Washington D.C. - Debido a la falta de controles, el gobierno de Puerto Rico no pudo justificar el gasto de más de $50 millones dirigidos a parear subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) para la recuperación y reconstrucción del archipiélago tras los huracanes Irma y María, de 2017.

Al dar a conocer una auditoría sobre pagos hechos por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico en torno a dos subvenciones federales, la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD recomendó que la Oficina de Resolución de Disputas “exija a Puerto Rico que respalde o reembolse los pagos no justificados del HUD por un total de $47.8 millones”.

El informe sostiene, además, que “Puerto Rico no informó de forma transparente los montos que gastó en actividades de contrapartida no federales en comparación con más de $2.8 millones en otros gastos elegibles de recuperación ante desastres de la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitaria (CPD, en inglés)” de HUD.

La OIG mantuvo que, si Puerto Rico sigue sus recomendaciones para actualizar o revisar sus controles financieros y de pago, puede, en total, evitar tener que repagar alrededor de $62 millones.

Más aún, sostuvo que, al reclamar una mejora de los controles financieros del gobierno de Puerto Rico, buscan “proteger más de $617 millones de fondos no gastados –asignados a la parte del programa de asistencia pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que no recibe contrapartida federal– en riesgo de pagos indebidos”.

La auditoría de la OIG –que fue publicada el 8 de octubre y cubrió fondos otorgados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023– se basó, principalmente, en el examen de 49 de 74 transacciones vinculadas a dos subvenciones federales de HUD.

Pero, también examinó otros pagos que habrían sido mezclados con transacciones referentes a proyectos financiados con fondos de FEMA.

La investigación reflejó justificaciones duplicadas, incompletas e inexactas, pues no coincidían ni se conciliaban “con los montos de contrapartida no federal pagados con fondos para la recuperación ante desastres”.

Siete de los pagos contenían facturas duplicadas, 39 información incompleta y tres excedían el monto del pareo, por lo que no era posible justificar la porción asignada como contrapartida de fondos de HUD.

“Estos pagos de HUD sin justificación se produjeron porque Puerto Rico no contaba con controles internos adecuados para clasificar, asignar y dar seguimiento correctamente a sus gastos de contrapartida no federal financiados para la recuperación ante desastres”, subraya el informe de la OIG, al indicar que el gobierno puertorriqueño no asignó correctamente los gastos ni respaldó los pagos que totalizaron más de $47.8 millones.

Pero, al proyectar los resultados de esa parte de la muestra estadística “al universo de auditoría, se observó que Puerto Rico podría haber presentado gastos para pagos de HUD no respaldados por un total de $54.8 millones”.

El informe de la OIG encontró, además, que Puerto Rico “mezcló sus gastos de contrapartida no federal de la CPD” con otros gastos de recuperación por desastre “en 26 de los 74 (35%) pagos de HUD analizados”.

En ese sentido, la auditoría sostuvo que tanto la CPD como el gobierno de Puerto Rico “no establecieron controles financieros ni de pago” para reportar, por separado, de forma transparente e independiente a fondos de FEMA otros $2.8 millones en subvenciones de HUD.

Debido a las fallas encontradas en la muestra, la OIG proyectó que el gobierno de Puerto Rico pudo no haber reportado de forma transparente en total $7.17 millones “en pagos de HUD que no están relacionados con los gastos de contrapartida no federal de FEMA”.

De acuerdo con el informe de la OIG de HUD, el gobierno de Puerto Rico respondió que “los problemas detectados no se debían a pagos indebidos, sino más bien a cuestiones de registro y presentación de datos que pueden resolverse mediante la implantación de procedimientos de presentación de informes mejorados y la entrega de documentación de respaldo adicional”.

El gobierno boricua también mantuvo que “no existía evidencia” de pagos incorrectos o duplicados, según la respuesta del jefe adjunto de la Oficina de Recuperación de Desastres del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Félix Hernández Cabán.

En una carta del 23 de septiembre pasado a Linda Beth Evensen, auditora sénior de la OIG de HUD, Hernández Cabán afirmó que, en “solo ocho de los 49 pagos muestreados, ciertos documentos requeridos se habían omitido inadvertidamente de los materiales proporcionados” a la oficina federal.

“Esta omisión no indica que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico carezca de la documentación”, sostuvo.

Pero, Hernández Cabán, a nombre de Vivienda, rechazó que, en los otros 41 casos, no se ofreciera información suficiente.

“Por consiguiente, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico sostiene que los 41 pagos se clasificaron erróneamente como no justificados”, agregó.

Vivienda de Puerto Rico también rechazó que hayan fallas en requisitos de reembolso que vinculaban también fondos de FEMA.

La OIG reconoció, sin embargo, que Vivienda ha acordado “mejorar sus controles y procedimientos”.

El informe alude a $9,700 millones en fondos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), que en total ha asignado más de $20,000 millones a Puerto Rico tras los huracanes de 2017.

La auditoría fue realizada, entre el 16 de julio de 2024 y el 10 de febrero de 2026, desde las oficinas de Fort Worth y San Antonio, Texas, y Oklahoma City, en Oklahoma.