentes, el DOE se propone limitar la presentación de solicitudes para el programa de instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en los techos de unas 30,000 residencias de personas de bajos recursos y/o discapacitados, para el cual se asignaron los primeros $450 millones del PR-ERF.

La intención, según los informes, es cerrar en junio el proceso de presentación de solicitudes, lo que fuentes cercanas al programa prevén reducirá el plan de instalar paneles solares en 30,000 viviendas.

“Cada caso que recibamos lo vamos a seguir instalando”, dijo Michael Juarbe, portavoz de Sunnova, una de las empresas seleccionadas para instalar los paneles residenciales.

Juarbe –quien sostuvo que instalan entre 700 y 1,000 paneles solares cada mes, como parte del programa financiado por el DOE– señaló que ha escuchado de la decisión de finalizar en junio las solicitudes para la instalación de paneles solares, pero no ha visto “comunicación oficial”.

Cualquier comunicación debería haberse enviado a las organizaciones comunitarias –llamados “embajadores”– encargadas de buscar los candidatos para el programa.

Contrario a la pasada secretaria Jennifer Granholm –cuya administración publicó un plan para Puerto Rico alcanzar un sistema de energía que pueda funcionar en un 100% con fuentes de energía renovable–, el actual secretario de Energía, Chris Wright, es un promotor de la energía producida por medio de combustibles fósiles.

En una reunión de marzo del gabinete de Trump, Wright alegó falsamente que la administración de Biden había destinado la mayoría de los fondos dirigidos a la reconstrucción de la red eléctrica a proyectos de energía renovable.

“Querían convertirlos en un ejemplo de la energía eólica y solar”, afirmó Wright, quien desde el sector privado estuvo identificado con la industria del gas natural y antes hizo comentarios dirigidos a disminuir la importancia del cambio climático.

Por iniciativa del recién fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona), el Congreso aprobó y Biden convirtió en ley, en diciembre de 2022, asignar $1,000 millones para la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en techos de residencias de personas de bajos recursos económicos y/o discapacitados.

Al anunciar la segunda parte de las subvenciones asociadas a esa iniciativa, Granholm mantuvo que la mayor tajada de los fondos estaba dirigida a financiar iniciativas para las áreas comunes en proyectos de vivienda pública o edificios de vivienda multifamiliar subsidiados por el gobierno totalizarían $190 millones.

La partida asociada a los centros de salud comunitarios –$175 millones– se destinó a las instalaciones 330, con énfasis en las instalaciones que ofrecen servicios de diálisis, diagnóstico y tratamiento.

Personal del DOE ha tenido ya dos reuniones en San Juan con la administración de González y las empresas de energía eléctrica. Al parecer, sin embargo, ese equipo federal no se ha entrevistado con las organizaciones y empresas que están vinculadas al programa PR-EFR.

Según fuentes, un representante de la gobernadora –quien como comisionada residente en Washington respaldó el proyecto de Grijalva, pero está en sintonía con Wright en el respaldo al uso del gas natural– abogó en una de las reuniones del DOE en favor de completar el programa de los $1,000 millones.

“El Departamento de Energía está trabajando activamente con la gobernadora González Colón y la Casa Blanca para fortalecer la red eléctrica de Puerto Rico y garantizar que la población tenga acceso a energía confiable, asequible y segura. Tras los recientes apagones que afectaron a familias, empresas e infraestructura crítica, el Departamento de Energía sigue centrado en impulsar soluciones que brinden ayuda urgente, prevengan desastres futuros y restablezcan el acceso a la energía confiable a largo plazo en toda la isla”, agregó el portavoz del DOE.

Rúa Jovet afirmó que, a menos de 40 días del inicio de la temporada de huracanes, “proteger y utilizar el fondo de resiliencia del DOE equivale a construir un gran regulador de voltaje en toda la red de distribución, en beneficio de todos los abonados y el país”.

La semana pasada, en una carta a Wright, las congresistas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California), ya advertían del retraso en la entrega de $365 millones de esas asignaciones y pidieron acción al funcionario.

“Respetuosamente, exhortamos a la gobernadora González y al comisionado Hernández a que continúen abogando por la protección de estos fondos que son vitales para Puerto Rico. La isla sigue enfrentando una situación crítica respecto al sistema eléctrico, y las acciones concretas y urgentes que estos fondos viabilizan no solo ayudan a evitar apagones a corto plazo, sino que mantienen a Puerto Rico encaminado en la ruta de la estabilidad y seguridad energética. El momento de actuar es ahora”, subrayó Rúa Jovet.

En febrero de 2023, el DOE mantuvo –bajo la presidencia de Biden– que entendían “la urgencia de actuar rápidamente en Puerto Rico”, y prometió “implementar este programa de manera oportuna, garantizando al mismo tiempo que las comunidades puertorriqueñas sean escuchadas y participen en su diseño y la implementación”.