Washington D.C. - El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha distribuido con muchísima lentitud los cerca de $11.4 millones que recibió de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) para ayudar a los pescadores a recuperarse de los daños y consecuencias de los huracanes de 2017, confirmó un análisis de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

“Solo aproximadamente el 7% de los fondos totales de asistencia por desastre ($801,362 de los aproximadamente $11.4 millones) se han gastado desde el 1 de abril de 2020″, indica el informe de la Oficina del Inspector General, con fecha del 22 de enero y solicitado desde agosto de 2022 por un grupo de congresistas, encabezados por la demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).

Los fondos fueron asignados por la NOAA a base de la ley bipartidista de presupuesto de 2018 que, entre otras cosas, buscó mitigar los daños causados en Puerto Rico y otras jurisdicciones por los huracanes Irma y María de 2017.

Velázquez sostuvo que es alarmante que la disponibilidad de la mayor parte de los fondos, unos $9.8 millones, expire al terminar marzo, mientras el resto tiene que utilizarse antes de abril, pese a recientes extensiones de tiempo.

“Es fundamental que el gobierno entrante actúe con rapidez para distribuir estos recursos. Es inaceptable que, casi ocho años después del huracán María, los pescadores sigan esperando la ayuda que merecen y podrían perderla por completo si el gobierno no actúa de inmediato”, indicó Velázquez, tras recibir el informe.

Además, le pareció alarmante que haya más de $1 millón asignados para “gastos administrativos”.

“Ahora, el DRNA debe acelerar el desembolso de los fondos o la NOAA debe otorgar una extensión para garantizar que estos fondos se utilicen como está previsto. El gobierno ha fallado a estos pescadores durante demasiado tiempo, deben dar un paso adelante y hacer las cosas bien”, afirmó.

Inicialmente, la NOAA asignó unos $9.8 millones al DRNA para 12 proyectos, entre estos, restauración del hábitat esencial de los peces ($130,000), manejo del sargazo ($600,000), actualización y mejora de la base de datos de desembarques de pesca comercial ($322,000), fortalecimiento de la resiliencia del laboratorio de investigación pesquera ($1 millón), fortalecimiento de la infraestructura de las villas pesqueras ($2.12 millones), reparación y ampliación de rampas para pescadores comerciales ($2.67 millones), reparación de muelles de pesca comercial ($694,730), ayuda directa ($400,000), y mejorar el cumplimiento de la normativa ($268,000).

Hasta agosto de 2023, los fondos utilizados eran para los programas de ayuda directa ($358,263 o 90%), mejorar el cumplimiento con las normas ($209,000 o 78%), la restauración del hábitat esencial de los peces ($104,000 u 80%), y actualizar y mejorar la base de datos de desembarques de pesca comercial ($101,370 o 31%).

Los otros $1.6 millones han estado destinados a equipos, suministros y aparejos de pesca; capacitaciones de buceo o certificados para bucear y pescar; reparaciones de motores, embarcaciones y otras necesidades; financiación complementaria para mejoras de infraestructura; y costos administrativos. No obstante, hasta octubre de 2024, no se habían utilizado, según el análisis de la OIG del Departamento de Comercio.

De acuerdo con la OIG, los factores que han contribuido al lento desembolso de fondos incluyen que “Puerto Rico ha enfrentado desafíos con el COVID-19, las tormentas continuas que afectan a la isla, los cambios en los funcionarios gubernamentales y el trabajo con otras agencias gubernamentales para cumplir con las tareas”.

Por ejemplo, indicó que “el DRNA debía adjudicar contratos a través de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, pero no cumplió con las políticas de solicitud de adquisiciones”, lo que provocó se le rechazaran solicitudes.

El análisis señaló que el DRNA y la Administración de Servicios Generales encontraron “poco interés de los contratistas debido a problemas en la cadena de suministros, ofertas y/o cotizaciones que superaban los montos presupuestados y los licitadores y/o proveedores no presentaban ofertas de manera oportuna”.

Además, algunos fondos de los proyectos no se pudieron gastar debido a que ya habían sido financiados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El DRNA, subrayó el informe, “también identificó demoras en los proyectos debido a la escasez de personal como resultado de la alta rotación de personal y el COVID-19″.

Para la OIG del Departamento de Comercio federal, la NOAA no está exenta de responsabilidad.

“Si bien los factores analizados anteriormente contribuyeron al lento gasto de los fondos, la NOAA también perdió oportunidades de proporcionar supervisión durante todo el período de ejecución de la adjudicación al no brindar orientación al DRNA sobre cómo remediar y mitigar los problemas de gasto relacionados con la incapacidad del DRNA de distribuir los fondos rápidamente”, acentuó la OIG, al recomendar documentar “todas las actividades de monitoreo del proyecto en los archivos oficiales de subvenciones, de acuerdo con el Manual de Subvenciones y Acuerdos de Cooperación del Departamento de Comercio”.