Washington D.C. - Una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó que, al cerrar 2024, el gobierno de Puerto Rico dejó sin utilizar poco más de $1 millón en fondos federales que estuvieron dirigidos a asistir a pescadores después de la pandemia de COVID-19.

Según un memorando firmado por la inspectora adjunta interina, Analee Striner-Brown, con fecha del 2 de abril, al terminar el pasado año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) planificaba devolver el dinero al Tesoro federal.

Los hallazgos son parte de una auditoría solicitada por la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) sobre los $3.9 millones que se le hicieron disponibles al Departamento de Agricultura de Puerto Rico para ayudar a los pescadores.

“Es increíblemente frustrante ver cómo se desperdiciaron fondos que podrían haber marcado una gran diferencia. Los pescadores puertorriqueños han pasado años esperando ayuda, solo para ver esos recursos mal gestionados”, indicó la congresista Velázquez, al reaccionar a la auditoría.

Los fondos sin utilizar se relacionan con una partida de $2.97 millones de una ley de asignaciones consolidadas de 2021 (CAA, en inglés).

Otra partida de la ley Cares de 2020, que otorgó $992,771, se distribuyó por completo. Pero, de los $2.97 millones otorgados un año después por medio de la ley CAA, $1,065,516 habrían sido devueltos.

En la primera ronda de pagos bajo la ley CAA, Agricultura de Puerto Rico distribuyó entre $2,532 y $2,821 para asistir a pescadores y empresas de pesca chárter. En una segunda ronda para pescadores que sufrieron una pérdida de ingresos de más del 35%, la asistencia fluctuó entre $2,419 y $15,000.

Los fondos de la ley CAA beneficiaron a 492 pescadores. Pero, ese número representó un 27% de los pescadores elegibles.

“Según el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, el número de solicitantes que solicitaron los pagos de incentivos fue menor de lo esperado. El Departamento de Agricultura explicó que el bajo número de solicitantes se debió a que los pescadores no contaban con toda la documentación requerida para solicitarlos y se mostraban reticentes a confiar en el proceso de solicitud”, indicó Striner-Brown en el memorando enviado la vicealmirante Nancy Hann, subsecretaria de Operaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos y quien ejerce de forma interina las funciones de administradora de la NOAA.

Velázquez comentó que el aviso oficial de solicitud indicaba que no era necesario presentar planillas de contribución, por lo que se pone en duda la justificación de la oficina puertorriqueña.

El memorando sostiene que Agricultura intentó destinar $1.5 millones de los fondos de la ley CAA para comprar equipos, pero que la petición fue rechazada por no alinearse con el programa.

“La auditoría refleja la falta de urgencia y de compromiso que demostró el Departamento de Agricultura manejando los fondos de la ley de asignaciones consolidadas, algo que los pescadores han estado denunciando consistentemente y es una de las razones por las cuales están solicitando al Departamento de Agricultura que nombre un nuevo o nueva directora del Programa de Pesca”, indicó Juan Capella Noya, consultor comunitario de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA).

Mientras, Velázquez sostuvo que Puerto Rico no debe permitir que la no utilización de fondos destinados a la recuperación del archipiélago se vuelva la norma. Por lo tanto, hizo un llamado a mantener la supervisión sobre el uso de los fondos federales de recuperación en Puerto Rico. “Cada dólar debe ser supervisado y cada agencia debe rendir cuentas”, agregó.

La auditoría reclama también a la NOAA mayor supervisión sobre ese tipo de programa.

En enero, Velázquez dio a conocer otra auditoría, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio, que señaló que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha distribuido con muchísima lentitud los cerca de $11.4 millones que recibió de la NOAA para ayudar a los pescadores a recuperarse de los daños y consecuencias de los huracanes de 2017.

Los fondos fueron asignados por la NOAA a base de la ley bipartidista de presupuesto de 2018 que, entre otras cosas, buscó mitigar los daños causados en Puerto Rico y otras jurisdicciones por los huracanes Irma y María de 2017.

Velázquez señaló, entonces, que era alarmante que la disponibilidad de la mayor parte de los fondos, unos $9.8 millones, expiraba al terminar marzo, mientras otra porción del dinero tenía que utilizarse antes de abril, pese a recientes extensiones de tiempo.