Washington D.C. - El gobierno de Puerto Rico incumplió, por 68 días, el mandato de tiempo que el gobierno federal dio para la designación de un supervisor en jefe de las contrataciones financiadas por Medicaid, según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG, en inglés) del Departamento de Salud de Estados Unidos.

De acuerdo con la auditoría de la OIG, divulgada el miércoles, el Departamento de Salud de Puerto Rico tenía hasta el 29 de junio de 2023 para nombrar a ese funcionario. Empero, tardó hasta el 5 de septiembre de ese año para cumplir con el mandato de ley.

El análisis –a base de la auditoría hecha entre octubre de 2023 y septiembre de 2024– establece que el Departamento de Salud de Puerto Rico “cumplió parcialmente con los requisitos federales de supervisión de contrataciones y adquisiciones aplicables a su programa de Medicaid”, que financia, en gran medida, el Plan Vital del gobierno puertorriqueño.

“Específicamente, Puerto Rico presentó una certificación oportuna al Departamento de Salud de Estados Unidos respecto a sus actividades de contratación financiadas por Medicaid; sin embargo, no designó un líder de supervisión de manera oportuna. Además, Puerto Rico certificó tres contratos que no cumplieron con los estándares federales relacionados con la contratación competitiva”, agregó.

Desde 2020 y más recientemente por medio de una ley de asignaciones de 2023, la cual reunió el aumento en los fondos de Medicaid para Puerto Rico hasta 2027, el gobierno federal ha pedido mayor rigurosidad y supervisión al Departamento de Salud puertorriqueño en torno a los contratos que otorga.

La OIG indicó que el Departamento de Salud de Puerto Rico argumentó que el retraso en la designación del supervisor en jefe se debió a que la persona seleccionada para el puesto anteriormente ocupaba otro cargo y tuvo que reclutar antes un sustituto.

En su respuesta, el Departamento de Salud de Puerto Rico argumentó que el supervisor en jefe estuvo nombrado desde el 3 de agosto, con retroactividad al 26 de julio. La OIG, sin embargo, determinó que en ese momento el funcionario tenía un nombramiento como “asistente especial”, sin proporcionarse detalles sobre sus deberes.

No fue hasta el 5 de septiembre de 2023 que ese funcionario tuvo el título de “líder de supervisión” o supervisor en jefe, sostuvo la oficina federal.

Mientras, el informe indica que, de cinco contratos otorgados bajo el programa Medicaid que alcanzaban –al menos– un valor de $150,000, tres no estuvieron sujetos a los estándares federales de adquisición.

“Uno de los tres contratos cubiertos relacionados con servicios profesionales fue una enmienda adjudicada mediante una adquisición no competitiva”, señaló la OIG.

Los otros dos fueron contratos de arrendamiento que el Departamento de Salud de Puerto Rico consideró, erróneamente, que estaban excluidos de los requisitos de adquisiciones federales, contrario a las normas locales.

Como parte del análisis, la OIG del Departamento de Salud de Estados Unidos recomendó que “el Departamento de Salud de Puerto Rico actualice sus políticas y procedimientos para cumplir con los estándares federales de adquisiciones, incluidas las políticas y procedimientos relacionados con contratos de arrendamiento, bienes y servicios no profesionales”.

El programa Medicaid en Puerto Rico ha estado bajo la lupa federal desde hace unos años, sobre todo, después de los actos de corrupción que salieron a la luz pública en 2019, cuando la responsable de la Administración de Seguros de Salud (ASES) era Ángela Ávila, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

Otro informe de la OIG de Salud federal, divulgado en 2023 –sobre operaciones de abril de 2018 al 30 de septiembre de 2020– reveló que el Departamento de Salud de Puerto Rico reclamó reembolsos por más de $7 millones en fondos de Medicaid a nombre de pacientes que habían muerto o que se cree que habían fallecido.