Washington D.C. - El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que el gobierno de Puerto Rico es el primero que se ha comprometido, por escrito, a cumplir con el mandato de la administración de Donald Trump que prohíbe a entidades que reciben fondos federales poner en marcha iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

El subsecretario interino de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal, Craig Trainor, dio a conocer a la publicación conservadora Breitbart News el documento firmado por el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, que le obliga a descartar iniciativas de acción afirmativa o que violen el título VI de la ley federal de derechos civiles, que prohíbe discriminar a base de raza, color y origen nacional en programas que reciben fondos federales.

Para la administración de Trump, cumplir con el título VI de la ley de derechos civiles es descartar iniciativas DEI.

El pasado 3 de abril, el Departamento de Educación estadounidense envió una carta en la que dio un plazo de 10 días a los responsables de los sistemas estatales y locales para certificar que cumplen con el título VI de la ley federal de derechos civiles y las responsabilidades impuestas por el Tribunal Supremo estadounidense al invalidar los programas de acción afirmativa en favor de minorías.

Trainor sostuvo que Puerto Rico es la primera jurisdicción que firma el documento referido a las jurisdicciones estatales y locales que administran fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos, el cual Trump quisiera eliminar y ha comenzado a desmantelar.

“El Departamento de Educación de Puerto Rico entiende que esta no es una solicitud controversial: cuando los comisionados de educación aceptan fondos federales, están legalmente obligados a cumplir con las leyes de derechos civiles”, dijo Trainor a la publicación conservadora.

Ramos Parés había indicado que cumpliría con los mandatos de Trump, pero al mismo tiempo reafirmado la defensa de la equidad en el sistema de educación pública.

A finales de enero, Trump suscribió un decreto que ordenó restringir el acceso a fondos federales a sistemas educativos que no cumplan con su visión sobre cómo enseñar “patriotismo”, y eduquen sobre la identidad de género y el racismo.

Entonces, el secretario Ramos Parés afirmó que “el Departamento de Educación de Puerto Rico está comprometido con la equidad y la igualdad”.

“La instrucción pública y el currículo no son una excepción. Rechazamos el extremismo de cualquier tipo y nos centramos en crear ciudadanos destacados que tengan las herramientas y habilidades necesarias para promover el pensamiento crítico, el razonamiento y el civismo. (El Departamento de Educación local) honrará nuestra historia y la historia del mundo, y nuestro objetivo es preparar a los estudiantes para comprender y desarrollar visiones del mundo basadas en hechos y razón”, agregó entonces Ramos Parés.

Dos semanas después, el pasado 14 febrero, el Departamento de Educación federal circuló otra carta en la que advirtió a las instituciones educativas que pueden perder el acceso a fondos federales si toman en cuenta la raza de las personas para el otorgamiento de becas o contrataciones.

El lunes, el secretario Ramos Parés confirmó que el Departamento de Educación de Puerto Rico se expone a perder hasta $401 millones debido al freno que impuso la secretaria de Educación federal, Linda McMahon, al uso de fondos relacionados a la pandemia del COVID-19 que aún no se le habían desembolsado a la isla.

En enero pasado, el entonces secretario de Educación de Estados Unidos, el puertorriqueño Miguel Cardona, había extendido el uso de esos fondos, que expiran en marzo, hasta ese mes de 2026. McMahon los dio por cancelados el mismo 28 de marzo, día en el que envió la comunicación a los jefes de departamentos de Educación a nivel estatal y local.