Washington D.C. - En la conmemoración del 30 aniversario de la ley federal que combate la violencia contra la mujer (VAWA, en inglés), lideresas de organizaciones puertorriqueñas advirtieron el jueves, en la capital estadounidense, que se requieren más recursos para la prevención y la educación.

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Las mismas limitaciones, indicaron, ocurren por medio de los programas del gobierno de Puerto Rico.

“Poco dinero se destina a lo que es la educación y la prevención. Eso se hace de manera orgánica, sobre todo en Puerto Rico, porque los estados reciben más cantidades de fondos, particularmente por fórmula, pero nosotros, por ser un territorio pequeño, recibimos menos”, dijo Lisdel Flores, directora ejecutiva del Hogar Ruth Para Mujeres Maltratadas, en entrevista con El Nuevo Día.

Flores participó en el evento junto a la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez.

Luego, al igual que otras activistas de la isla, Flores y Rosario acudieron a un evento en la Casa Blanca, en el que el presidente Joe Biden destacó la importancia de una ley que impulsó como senador por Delaware.

Flores y Rosario estuvieron entre las invitadas especiales que se colocaron en las escalinatas que dan al jardín del lado sur de la Casa Blanca, para la ceremonia oficial. También asistieron Verónica Colón Rosario, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico; Nirvana Gonzalez Rosa, de Proyecto 85; Alondra Hernández, de Aborto Libre Puerto Rico; y Débora Upegui, del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico.

“Antes de VAWA, nuestro país no hablaba de la violencia contra las mujeres como una epidemia nacional o un problema que el gobierno tenía que abordar. Como sociedad, a menudo pasábamos por alto la violencia doméstica, considerándola un asunto familiar, no un delito”, indicó el presidente Biden en la proclama del 30 aniversario del estatuto. En la ceremonia, dijo que su objetivo, más que cambiar la ley, fue “cambiar la cultura”.

Flores sostuvo que se trata de una ley de vanguardia. “Ha proporcionado recursos y protección a millones de personas, convirtiéndose en una herramienta indispensable para prevenir y erradicar la violencia, no solo contra las mujeres, sino contra cualquier persona que haya sufrido este tipo de violencia”, dijo.

En su ponencia en el foro celebrado en los cuarteles generales de los Cuerpos de Paz, Flores destacó la importancia de educar a los hombres, principalmente a los más jóvenes.

“La juventud está demostrando un compromiso cada vez mayor en esta lucha, aportando nuevas perspectivas y estrategias innovadoras”, indicó Flores, al hablar de las campañas desarrolladas por la Coordinadora Paz para las Mujeres, de la cual su institución forma parte, “Juega pa’l Equipo” y “Ama y Janguea con Sentido”, y el trabajo histórico de Taller Salud, entre otras instituciones.

Por medio de “Juega pal Equipo”, se llevaron mensajes a 10 universidades y se ofreció un adiestramiento a entrenadores, personal de las universidades y administradores de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) de Puerto Rico.

“Hubo una inmersión y realmente fueron los jóvenes los que dieron las ideas de cómo atenderlo”, señaló Flores, al destacar que, por ejemplo, las muchachas podían sacar una “tarjeta roja” –como hace el árbitro del fútbol– si algún compañero de estudio cometía una imprudencia.

Resaltó, además, la creación de la Escuela Mariposa Montessori dentro del Hogar Ruth, “primer y único centro de desarrollo educativo Montessori para niños y niñas que está insertado en un albergue de emergencia que atiende a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, acecho y/o agresión sexual”.

En 2023, Hogar Ruth ofreció beneficios directos a 8,538 personas, por medio de sus albergues de emergencias, programas de vivienda, servicios de consejería y el equipo de respuesta a casos relacionados a ataques sexuales. Además, recibieron 942 llamadas a través de su línea de emergencia para atender casos de violencia doméstica.

En la escuela Montessori, han atendido 116 estudiantes.

Pero, tras un cuatrienio en que se ha visto un alza en los feminicidios, Flores destacó la urgencia de poder tener “una campaña sostenida” de prevención. “Porque el tema estuvo bien contundente, hablamos desde el remedio, pero no desde impulsar la prevención a través de la educación con perspectiva de género, y crear proyectos innovadores”, sostuvo.

Además, destacó que las leyes 20 y 22 –ahora integradas a la ley 60 de 2019– han contribuido al problema de vivienda, incluida el alza en el costo del alquiler, para las víctimas de violencia que buscan rehacer su vida. “Muchas mujeres saliendo del ciclo de violencia no tienen posibilidad de ubicación en una vivienda digna”, dijo, en la entrevista con El Nuevo Día.

En vez de nueva legislación, lo que se requiere en Puerto Rico es poder implantar los planes, como considera ha ocurrido con las iniciativas del gobierno para enfrentarse este cuatrienio a los feminicidios. “No estamos viendo los resultados de ese plan… Si hablara de legislación, sería una que reconociera nuestros servicios como esenciales”, sostuvo Flores.

Rosario Méndez advirtió, por su parte, que, ciertamente, leyes como VAWA de Estados Unidos y 54 de Puerto Rico, además de codificar delitos, han creado prioridades presupuestarias cuyos porcentajes dedicados a la educación y la prevención no se equiparan con las necesidades de “atender el problema”.

“Hay un tema que no requiere recursos, que es la ausencia de respuesta coordinada entre las agencias y por esa brecha se nos van la vida de las mujeres. Las mujeres en situaciones de violencia doméstica, muchas veces, han seguido todas las instrucciones. Han seguido todas las órdenes, radicado sus casos y no las hemos podido proteger”, dijo Rosario Méndez.

En ese sentido, como directora de Taller Salud, sostuvo que la falta de coordinación entre las agencias del gobierno genera una ausencia de datos y análisis confiables sobre “donde están los problemas”. “Ese tipo de cosas no requiere dinero, requiere instrucciones y adiestramientos”, dijo, al abogar por adiestramientos para las unidades de delitos especiales y violencia de género y un incremento en las salas dedicadas a esos asuntos en los tribunales.

Además, subrayó que el proceso penal suele hacer invisible y provoca la revictimización, en vez de centrarse en la perjudicada y tener en cuenta el trauma por el cual ha pasado.

En el caso de Taller Salud, por 45 años han podido construir una oferta independiente que persigue mejorar el acceso de las mujeres a la salud y ofrecer alternativas comunitarias para acceder a la justicia. “La gente en las comunidades quiere vivir vidas libre de violencia, pero no sabe exactamente el rol que tiene que ejercer para prevenir. Nos hemos dado a la tarea de vincular a la comunidad… para que todo el mundo se sienta parte”, subrayó Rosario Méndez.