En un informe, la organización Right to Democracy ha afirmado que derogar la jurisprudencia de los Casos Insulares no implica que los ciudadanos de los territorios estadounidenses –como Puerto Rico– tengan necesariamente que pagar contribuciones federales sobre ingresos.

“La ley es clara: el Congreso tiene amplia discreción, independientemente de los Casos Insulares, para regular la política fiscal federal, tanto en los territorios como en todo Estados Unidos”, indicaron Neil Weare, Sumaya Bouadi y Alex Golubitsky, autores del informe.

En ese sentido, señalaron que “anular los Casos Insulares no afectaría las obligaciones fiscales federales de quienes viven en los territorios estadounidenses”.

“Esta realidad deja aún más claro que los Casos Insulares, su razonamiento y retórica racistas, y el marco colonial antidemocrático que establecieron no merecen cabida en nuestra legislación y deben ser anulados”, agregaron Weare, Bouadi y Golubitsky.

Con ocasión de la fecha final para presentar las planillas de contribuciones sobre ingresos en Estados Unidos, los representantes de Right to Democracy mantuvieron que algunos han argumentado que derogar los Casos Insulares, decididos por el Tribunal Supremo estadounidense a principios del siglo pasado, implicaría tener que pagar contribuciones federales sobre ingresos.

Right to Democracy, una organización sin fines de lucro, ha abogado por la anulación de la jurisprudencia de los Casos Insulares, como parte de sus propuestas en favor de la democracia, la equidad y la autodeterminación de los territorios estadounidenses.

“Si se revocaran los Casos Insulares y se aplicara la cláusula de uniformidad (de la Constitución estadounidense) a los territorios, el Congreso aún tendría amplias facultades para distinguir entre ellos y los estados al imponer impuestos indirectos, tanto en virtud de sus facultades generales como de sus facultades específicas en virtud de la cláusula territorial… (que) otorga al Congreso amplias facultades para distinguir entre Estados Unidos y los territorios en materia tributaria, así como en materia de beneficios federales”, añadieron Weare, Bouadi y Golubitsky en su análisis.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense sobre los Casos Insulares creó el status de territorios no incorporados, como Puerto Rico, que pertenecen a, pero no son parte de, Estados Unidos y donde solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución federal.

En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, informó a 43 miembros del Congreso que toma medidas para asegurar que sus litigantes descartan plenamente utilizar la jurisprudencia racista de los Casos Insulares –que incluye referencias a que sus residentes no pueden gobernarse a sí mismos– como defensa en controversias judiciales referentes a los territorios estadounidenses.

Previamente, los jueces asociados del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch han hecho expresiones en contra de la jurisprudencia de los Casos Insulares, lo que Right to Democracy considera amplía las posibilidades de dejar atrás ese marco jurídico.

“Esta época del año, cuando la gente piensa en los impuestos, es un buen momento para disipar el mito persistente de que anular los racistas Casos Insulares generaría nuevos impuestos o alteraría el marco fiscal actual. La gente no tiene que elegir entre impugnar los Casos Insulares y proteger su bolsillo”, señaló Weare, codirector de Right to Democracy y quien creció en Guam.

Por su parte, Bouadi, abogada experta en temas tributarios, afirmó, en una declaración, que el Congreso tiene amplios poderes bajo la Constitución no solo para tratar a los residentes de los territorios de manera diferente a las personas en los estados, sino también para tratar a las personas que viven en los estados “de manera diferente entre sí en función de las diferencias geográficas y consideraciones económicas”.

“La Corte Suprema reiteró, en 2022, que el Congreso tiene facultades especiales –facultades no relacionadas con los Casos Insulares– en lo que respecta a cuestiones de impuestos y beneficios federales en los territorios estadounidenses. Por lo tanto, anular los Casos Insulares no impediría un trato fiscal único para las personas en los territorios estadounidenses”, señaló Golubitsky, abogado experto en temas tributarios de los territorios.

Al igual que Samoa americana, Puerto Rico no tiene un código tributario similar a la estructura federal.

Como parte de ese trato diferente, por ejemplo, el gobierno federal fija un impuesto especial sobre el ron producido en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses que es importado a Estados Unidos. Pero devuelve gran parte de ese impuesto a los departamentos de Hacienda de los dos territorios.

Estados Unidos también mantuvo beneficios tributarios especiales para corporaciones estadounidenses radicadas en territorios como Puerto Rico, como en el caso de la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

“El Congreso tiene mucha mayor flexibilidad, bajo la Constitución, para establecer la política tributaria federal de lo que muchos creen, tanto en los territorios estadounidenses como en los 50 estados”, indicaron los autores del informe.

Además, Weare, Bouadi y Golobitskys expresaron que la cláusula para territorios de la Constitución de los Estados Unidos “proporciona una base independiente, separada de los Casos Insulares, para que el Congreso trate a las personas en los territorios estadounidenses de manera diferente en lo que respecta a cuestiones de impuestos y beneficios federales”.

Al aludir al trato distinto respecto a programas de bienestar social, como la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Medicaid y la asistencia alimentaria, indicaron que “los territorios obtienen un mal trato que asciende a miles de millones de dólares en beneficios perdidos”.

“Los habitantes de los territorios han perdido mucho más en prestaciones federales de lo que habrían pagado en impuestos federales (sobre ingresos). Lo que parece un ‘trato’ en realidad no lo es, y el impacto recae con mayor fuerza en las comunidades vulnerables y de bajos ingresos”, añadieron.

Los autores del informe enfatizaron, además, que la falta de pleno acceso a programas federales –validada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos– “no debería sorprender, ya que los 3.6 millones de personas que viven en los territorios estadounidenses carecen de representación con derecho a voto en el Congreso que establece estas normas: impuestos sin representación en el sentido más literal”.